La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le puso punto final a una de las narrativas más explosivas alrededor del caso de Miguel Uribe Turbay. El organismo internacional cerró la solicitud de medidas cautelares presentada por la familia del senador y precandidato presidencial y fue contundente: no encontró pruebas de gravedad, urgencia ni riesgo de daño irreparable que justificaran una intervención extraordinaria.
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La decisión, adoptada mediante resolución del pasado 27 de enero, desmonta el intento de llevar al sistema interamericano una disputa cargada de señalamientos contra el presidente Gustavo Petro y entidades del Estado. La CIDH concluyó que no se acreditó un riesgo actual atribuible a una acción concreta del Estado colombiano, cerrando así el expediente y dejando sin piso jurídico la solicitud impulsada por el abogado Víctor Mosquera.
No hay reproche internacional contra el Estado colombiano: @CIDH cerró expediente y negó medidas cautelares en caso Uribe Turbay https://t.co/OdRvYXRkwH vía @lanuevaprensaco
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El origen del reclamo se remonta a una denuncia presentada en 2025, relacionada con declaraciones del abogado Alejandro Carranza, representante del presidente Petro, quien advirtió que el caso del magnicidio estaba siendo utilizado para instalar “narrativas en contra del presidente”. En su momento, Carranza fue directo ante la Comisión: “Hemos venido aquí a la Comisión Interamericana a advertir sobre una instrumentalización que puede darse al sistema interamericano, y a pedir un monitoreo sobre esta circunstancia, porque todos los días vemos cómo en diferentes casos la Fiscalía filtra información, los medios hacen ataques infundados y precandidatos terminan atacando la unidad nacional”.
Para la familia de Uribe Turbay, esas afirmaciones fueron calificadas como revictimizantes, lo que derivó en la solicitud de medidas cautelares bajo el argumento de que se pretendía “relativizar un crimen de lesa humanidad”. Sin embargo, casi cuatro meses después, la CIDH cerró la puerta a esa tesis y dejó constancia de que el estándar internacional para otorgar este tipo de medidas no fue superado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH ) ha cerrado el caso y ha negado las medidas cautelares solicitadas por el abogado @VictorMosqueraM
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Esta decisión internacional marca el fin de una narrativa polarizante que se había presentado ante la Comisión de…
La Unidad Nacional de Protección también salió al frente tras conocerse la decisión y confirmó que el fallo no afecta los esquemas de seguridad ni el acompañamiento que se brinda a los familiares del senador. A través de su pronunciamiento, la UNP fue enfática en que la resolución “no limita su derecho a solicitar medidas de protección” y reiteró su compromiso con “la protección de la vida y la integridad, así como con la transparencia en el ejercicio de sus funciones”.
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La CIDH negó las medidas cautelares solicitadas por el abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cerró el expediente relacionado con la solicitud de medidas cautelares presentada tras el asesinato del senador y… pic.twitter.com/My9uBFPENh
Alejandro Carranza celebró el cierre del caso y lanzó un mensaje que retumbó en redes y escenarios judiciales: “Esta decisión internacional marca el fin de una narrativa polarizante que se había presentado ante la Comisión de acusaciones, y la Fiscalía y los medios de comunicación”. Según el abogado, con el portazo de la CIDH se abre un nuevo capítulo en el proceso, esta vez enfocado en “determinar la presunta responsabilidad penal y disciplinaria de quienes injustamente acusaron al presidente Gustavo Petro y al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por el ataque mortal al senador”.
Aunque la Comisión aclaró que el cierre del expediente no releva al Estado de sus obligaciones generales en materia de derechos humanos y anunció que seguirá monitoreando la situación por otras vías, la decisión fue leída como un respaldo institucional a la actuación del Gobierno, de la UNP y de la defensa jurídica del presidente. Mientras tanto, en Colombia la investigación por el magnicidio continúa, con ocho personas capturadas y una pregunta que sigue abierta: quién dio la orden. Lo que sí quedó zanjado es que, para la CIDH, no había razones para convertir el caso en una bandera internacional contra el Ejecutivo.
