¡Senador Wally denuncia entrenamientos de la fuerza pública en plena Casa de Nariño horas antes de las marchas contra Abelardo! Crecen temores sobre intimidación a los manifestantes

Las marchas contra Abelardo de la Espriella desafían el ambiente de tensión provocado por su decreto sobre protesta social. El expresidente Gustavo Petro respalda las movilizaciones y Fecode denuncia posibles presiones contra los docentes. Entretanto, el senador Wally cuestiona entrenamientos policiales en inmediaciones de la Presidencia, horas antes de las concentraciones nacionales.

Colombia vive este miércoles 14 de octubre una jornada de movilización convocada por sindicatos, maestros, estudiantes, organizaciones indígenas y sectores sociales. La protesta pone a prueba las garantías democráticas apenas dos meses después de la llegada de Abelardo de la Espriella. Luego de los escándalos y denuncias contra la nueva administración, la protesta evidencia la crisis a la que ha llevado De la Espriella al país en este corto periodo. 

A pocas horas de las concentraciones, el senador Walter Rodríguez, conocido como Wally, denunció que la Fuerza Pública estaba realizando entrenamientos en un espacio de la Presidencia. El congresista cuestionó que esas actividades coincidieran con las marchas y presentó la situación como una señal intimidatoria. Su denuncia circuló en redes sociales y avivó las críticas al Gobierno.

En una publicación de X, Wally acusó al presidente de permitir que la Fuerza Pública utilizara la plaza de Presidencia para entrenamientos y acciones que, según su interpretación, estarían dirigidas contra los manifestantes. El senador acompañó su mensaje con una declaración de respaldo a las movilizaciones.

«¡Sin miedo, estaremos en las calles!», escribió Wally. El congresista también contrastó las imágenes denunciadas con el uso que, durante el gobierno de Gustavo Petro, se daba a espacios presidenciales para encuentros ciudadanos y actividades relacionadas con la paz. La publicación no demuestra por sí sola que existiera una orden de atacar manifestantes, pero plantea interrogantes sobre el propósito y el momento del despliegue.

El ambiente de tensión aumentó con la firma del Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, mediante el cual Abelardo de la Espriella modificó el Decreto 003 de 2021, que regula la actuación de las autoridades durante las manifestaciones. La decisión llegó en vísperas de una protesta nacional contra su administración y despertó cuestionamientos sobre las facultades de intervención policial.

El documento, compuesto por 25 páginas, establece que las autoridades pueden intervenir de manera individual contra quienes ejecuten determinados actos de violencia sin agotar previamente todas las fases de diálogo y mediación. Entre las conductas contempladas figuran el uso de armas, artefactos incendiarios, retenciones de personas, agresiones contra terceros y destrucción de infraestructura pública o privada.

La disposición también exige que las decisiones excepcionales queden documentadas y que las intervenciones sean focalizadas. Sin embargo, la posibilidad de actuar sin completar las etapas habituales de mediación concentra buena parte de la controversia. Para los sectores críticos, la aplicación concreta del decreto será decisiva para determinar si protege a los ciudadanos o facilita respuestas desproporcionadas frente a la inconformidad social.

El texto firmado por el Gobierno contiene, no obstante, una precisión fundamental. La obstrucción de una vía no convierte automáticamente una manifestación en violenta. Su disolución solo se contempla bajo condiciones excepcionales de perturbación grave y sostenida, cuando no exista una alternativa menos lesiva. Esta garantía será especialmente relevante ante los eventuales cierres de calles durante las movilizaciones.

Gustavo Petro se convirtió en una de las principales figuras de respaldo a la jornada. El expresidente anunció su participación en Bogotá e invitó a los trabajadores a movilizarse. También insistió en el carácter pacífico de las manifestaciones. «La marcha debe ser multitudinaria y completamente pacífica. La dignidad es tranquila y contundente», escribió.

El llamado de Petro coincide con una agenda de reivindicaciones que supera la confrontación partidista. Los organizadores reclaman mejores condiciones laborales, financiación de la educación pública, atención médica para los docentes, respeto por los territorios indígenas y garantías para la oposición. También cuestionan las iniciativas gubernamentales que consideran contrarias a derechos sociales conquistados durante administraciones anteriores.

En Bogotá, la Secretaría Distrital de Gobierno identificó 15 convocatorias para este miércoles. Una de las principales concentraciones fue programada en el Parque Nacional, desde donde sindicatos y docentes prevén desplazarse hacia la Plaza de Bolívar. Las actividades incluyen movilizaciones universitarias, ambientales, culturales y de trabajadores de entidades públicas, con distintos horarios y puntos de encuentro.

La Asociación Distrital de Educadores convocó al magisterio a reunirse a las 10 de la mañana en el Parque Nacional. Las centrales sindicales y otras organizaciones anunciaron una concentración desde las 9.30. La carrera Séptima, la carrera Décima y la calle 26 figuran entre los corredores que podrían presentar afectaciones durante el desplazamiento hacia el centro de Bogotá.

