En la audiencia final de alegatos dentro del juicio adversarial que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la verdad retumbó en la sala de audiencias de Valledupar. La Fiscalía y los representantes de víctimas pidieron la pena máxima de 20 años de prisión para Mejía, acusado de liderar una maquinaria de muerte que operó desde el Batallón La Popa entre 2002 y 2003.
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El coronel retirado, que insiste en declararse inocente, enfrenta acusaciones de haber dirigido una estructura criminal que ejecutó al menos 70 asesinatos de civiles inocentes, haciéndolos pasar como guerrilleros dados de baja en combate: el horror de los llamados “falsos positivos”.
“Ideó, creó y dirigió un aparato ilegal de poder para cometer homicidios, desapariciones y torturas, en muchos casos aliado con paramilitares del Frente Mártires del Cesar. En otros, por cuenta propia de sus subalternos, empujados por la lógica del resultado”, sentenció el fiscal de la JEP, Samuel Serrano Galvis.
Con documentos, testimonios y pruebas acumuladas durante meses, el fiscal denunció que bajo el mando de Mejía se montó una estructura en la que los civiles eran señalados, ejecutados y luego maquillados como bajas en combate, con el propósito de inflar resultados y construir una imagen falsa de eficacia militar.
Giovanni Álvarez Santoyo, director de la #UIA_JEP, aseguró que las pruebas recaudadas por los fiscales e investigadores de la entidad a su cargo establecieron que el coronel (r) del Ejército Publio Hernán Mejía fue el creador de un Ilegal Aparato Organizado de Poder dentro del… pic.twitter.com/1yPnmzHyAr
— Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (@UIA_JEP) August 5, 2025
“A los pobladores del Cesar se les mintió. Se les vendió seguridad mientras se desaparecían jóvenes inocentes. Y todo para alimentar la ambición de un oficial que quería brillar a toda costa”, agregó Serrano.
El juicio hace parte del Caso 03 de la JEP, que investiga los crímenes cometidos por agentes del Estado que presentaron civiles como combatientes muertos en combate. Mejía fue llamado a juicio tras negar toda responsabilidad en 2024, activando así el procedimiento adversarial.
Con voz firme, pero cargada de dolor, el abogado de víctimas Sebastián Escobar, del Colectivo José Alvear Restrepo, alzó la voz en nombre de decenas de madres, esposas e hijos que aún buscan justicia: “Estas familias no solo perdieron a sus seres queridos. También han sido condenadas al silencio, la estigmatización y la impunidad. El Estado les arrebató lo más valioso y luego les negó la verdad”.
En su intervención, pidió 20 años de cárcel para el coronel (r) Mejía por crímenes de guerra y de lesa humanidad, advirtiendo que este juicio no es uno más: es la oportunidad de desmontar la fachada de legalidad que encubrió una maquinaria de muerte con sello oficial.
#JUDICIAL El abogado Sebastián Escobar pide justicia en nombre de las víctimas y por eso en la audiencia de alegatos ante la @JEP_Colombia en medio de juicio por falsos positivos contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía, exige la pena máxima que son 20 años de cárcel. “Estas… pic.twitter.com/Dpw1aHClmV
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“No estamos ante un juicio común. Esto es histórico. Es el momento de quitarle la máscara a ese aparato que asesinó, desapareció y mintió, todo en nombre de la seguridad”, insistió Escobar.
La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP presentó un expediente demoledor: 82 testimonios y más de 1.100 pruebas documentales que detallan cómo operaba el entramado militar en alianza con el paramilitarismo.
Según el fiscal Serrano, fue gracias a la Oficina de Inteligencia S2 del batallón que se fabricaron informes falsos y operaciones simuladas para darle apariencia de legalidad a ejecuciones extrajudiciales. “No se acusa al Ejército como institución, sino a quien desde adentro traicionó su misión para construir un proyecto criminal personal”, puntualizó el fiscal.
La procuraduría, a través de su delegado ante la JEP, Fernando Antonio Burgos, reconoció que el proceso ha garantizado el derecho al debido proceso y confió en que la sentencia será justa. Por su parte, Daniela Rodríguez, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, respaldó la petición de la pena máxima.
El juicio está a punto de llegar a su punto más alto. Mientras la defensa de Mejía se prepara para dar sus alegatos, el país espera una sentencia que podría convertirse en precedente histórico contra la impunidad militar. “La condena al coronel (r) Mejía sería un paso hacia la justicia, una forma de reparar la dignidad de las víctimas y un mensaje claro de que nunca más se puede permitir que la seguridad se construya sobre la sangre de inocentes”, concluyó Escobar.
