El Tolima no solo enfrenta una emergencia por el fuego. La magnitud de la emergencia ambiental que golpea al departamento, con reportes que han llegado a decenas de conflagraciones activas de manera simultánea, obliga a mirar más allá de las altas temperaturas y la temporada seca, y a exigir una investigación seria sobre las denuncias de posibles incendios provocados, ¿quién está quemando la región?, se preguntan en redes sociales.
La situación es crítica. El panorama descrito en los reportes de los últimos días muestra una emergencia que ha crecido con rapidez. Las cifras pasaron de 26 incendios en 15 municipios a 36 conflagraciones en 20 municipios y posteriormente a reportes de hasta 39 incendios simultáneos. San Luis, Ortega, Coyaima, Chaparral, Honda, Valle de San Juan, Guamo, Piedras, Alvarado, Coello, Rovira, Venadillo, Anzoátegui, San Antonio, Melgar, Purificación y Falan aparecen entre los territorios afectados.
La Gobernación del Tolima declaró la calamidad pública luego de que los reportes oficiales llegaran a 30 incendios forestales activos en 16 municipios. Se ha informado que la decisión fue adoptada durante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo del 13 de agosto, con el propósito de agilizar la llegada de recursos y fortalecer la capacidad de respuesta.
En este contexto, San Luis concentra una de las situaciones más preocupantes. Los incendios que comenzaron a principios de agosto han consumido más de 1.500 hectáreas, con estimaciones posteriores que superan las 2.000. El fuego amenaza bosques, cultivos, animales, viviendas rurales, fuentes hídricas y los medios de subsistencia de comunidades que, en muchos casos, están enfrentando las llamas con herramientas limitadas.
Y precisamente allí aparece la denuncia que ha puesto sobre la mesa la creadora de contenido Luisa Fernanda Bohórquez. La preocupación expresada apunta a que no todos los incendios deberían atribuirse automáticamente al clima o a las condiciones de sequía. La hipótesis de que algunas conflagraciones estén siendo provocadas deliberadamente necesita ser investigada hasta las últimas consecuencias.
El llamado resulta especialmente importante porque la propia Gobernación del Tolima ha reconocido previamente que la acción humana constituye un factor relevante en los incendios forestales. La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, Ericka Lozano, ha advertido en otros episodios que una proporción muy alta de estos incendios puede estar relacionada con actividades humanas. En julio, además, la Gobernación reportaba 151 incendios registrados entre el 3 de mayo y el 23 de julio, con 821,19 hectáreas de cobertura vegetal afectadas.
El Tolima enfrenta una grave emergencia: 36 incendios forestales activos en 20 municipios.
— Aida Quilcué (@aida_quilcue) August 13, 2026
Comunidades enteras están siendo afectadas, mientras cultivos, viviendas y una enorme riqueza de fauna y flora continúan expuestos al fuego.
Hacemos nuevamente un llamado urgente a las… pic.twitter.com/j3K7KNs2OQ
El dato obliga a formular preguntas incómodas. Si existen personas que deliberadamente están iniciando incendios, ¿quiénes son? ¿Actúan por cuenta propia? ¿Existen intereses económicos detrás de determinados territorios? ¿Hay relación con apropiación de tierras, expansión de la frontera agropecuaria, minería, explotación de hidrocarburos o actividades ilegales? Son preguntas que no pueden responderse desde las redes sociales ni mediante especulaciones. Necesitan investigación criminal, ambiental y territorial por parte de las autoridades regionales y nacionales.
El fuego puede desaparecer después de varias horas de trabajo de los bomberos, pero sus consecuencias pueden permanecer durante años. Una hectárea de bosque destruida no se recupera cuando se apaga una llama. Una fuente de agua afectada tampoco vuelve automáticamente a su estado anterior. Y una familia que pierde un cultivo puede quedar sin ingresos mucho después de que desaparezca el humo.
Por eso resulta preocupante que la respuesta a una emergencia de esta magnitud pueda reducirse únicamente al despliegue de fuerza pública. El Tolima necesita presencia institucional, pero también necesita bomberos, maquinaria, agua, combustible, herramientas, apoyo aéreo cuando sea necesario y capacidad investigativa para determinar el origen de cada incendio.
Las comunidades rurales están en primera línea. Campesinos y habitantes de los municipios afectados han tenido que participar directamente en las labores de contención, muchas veces con recursos propios y herramientas básicas. En una emergencia que ya llevó al departamento a declarar calamidad pública, no puede recaer sobre ellos la responsabilidad de enfrentar solos una amenaza que compromete vidas, ecosistemas y economías familiares.
#Ibagué | 👥 En medio de la emergencia por los incendios forestales que afectan a Ibagué y otros municipios del Tolima, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar a quienes sean sorprendidos provocando intencionalmente este tipo de conflagraciones.
— El ⭕lfato (@Elolfato) August 13, 2026
🔴 A… pic.twitter.com/0x7bajLmcM
Desde las entidades se ha asegurado que “todo el sistema departamental y todo el sistema nacional de gestión del riesgo se encuentra activo y trabajando para poder liquidar de manera definitiva todos estos incendios”. También se reconoció que la emergencia continúa y que es necesario mantener el trabajo institucional.
La declaratoria de calamidad pública puede facilitar precisamente la llegada de recursos adicionales. Ese mecanismo debe traducirse rápidamente en capacidad real en los territorios. No basta con anunciar que existen equipos desplegados. Las comunidades necesitan verlos llegar.
El Tolima, además, viene de varios meses de presión por las condiciones climáticas. La Gobernación informó en julio que las altas temperaturas habían llegado a superar los 39 grados en algunos municipios y que el departamento había registrado más de 150 incendios desde mayo. Incluso en mayo, la propia administración departamental advertía sobre acciones intencionales que habían dificultado el control de incendios y había anunciado medidas frente a las quemas y los incendios provocados.
Eso significa que la discusión no puede dividirse artificialmente entre incendio natural e incendio provocado. Puede existir un escenario climático que favorezca la propagación de las llamas y, al mismo tiempo, personas que aprovechen esas condiciones para iniciar nuevos focos.
URGE visibilizar la tragedia que está ocurriendo por cuenta de los incendios forestales… El Tolima y Nariño URGEN AYUDA. pic.twitter.com/9dgDsIKJqX
— MARTHA QUINTERO (@soycrisma) August 14, 2026
La denuncia de Luisa Fernanda Bohórquez merece, por eso, ser tomada como un llamado urgente a esclarecer. Si hay responsables detrás de los incendios, deben ser encontrados. Si existen financiadores, deben ser identificados. Si hay intereses sobre las tierras afectadas, deben ser investigados. Y si finalmente las autoridades determinan que determinados incendios tuvieron causas accidentales o naturales, también deberán explicarlo.
