¡Victoria para la paz! Gobierno y Frente Comuneros del Sur firman histórica tregua y entregaran sus armas para destrucción

El Gobierno y el Frente Comuneros del Sur sellaron un acuerdo de cese al fuego y dejación de armas, marcando un paso histórico hacia la paz en Nariño.

Con la firma de un acuerdo de cese al fuego bilateral y el compromiso de destrucción del material de guerra, las delegaciones del Gobierno y del Frente Comuneros del Sur (grupo armado que rompió con el ELN en mayo pasado) cerraron con éxito la quinta sesión de la mesa de paz territorial. Este acuerdo representa un avance significativo en la construcción de una paz duradera y en la transición de los actores armados hacia la vida civil.

La tregua tendrá una vigencia inicial de 180 días y comenzará paralelamente con la concentración de los integrantes de Comuneros del Sur en zonas de ubicación temporal en la región de los Abades, que incluye municipios como Samaniego, Ricaurte y Santa Cruz de Guachavés. Estas zonas serán el escenario del tránsito de los guerrilleros hacia la ciudadanía plena y la conformación de un movimiento político.

El proceso estará respaldado por un mecanismo de monitoreo y verificación que involucrará a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) y abarcará varios municipios donde el grupo tiene presencia. Aunque los protocolos exactos no fueron revelados, se aseguró que están diseñados para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Otro de los acuerdos trascendentales es la destrucción progresiva del armamento en poder de los Comuneros del Sur. Este procedimiento, que contará con la supervisión de la MAPP-OEA, se desarrollará bajo estrictos protocolos establecidos por el Gobierno. Se espera que en abril de 2025 inicie este proceso, marcando un precedente dentro de la política de paz total impulsada por la administración actual.

El impacto de este acuerdo también busca transformar la economía de la región. La minería informal, fuente de ingresos ilícitos para grupos armados, podría convertirse en un distrito minero formal y legal que beneficie directamente a las comunidades locales. Esta estrategia pretende garantizar que la explotación de recursos sea transparente, sostenible y vinculada al desarrollo económico regional.

El acuerdo no solo avanza en la reincorporación de los integrantes de Comuneros del Sur a la vida civil, sino que también pone sobre la mesa asuntos sensibles como las denuncias de alianzas entre este grupo y las Autodefensas Unidas del Pacífico. Aunque el tema sigue en discusión, este paso refuerza la confianza en el proceso de paz.

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