Un oscuro entramado criminal acaba de quedar al descubierto dentro de la Policía Nacional: Fabián Andrés Cuestas Beltrán, subintendente de la institución y quien fuera jefe de turno del esquema de seguridad de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, fue capturado por su presunta participación en una red dedicada al tráfico ilegal de armas, municiones y accesorios desde el interior mismo de la fuerza pública.
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Según la Fiscalía General de la Nación, Cuestas no solo hacía parte de la estructura delictiva, sino que aprovechaba su posición privilegiada y el uso de vehículos oficiales asignados a la protección de altos funcionarios para desviar y movilizar el material bélico por diferentes puntos de Bogotá y Cundinamarca. El caso, conocido como ‘Operación Ares’, destapó una red que involucra tanto a uniformados activos como retirados, con posibles vínculos incluso con altos mandos de la Policía.
🚨#Justicia | Cinco capturados, entre ellos un subintendente que integró el esquema de seguridad de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, revelan un entramado criminal dentro de la Policía Nacional.
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) May 27, 2025
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Uno de los momentos clave en la investigación ocurrió en enero de 2025, cuando Cuestas fue detenido en un retén en Guasca (Cundinamarca) con munición cuyo origen no pudo justificar. A partir de ese incidente, las autoridades interceptaron comunicaciones en las que el hoy capturado intentaba contactar a oficiales, incluido un general, para frenar el procedimiento. También se rastrearon entregas de armas en vehículos oficiales y traslados a negocios de la capital.
Durante las capturas, la Fiscalía y la Policía incautaron un arsenal alarmante: 20 revólveres y pistolas, una escopeta, dos mini-Uzi, un fusil, un rifle, municiones de distintos calibres y dinero en efectivo. En total, cinco personas fueron arrestadas, incluyendo al subcomisario retirado Jehicinio Ciro, quien habría sido escolta del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Frente al escándalo, Marta Lucía Ramírez intentó deslindarse del caso, aunque su defensa no ha convencido a todos, especialmente considerando la estrecha relación profesional que mantuvo con Cuestas durante años. En declaraciones a El Tiempo, la exfuncionaria dijo: “Nunca tuve conocimiento de esas actividades, que me parecen absolutamente inaceptables y condenables en caso de que se comprueben. El suboficial fue una persona en quien deposité plenamente mi confianza y seguridad personal”.
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La Fiscalía fue contundente en su exposición ante el juez: “Estas personas se habrían articulado para extraer armas y cartuchos de diferentes calibres de las instalaciones oficiales y comercializarlas; modificar pistolas, revólveres, rifles y accesorios de diferente índole, o alterar los registros del armamento y la munición que les confiaban particulares. Esto lo hacían con el propósito de cambiarle la apariencia al material y venderlo de manera clandestina a ciudadanos, organizaciones y grupos que brindan servicios de protección y seguridad privada que contactaban a la estructura ilegal”.
Por ahora, Cuestas y sus cómplices permanecerán detenidos mientras avanza el proceso por concierto para delinquir, tráfico ilegal de armas y uso indebido de insignias. La pregunta que muchos se hacen es inevitable: ¿cómo es posible que esta red haya operado tanto tiempo sin que sus superiores ni los funcionarios a quienes custodiaban se dieran cuenta?
