Un juez tuvo que intervenir para que la fundación de la primera dama, Ana Lucía Pineda, entregara información completa sobre más de 54.589 millones de pesos en donaciones para los damnificados del terremoto del 10 de agosto. La orden llega cuando miles de familias siguen esperando soluciones. El Juzgado 126 Penal Municipal de Bogotá fijó un plazo de 48 horas.
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La decisión judicial cuestiona la resistencia de la fundación a entregar información detallada sobre los recursos recaudados. La esposa de Abelardo de la Espriella defendió el carácter privado de la entidad, pero el juez determinó que debía rendir cuentas por su participación en una campaña promovida desde el Gobierno. ¿Por qué fue necesaria una tutela para obligar a la primera dama a dar respuestas completas?
Más de 54.589 millones de pesos en donaciones, veinte preguntas de un congresista y una orden judicial para completar las respuestas. La fundación de la primera dama, Ana Lucía Pineda, deberá explicar con documentos cómo ha administrado los aportes destinados a los damnificados del terremoto del 10 de agosto.
¡Le ganamos una tutela a la fundación de la primera dama Ana Lucía Pineda! La justicia nos dio la razón y ordenó que respondan de fondo por las donaciones del terremoto. La propia fundación reportó $54.589 millones. ¿Cómo se manejó esa plata? ¿A quiénes llegaron las ayudas? ¿Dónde están los soportes? Tienen 48 horas desde la notificación para completar la respuesta. ¡La solidaridad de los colombianos no es un cheque en blanco! Que rindan cuentas.
— Alejandro Ocampo (@alejoocampog) November 5, 2026
La controversia alcanzó a la esposa de Abelardo de la Espriella después de que su fundación defendiera el carácter privado de los recursos. El juez consideró que esa condición no bastaba para excluir el escrutinio sobre las donaciones vinculadas a una campaña promovida desde el Gobierno. La decisión exige información verificable sobre la destinación del dinero y sus beneficiarios.
El fallo respondió a una tutela del senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico y segundo vicepresidente del Senado. El congresista había enviado el primero de octubre veinte preguntas a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas. Solicitó información sobre aportes recibidos, gastos administrativos, donantes, beneficiarios y mecanismos de seguimiento. Ante la falta de una respuesta oportuna, acudió a la justicia.
La fundación respondió el 20 de octubre, pero sostuvo que algunas solicitudes eran improcedentes. Su apoderado, Luis Rafael Cotes Daes, argumentó que la organización no administra recursos públicos y que la primera dama no tiene la condición de servidora pública. El juzgado examinó esos argumentos y concluyó que varias respuestas debían complementarse con información suficiente y debidamente sustentada.
#NoticiasUNO | Han pasado 86 días desde el terremoto y las familias de los proyectos que visitó la primera dama en Dosquebradas todavía esperan sus viviendas. El sábado hubo inauguración de vallas y una promesa de entrega para antes de terminar el año https://t.co/qYfjV2Hkxi
— Noticias Uno (@NoticiasUno) November 4, 2026
La decisión judicial tuvo en cuenta que el propio presidente vinculó públicamente a su esposa con la atención de la emergencia. El 12 de agosto, Abelardo de la Espriella pidió a Pineda informar sobre las ayudas gestionadas. Además, entidades estatales difundieron la campaña Colombia, un solo corazón, y presentaron a la fundación como uno de los canales de recaudo.
Ese vínculo institucional resultó determinante. El juzgado estableció que la participación de una entidad privada en una campaña promovida oficialmente puede justificar mayores exigencias de información. Por ello, ordenó responder sobre las donaciones recibidas, administradas o distribuidas en esa iniciativa.
Según el Informe de Gestión 2026, la fundación recibió, administró y canalizó exactamente 54.589.523.791 pesos. También reportó gastos administrativos por 11.916.639 pesos, la movilización de 5.652,2 toneladas de ayuda humanitaria y atención a más de 48.000 personas en 80 municipios. Estas cifras forman parte del balance presentado por la organización y deberán estar respaldadas por la documentación correspondiente.
A mí como congresista no me vienen a cañar con que la fundación de la primera dama no rinde cuentas porque “no es un ministerio”. Ese cuento, a los ingenuos. Cuando el Gobierno usa sus canales oficiales para pedir plata para un privado, ese privado responde. Y la ley es clara: está en el Régimen Tributario Especial y tiene que responder derechos de petición. Es la plata de los colombianos. Queremos transparencia.
— Alejandro Ocampo (@alejoocampog) October 19, 2026
Otro dato relevante es que aproximadamente el 81 % de los recursos reportados procede de aportes de la familia Gilinski, equivalentes a cerca de 44.200 millones de pesos. Pineda ha explicado que esos fondos se reservaron para proyectos de reconstrucción. La magnitud del aporte hace especialmente importante conocer los cronogramas, las obras previstas y los mecanismos de supervisión.
La primera dama aseguró anteriormente que los recursos destinados a reconstrucción permanecían reservados porque las ayudas humanitarias iniciales habían resultado suficientes. También mencionó proyectos para instituciones educativas y centros de salud en Cali. Entre las instalaciones señaladas figuran la IPS Meléndez, el Hospital Carlos Holmes Trujillo y varios establecimientos educativos. El cumplimiento de esos compromisos requiere seguimiento documentado.
El juez también ordenó aclarar si la fundación conoce aportes de contratistas estatales y cómo controla las donaciones en especie. Deberá informar sobre inventarios, posibles pérdidas, deterioros y devoluciones, además de suministrar información agregada sobre los beneficiarios. La orden no exige revelar indiscriminadamente datos personales ni elaborar documentos inexistentes, límites expresamente reconocidos en la decisión judicial.
La primera dama es una descarada e indolente. La gente sigue durmiendo en carpas, está desahuciada y vive sin esperanza después de haberlo perdido todo. Y ella llega a INAUGURAR unas vallas. ¡Qué descaro! Que nos explique cuánta plata de las donaciones (que no es plata que haya puesto ella) se gastaron en esas vallas. ¡Respeten el dolor de la gente! ¡Tengan un poco de consideración y sensibilidad ante el sufrimiento de quienes lo han perdido todo!
— Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) November 2, 2026
Ocampo celebró el resultado y defendió el derecho ciudadano a conocer el manejo de las contribuciones. «Ahora vamos a saber dónde está la plata», afirmó en un video difundido en redes sociales. El senador también cuestionó que hubiera tenido que acudir repetidamente a mecanismos judiciales para obtener información. Anunció que vigilará el cumplimiento de la orden dentro del plazo establecido.
La orden judicial abre una etapa de verificación sobre una campaña que movilizó aportes millonarios después de una tragedia nacional. El plazo de 48 horas comienza con la notificación del fallo y obliga a la fundación a complementar su respuesta. La atención se concentra ahora en los soportes financieros, los proyectos comprometidos y la trazabilidad de las ayudas destinadas a los damnificados.
