Las acusaciones difundidas por Semana pueden terminar en los tribunales. El expresidente Gustavo Petro anunció acciones judiciales contra Eva Ferrer y Angie Rodríguez, dos antiguas colaboradoras de su Gobierno que formularon graves señalamientos sobre Verónica Alcocer. Su abogado, Alejandro Carranza, también puso bajo cuestionamiento la responsabilidad de la revista, de Vicky Dávila y de sus directivos por la difusión de esas declaraciones.
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La pelea ya no se limita a las entrevistas y las redes sociales. Carranza anunció que estudia denuncias penales contra las exfuncionarias y acciones civiles contra Semana, en una controversia que involucra acusaciones de narcotráfico, tráfico de armas, corrupción y supuestas irregularidades dentro de la Presidencia. Ninguno de esos señalamientos ha sido demostrado o presentado con pruebas.
Alejandro Carranza recibió instrucciones del expresidente Petro para preparar las acciones judiciales. El abogado fue categórico al referirse a la exconsejera presidencial Eva Ferrer. «Sí, se van a iniciar todas las acciones penales contra la señora Ferrer», afirmó, aunque aclaró que todavía se está preparando el proceso y se están definiendo los posibles delitos.
#ATENCIÓN | El expresidente Gustavo Petro (@petrogustavo), a través de su abogado defensor, Alejandro Carranza (@HombreJurista), denunciará a Eva Ferrer y a Angie Rodríguez por sus declaraciones de las últimas horas. Advirtió que, en el caso de Rodríguez, podría haber enriquecimiento ilícito y peculado por apropiación, relacionados con dineros del Dapre. @JennyAngaritaG https://t.co/woHMRjVE2M
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 13, 2026
La ofensiva jurídica también alcanza a la revista Semana. Según las declaraciones recogidas, Carranza anunció acciones de carácter civil contra el medio y cuestionó la manera en que se difundieron las acusaciones. El abogado sostiene que la publicación contribuyó a una campaña de desprestigio contra el expresidente y su entorno político.
El propio Petro dirigió sus cuestionamientos a Vicky Dávila, presidenta de la junta directiva de Semana, y a Gabriel Gilinski, propietario de la revista. El exmandatario anunció que su familia promovería acciones contra ambos por la divulgación de señalamientos que considera infundados. La controversia enfrenta el derecho al buen nombre con la libertad de prensa y la obligación de investigar denuncias de interés público.
En su cuenta de X, Petro cuestionó especialmente la procedencia de las afirmaciones de Ferrer. Según el expresidente, la exconsejera atribuyó parte de sus acusaciones a información recibida de terceros sin identificar públicamente a quienes se la suministraron. Esa circunstancia alimenta la estrategia de su defensa, que busca determinar si las declaraciones podrían constituir injuria indirecta u otras conductas.
La entrevista que desencadenó la controversia fue concedida por Eva Ferrer a Vicky Dávila para Semana. La exconsejera señaló a Verónica Alcocer como presunta responsable de una red de influencias y corrupción. También formuló acusaciones relacionadas con supuestos movimientos de dinero, tráfico de armas y drogas, y desplazamientos hacia Venezuela. Son afirmaciones cuya veracidad permanece sometida a comprobación.
La prueba de Eva Ferrer es que alguien le dijo que… pues es hora que le diga a la justicia de Colombia quien dijo y que se pruebe. Dijo Angie y la prensa de los ricos que una mamá de una ministra es proxeneta, pues veamos quién es, que diga el nombre, porque una proxeneta es una delincuente porque vuelve mujeres prostitutas. Y si una funcionaría pública detectó eso debió denunciar desde el mismo instante que lo comprobó o sino es cómplice y delincuente también
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 14, 2026
Entre los señalamientos más delicados figura el supuesto transporte de 2,5 millones de dólares en un avión oficial, una cifra divulgada por Semana a partir del relato de Ferrer. La publicación también abordó presuntos cobros de comisiones para facilitar reuniones y supuestas influencias en nombramientos de entidades estatales. La existencia de esas operaciones no está judicialmente establecida ni se han presentado pruebas al respecto.
La defensa de Petro cuestiona precisamente la distancia entre la gravedad de las acusaciones y las pruebas conocidas públicamente. Carranza sostuvo que Ferrer habría utilizado expresiones de duda o referencias a información escuchada de otras personas. Por eso anunció que estudiará la posible configuración de injuria indirecta, sin descartar otras hipótesis que todavía no constituyen imputaciones formuladas por la Fiscalía.
El abogado también vinculó sus sospechas con las reclamaciones económicas que Ferrer ha mencionado públicamente. Carranza planteó examinar si las circunstancias podrían tener alguna relación con una eventual extorsión. Se trata únicamente de una hipótesis anunciada por la defensa. No existe en la información consultada una decisión judicial que atribuya ese delito a la exconsejera.
La controversia tiene otro frente en Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia y exgerente del Fondo Adaptación. Rodríguez respaldó públicamente varios señalamientos de Ferrer y habló en Semana de un supuesto pacto criminal entre Petro y Alcocer. También formuló acusaciones contra Laura Sarabia y describió presuntas irregularidades que, según su versión, conoció durante su paso por el Gobierno.