La programación distrital también contempla movilizaciones desde la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, la sede ASAB de la Universidad Distrital y el Colegio Mayor de Cundinamarca. Colectivos ambientalistas convocaron actividades desde el Parque Simón Bolívar y el Parque de los Periodistas. La diversidad de puntos de partida refleja una jornada organizada por sectores con demandas diferentes, pero coincidentes en su inconformidad.

Las primeras horas de la mañana no permiten establecer todavía el número definitivo de participantes ni el alcance de las movilizaciones. El reporte oficial de movilidad de Bogotá registraba normalidad a las 7.10 de la mañana, antes del comienzo de varias concentraciones centrales. Las cifras de asistencia y los posibles incidentes deberán verificarse durante el desarrollo de la jornada.

En Ibagué, los trabajadores también llevaron sus reclamaciones a la convocatoria nacional. Organizaciones sindicales y docentes programaron una concentración a las 9 de la mañana en la Casa del Maestro. El recorrido anunciado seguirá por la carrera Quinta hasta la calle 18 y terminará en el parque Murillo Toro, uno de los principales espacios públicos de la capital tolimense.

Ricardo Gutiérrez, directivo de la CUT en el Tolima, denunció que los recortes presupuestales del Gobierno podrían afectar la inversión social. Según declaraciones recogidas las organizaciones cuestionan una reducción del 40 % y advierten que el departamento podría perder más de 300.000 millones de pesos destinados a inversión. Son cifras denunciadas por el dirigente sindical, no verificadas independientemente.

Las movilizaciones también fueron convocadas en Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y otras capitales. En Bucaramanga se anunciaron dos puntos de encuentro, uno en la carrera 27 con calle 56 y otro en la Universidad Industrial de Santander. En Cartagena, la CUT de Bolívar programó una marcha desde el Coliseo de Combate durante la tarde.

La jornada coincide con otra controversia que afecta directamente al magisterio. Fecode cuestionó la Circular 051 del 9 de octubre, expedida por el Ministerio de Educación, al considerar que podría interpretarse como una advertencia de consecuencias administrativas o laborales contra docentes participantes en actividades sindicales. La organización pidió explicaciones a la cartera dirigida por Ilva Myriam Hoyos.

En su Circular 64 del 13 de octubre, Fecode advirtió que las orientaciones administrativas no deben convertirse en mecanismos de intimidación. «El diálogo social no puede reducirse a una declaración institucional mientras las actuaciones administrativas generan incertidumbre y temor entre los trabajadores», señaló la federación, según informó Infobae. El gremio solicitó garantías para ejercer los derechos de asociación, reunión y protesta.

La organización también invocó los artículos 37, 38 y 39 de la Constitución y los convenios 87, 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo. Fecode aseguró que la participación en movilizaciones sindicales no implica abandonar sus compromisos pedagógicos y pidió concertar medidas que protejan simultáneamente la educación de los estudiantes y los derechos colectivos del profesorado.

El Decreto 1525 introduce además nuevas reglas para los Puestos de Mando Unificados, responsables de coordinar la respuesta institucional durante las manifestaciones. Sus decisiones deberán quedar registradas en actas y bitácoras. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo tendrán acceso a esa documentación, una garantía especialmente importante si durante la jornada se presentan denuncias de intervenciones arbitrarias.

El decreto mantiene expresamente la presunción de que las manifestaciones son pacíficas, la prohibición de utilizar armas de fuego por parte del personal uniformado que interviene y la regla de no participación de las Fuerzas Militares. También impide justificar intervenciones únicamente por el contenido de una convocatoria, los discursos de sus organizadores o la presencia de personas con el rostro cubierto.

Esas garantías escritas contrastan con el tono de confrontación que ha rodeado la convocatoria. En medios internacionales se ha descrito la jornada como una primera medición de fuerzas entre la izquierda y el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Las críticas al decreto, las reclamaciones sindicales y la denuncia de Wally convierten el comportamiento de las autoridades en uno de los principales asuntos bajo observación.

Las organizaciones que promueven la protesta también preparan nuevas acciones para noviembre. Un encuentro realizado en Bogotá los días 11 y 12 de septiembre reunió, según Infobae, a más de 1.500 delegados de movimientos sindicales, campesinos, étnicos y políticos. Allí se discutió la posibilidad de convocar un paro nacional, con fechas inicialmente propuestas para el 11 o el 20 de noviembre.

La protesta del 14 de octubre expresa así una disputa que va más allá de una sola jornada. Para los convocantes, está en juego la defensa de derechos laborales y sociales, además de la posibilidad de ejercer oposición sin intimidaciones. Para el Gobierno, el desafío será demostrar que sus nuevas reglas de intervención no se convierten en restricciones injustificadas.

Las marchas avanzan bajo una exigencia que comparten organizaciones sindicales, estudiantes y defensores de derechos humanos. La inconformidad ciudadana debe poder expresarse pacíficamente sin temor a represalias. La actuación de la Policía, la respuesta del Gobierno y las denuncias que puedan surgir durante el día permitirán evaluar si las garantías constitucionales prevalecen sobre la confrontación política.

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