A pocos días de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emita las primeras sanciones contra militares responsables de falsos positivos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reapareció con un mensaje que ya genera indignación en el país. En un video publicado en sus redes sociales, el exmandatario insistió en que los uniformados condenados por ejecuciones extrajudiciales no deberían pagar más de cinco años de prisión.
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“No se debe extender el periodo de la JEP y cualquier condena a un militar debe ser posteriormente revisada. (…) Que el periodo de cárcel por delitos cometidos hasta 2016 no sea superior a cinco años. Lo venimos proponiendo hace tiempo”, dijo Uribe, como si los 6.402 asesinatos de inocentes, reconocidos por la propia JEP, pudieran borrarse con penas mínimas.
Las cifras son contundentes: la mayoría de estos crímenes ocurrieron durante su gobierno, entre 2002 y 2008, el periodo más oscuro para la Fuerza Pública por las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos. Sin embargo, Uribe insiste en que se cometieron “a sus espaldas” y que él tomó “acciones inmediatas”, recordando la desvinculación de 27 militares en 2008.
Militares, JEP y falsos positivos. pic.twitter.com/1q85nXOoPT
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 9, 2025
“La reunión con el ministro y su delegación terminó tarde y a las siete de la mañana, o sea, sin demora, le anuncié al país la desvinculación de estos altos oficiales. Con dolor en el alma, porque yo quiero a los soldados y policías de Colombia”, relató.
Lo que para sus críticos es una maniobra para lavarse las manos, Uribe lo defiende como una muestra de transparencia. Incluso acusó a la JEP de presionar a oficiales para que confiesen delitos que, según él, no cometieron: “Algunos oficiales de nuestras fuerzas armadas se quejan que reciben presiones de la JEP para confesar delitos que no cometieron y evitar que los condenen y los lleven a prisión”.
Pero el contexto no lo favorece. En pocos días, la JEP dará a conocer sanciones históricas contra militares del Batallón La Popa y contra exintegrantes de las Farc. Estas penas, que irán entre 5 y 8 años, no serán en cárceles tradicionales, pero sí implicarán restricción de libertades, trabajos reparativos y un estricto monitoreo de la ONU.
El país espera justicia para las miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, pero las palabras de Uribe se sienten como un nuevo golpe a las familias que aún claman por verdad. Para ellas, pedir que estos crímenes de lesa humanidad reciban penas irrisorias no es otra cosa que defender la impunidad.