Carranza respondió con cuestionamientos sobre la conducta de la antigua funcionaria. El abogado preguntó por qué Rodríguez habría permanecido vinculada al Gobierno si, como asegura ahora, conocía irregularidades graves. También señaló que su equipo examina un posible incremento patrimonial de la exdirectora del DAPRE.
Interesante. Mi denuncia contra ella contará cómo es que ella como ordenadora del gasto peculó. Pero bueno, ella dice que no podía “auditar”
— 𝕬𝖑𝖊𝖏𝖆𝖓𝖉𝖗𝖔 𝕮𝖆𝖗𝖗𝖆𝖓𝖟𝖆 (@HombreJurista) October 13, 2026
La defensa anunció que estudia posibles denuncias contra Rodríguez por enriquecimiento ilícito y peculado por apropiación. El señalamiento reviste especial gravedad porque apunta a delitos relacionados con el patrimonio y los recursos públicos. Sin embargo, hasta el momento se trata de una iniciativa del abogado de Petro, está en proceso de revisión si se adelantan esas denuncias.
La Fiscalía también interviene en una controversia que ya involucra a varias instituciones. La Dirección Especializada contra la Corrupción citó a Eva Ferrer para este miércoles 14 de octubre, después de que dos convocatorias anteriores no se concretaran. Las diligencias estaban previstas para el 27 de agosto y el 29 de septiembre.
La nueva citación es la tercera realizada a Ferrer en el marco de indagaciones sobre posibles hechos de corrupción en entidades nacionales. La Fiscalía también examina sus declaraciones públicas recientes. Su comparecencia permitirá a los investigadores solicitar explicaciones y contrastar la información que ha difundido.
En cuanto a Angie Rodríguez, la Fiscalía informó que ya la escuchó en dos oportunidades. El organismo adelanta verificaciones para determinar si los hechos relatados pueden constituir conductas delictivas y si existen responsables identificables. La diferencia entre una entrevista periodística y una declaración ante investigadores será fundamental para establecer qué afirmaciones pueden corroborarse mediante documentos, testimonios y otros elementos probatorios.
La Procuraduría General de la Nación también abrió un frente de verificación. En su boletín 971 del 13 de octubre, anunció que llamó a declarar bajo juramento a seis personas relacionadas con los señalamientos publicados por Semana. La decisión incluye la recolección de pruebas por parte de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales del organismo de control.
Continúa la campaña de señalamientos de Eva Ferrer en mi contra. Me atribuye delitos gravísimos sin presentar públicamente pruebas que los sustenten y pretende involucrarme en sus conflictos y venganzas personales. La justicia tendrá la última palabra: la demanda civil y la denuncia penal por injuria y calumnia en su contra están en curso. A @RevistaSemana y @VickyDavilaH les solicito mi derecho a réplica en condiciones de igualdad y en el mismo espacio que le dieron a Eva Ferrer para lanzar estas acusaciones. Mi buen nombre no puede quedar a merced de señalamientos sin contraste. A los colombianos les digo, de frente: soy un hombre honrado, que ha construido su vida con trabajo, esfuerzo y sacrificio. Niego categóricamente cualquier vínculo con narcotraficantes o traficantes de armas. Jamás le he robado un peso a nadie. No tengo nada que ocultar ni de qué esconderme. Daré la cara y ejerceré mi defensa ante la justicia, donde corresponde esclarecer estos hechos y establecer responsabilidades. Mi nombre no se defiende con insultos, sino con la verdad y ante los jueces. Y allí estaré.
— AGMETH ESCAF (@agmethescaf) October 10, 2026
Además de Eva Ferrer y Angie Rodríguez, fueron citados Carmen Caballero, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas. La Procuraduría busca esclarecer posibles actos de corrupción atribuidos a servidores públicos durante el anterior Gobierno. La citación de estas personas no implica que todas sean investigadas por delitos ni constituye una declaración anticipada sobre la veracidad de las acusaciones.
El caso también abrió un debate sobre las responsabilidades de los medios al publicar testimonios de alto impacto. Petro sostiene que las entrevistas de Semana difundieron acusaciones graves sin respaldo suficiente y cuestiona las oportunidades de contradicción ofrecidas a los afectados. El medio, por su parte, ha continuado informando sobre los testimonios y las actuaciones de las autoridades sin presentar evidencias o pruebas.
Las acusaciones sobre Verónica Alcocer también tienen consecuencias para su entorno familiar. Petro afirmó que las publicaciones afectaron a la madre de sus hijas y anunció acciones en defensa de sus derechos. La magnitud de los señalamientos obliga a distinguir entre una denuncia periodística, un testimonio sometido a verificación y un hecho demostrado ante la justicia.
El escenario judicial presenta, por tanto, dos caminos diferentes. Por un lado, las autoridades deben investigar si las supuestas irregularidades denunciadas por Ferrer y Rodríguez ocurrieron realmente. Por otro, las acciones anunciadas por Carranza buscarán establecer si algunas declaraciones o publicaciones vulneraron derechos o constituyeron delitos. La controversia queda ahora en manos de la Fiscalía, la Procuraduría y, eventualmente, los jueces que conozcan las acciones anunciadas. Eva Ferrer, Angie Rodríguez y revista Semana tendrán que sustentar sus acusaciones.
