La tormenta judicial que rodea al expresidente Álvaro Uribe Vélez suma un nuevo capítulo que sacude los cimientos del poder. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación formal contra los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que lo absolvieron y dejaron sin efecto la condena de 12 años de prisión por soborno y fraude procesal. La decisión, lejos de cerrar el caso, lo vuelve a poner en el ojo del huracán.
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Los togados señalados son Manuel Antonio Merchán Gutiérrez y Alexandra Ossa Sánchez, quienes votaron por la absolución, y María Leonor Oviedo Pinto, quien salvó su voto en una decisión dividida 2-1 que ya desde entonces levantaba sospechas. Ahora, la lupa disciplinaria busca establecer si en esa votación se ignoró un posible impedimento que debió ser declarado antes de emitir el fallo. La queja apunta a una eventual vulneración al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, un asunto que, de comprobarse, podría tener consecuencias explosivas.
#Judicial l Luego de conocer la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de abrir investigación a los magistrados del Tribunal que absolvieron al expresidente Álvaro Uribe Vélez, representantes de las víctimas esperan que se adelante una investigación profunda,… pic.twitter.com/tyQbNBM42j
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) February 18, 2026
La controversia no nació en silencio. Tras la absolución, múltiples reclamos y recursos comenzaron a circular. Uno de ellos terminó convertido en expediente formal el 17 de febrero de 2026. Aunque inicialmente una acción de tutela fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia al considerar que el denunciante no tenía legitimación para interponerla, el alto tribunal dejó claro que el camino disciplinario seguía abierto. Y ese camino es el que ahora pone contra las cuerdas a quienes firmaron la absolución.
Mientras tanto, el proceso penal no está muerto. La defensa de las víctimas anunció que acudirá ante la Corte Suprema para buscar una revisión integral del fallo. Argumentan que el Tribunal no valoró de manera adecuada testimonios de exparamilitares y exfuncionarios penitenciarios que hablaron de presiones y ofrecimientos a testigos. Sostienen que la absolución produjo un “agravio concreto y verificable” en sus derechos a la verdad y la justicia.
Importante hacer la siguiente claridad: La magistrada María Leonor Oviedo “salvó voto” y se apartó completamente de sus colegas magistrados que absolvieron a Álvaro Uribe. La magistrada María Leonor Oviedo en un extenso, juicioso, acertado y riguroso estudio del caso, salvó su… https://t.co/q8IJwNqWw5
— Reinaldo Villalba V. (@ReynaldVillalba) February 18, 2026
En medio de este nuevo remezón, el abogado de las víctimas, Reinaldo Villalba, advirtió en Señal Colombia que si se llega a demostrar una violación al régimen de inhabilidades, el escenario podría cambiar radicalmente. “Tendríamos que entrar a estudiar las consecuencias de una decisión de esa naturaleza para identificar cuáles serían los pasos a seguir”, afirmó. Y fue más allá al explicar: “En el caso para que se regrese a la decisión de primera instancia es en caso de que la casación no se case la sentencia, es decir que se haga caso omiso a las peticiones de la defensa y en ese caso entraría a quedar la sentencia condenatoria en los mismo términos que falló la jueza Sandra Heredia”.
Por ahora, la Comisión insiste en que se trata de una etapa inicial para verificar si existe mérito en la queja o si, por el contrario, es infundada. Pero el mensaje político y judicial es contundente: la absolución que benefició a Uribe no está blindada y los magistrados que la firmaron deberán responder disciplinariamente por su actuación.
Lo que parecía un punto final podría convertirse en un giro inesperado. Y mientras la investigación avanza, vuelve la pregunta que muchos creían superada: ¿fue realmente justicia o se trató de una decisión bajo sombras que ahora empiezan a despejarse?
