ONU y CIDH fueron alertadas por amenazas y presiones tras condena a Álvaro Uribe

Víctimas y abogados del caso Uribe alertaron a la ONU y a la CIDH sobre presiones extranjeras que amenazan la independencia judicial y la vida de la jueza que lo condenó.

Colombia enfrenta una peligrosa escalada de presiones y amenazas que podrían poner en jaque la independencia de su sistema judicial tras la histórica condena del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hallado culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal. Pero más allá del veredicto, lo que hoy preocupa a defensores de derechos humanos y a las víctimas del caso es algo mucho más grave: las presiones, amenazas y posibles injerencias extranjeras que están socavando la independencia judicial en Colombia.

Este jueves, un grupo de víctimas y abogados del proceso, entre ellos el senador Iván Cepeda, el abogado Miguel Ángel del Río, Deyanira Gómez y representantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), alzaron la voz internacionalmente y enviaron una carta urgente a dos de los máximos organismos de defensa de los derechos humanos en el mundo: la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la misiva, dirigida a Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, y a Roberta Clarke, Relatora sobre personas defensoras de la CIDH, los firmantes denunciaron una serie de maniobras que buscan, según ellos, “interferir directamente en la función jurisdiccional” de Colombia. “Esto representa una amenaza directa a la independencia judicial, al debido proceso y al equilibrio institucional del Estado colombiano”, sostienen con contundencia.

El detonante fue la audiencia del pasado 28 de julio, en la que la jueza Sandra Liliana Heredia, a pesar de una intensa presión política y mediática, se atrevió a leer el sentido del fallo que condena al poderoso expresidente Uribe. A partir de ese momento, según los denunciantes, comenzaron los ataques y señalamientos contra la jueza, incluso desde el extranjero.

“Se han registrado expresiones y reacciones por parte de altos funcionarios y legisladores del gobierno de los Estados Unidos que, en el actual contexto, pueden interpretarse como señales de presión sobre la administración de justicia en Colombia”, reza el comunicado.

Uno de los más ruidosos ha sido el senador republicano Marco Rubio, quien desde Washington salió en defensa de Uribe, desatando la indignación del gobierno. Para Iván Cepeda, esta clase de intervenciones vulnera gravemente la soberanía del país: “En un Estado de Derecho, la justicia debe operar con plena independencia, sin injerencias externas y con respeto a las garantías constitucionales”, trinó el congresista.

Pero la situación es aún más delicada: los firmantes advierten que la vida e integridad de la jueza Heredia estarían en riesgo. No se trata solo de una presión institucional: detrás de los discursos y pronunciamientos políticos se asoman sombras más oscuras, capaces de intimidar físicamente a quien se atreva a condenar a Uribe.

El llamado es claro: piden una intervención urgente de los organismos internacionales para proteger la independencia judicial en Colombia y garantizar que el proceso de apelación, que ahora está en manos del Tribunal Superior de Bogotá, y que pueda desarrollarse sin interferencias. La defensa de Uribe ya anunció que apelará, y si no se resuelve antes del 15 de octubre, el caso podría precluir por vencimiento de términos.

Una vez más, la justicia en Colombia camina por la cuerda floja. Pero esta vez, con ojos del mundo puestos sobre el país, el poder judicial tiene una oportunidad histórica: demostrar que ni las amenazas internas ni las presiones extranjeras lograrán silenciar la verdad.

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