Salvatore Mancuso habló de implicaciones del gobierno de Uribe en asesinato de Vicente Castaño y en la Masacre de El Aro

Salvatore Mancuso acusó al gobierno de Uribe de conspirar en el asesinato de Vicente Castaño y la masacre de El Aro.

El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, ha lanzado serias acusaciones contra figuras de alto perfil del gobierno colombiano durante una reciente entrevista con W Radio.

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Mancuso señaló directamente al excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, y al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en relación con la organización del asesinato del exjefe paramilitar Vicente Castaño y otros crímenes de lesa humanidad.

Mancuso afirmó que Luis Carlos Restrepo, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, junto con el Gobierno de Uribe, organizaron la muerte de Vicente Castaño, desaparecido en 2007. Según Mancuso, Castaño fue localizado en una finca cerca de la ciénaga de Ayapel, en Córdoba, por miembros de la Policía y desmovilizados de las AUC actuando bajo órdenes gubernamentales. «Ahí es cuando Vicente muere. Dicen que él mismo se pegó un tiro en la cabeza, en un baño, cuando ya no tenía escapatoria», detalló Mancuso.

Vicente Castaño, alias «El Profe», había liderado la consolidación de los paramilitares junto a sus hermanos Carlos y Fidel Castaño, y aunque se desmovilizó, volvió a la clandestinidad, donde continuó controlando rutas del narcotráfico hasta su presunta muerte.

Además de las acusaciones sobre Castaño, Mancuso también implicó a Álvaro Uribe Vélez en la masacre de El Aro, que ocurrió el 22 de octubre de 1997. En ese entonces, Uribe era gobernador de Antioquia. Mancuso reveló que el operativo, en el cual murieron más de 17 personas, fue realizado a petición del secretario de Gobierno de Antioquia y con listas proporcionadas por el Ejército Nacional que identificaban a supuestos guerrilleros y colaboradores.

“Fuimos con una lista que nos entregó el Ejército Nacional en la que se señalaban supuestos guerrilleros, milicianos, colaboradores y financieros de la guerrilla. Con esa lista en mano, asesinamos a esas personas en esa región”, confesó Mancuso. Además, agregó que helicópteros de la Gobernación de Antioquia, en ocasiones, fueron utilizados para transporte y apoyo logístico en estos operativos, incluyendo la masacre de El Aro.

A pesar de que Uribe ha negado repetidamente estas acusaciones, Mancuso sostiene que su colaboración con las AUC estaba bien documentada. «Él puede decir lo que estime conveniente para su defensa. Estos temas no deben politizarse porque influencian la toma de decisiones en la justicia. Aquí la idea no es poner preso al presidente Uribe, él fue socio nuestro en la guerra y hoy yo lo invito a que sea socio en la paz», puntualizó Mancuso.

Estas denuncias subrayan la complejidad y la profundidad de la implicación gubernamental en las actividades paramilitares durante el mandato de Uribe, y plantean serias preguntas sobre la relación entre el Estado y los grupos armados ilegales en Colombia. Las revelaciones de Mancuso, aunque no nuevas, reviven un capítulo oscuro del conflicto armado colombiano y ponen en la mira la responsabilidad del gobierno de Uribe en estos crímenes.

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