Gobierno le quita al primo de Paloma Valencia, Nicolás Laserna, 6.000 hectáreas de tierras baldías en Vichada que le pertenecían a los campesinos

La Agencia Nacional de Tierras ordenó el desalojo de la finca Buenavista en Vichada, tras descubrir irregularidades en los documentos que la vinculaban a Nicolás Laserna y Gustavo Londoño. El terreno será entregado a campesinos como parte de la reforma agraria.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha emitido una resolución que ordena el desalojo de la finca Buenavista, ubicada en el departamento del Vichada, tras determinar que se trata de un terreno baldío de la Nación que fue ilegalmente adjudicado a Nicolás Laserna Valencia, primo de la senadora Paloma Valencia, y al congresista del Centro Democrático, Gustavo Londoño García. La finca, con una extensión de más de 6.000 hectáreas, será recuperada para ser entregada a campesinos de la región.​

La ANT identificó inconsistencias en los documentos legales relacionados con estas tierras, lo que llevó a la calificación del predio como baldío de la Nación. Una investigación conjunta de La Liga contra el Silencio y el diario El Tiempo reveló irregularidades en el registro de estas tierras ante el Estado, incluyendo el pago de impuestos, en un terreno que se asegura alberga 600 cabezas de ganado. La ANT notificó en una resolución que se trata de una tierra baldía y, por lo tanto, ordenó el desalojo de la finca, que es incluso más grande que la Hacienda Nápoles en Antioquia.​

Según la resolución de la ANT, en las próximas semanas se llevará a cabo el desalojo de las personas que actualmente habitan en estas tierras, las cuales pertenecen al Estado y presentan irregularidades en los documentos legales de Nicolás Laserna y Gustavo Londoño. La tierra será entregada a campesinos sujetos de reforma agraria. Cabe destacar que el pasado 3 de agosto de 2023, el Gobierno decidió reactivar el Sistema Nacional de la Reforma Agraria, que incluye la adquisición y adjudicación de tierras, así como la garantía de derechos territoriales para campesinos, pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras.​

Este caso pone en evidencia cómo figuras políticas han utilizado mecanismos legales para apropiarse de tierras que deberían estar destinadas a quienes más lo necesitan. La intervención de la ANT y la resolución de desalojo son pasos importantes para corregir estas irregularidades y garantizar que los recursos del Estado sean utilizados de manera justa y equitativa.

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