¡Cae Efraín Cepeda! Corte abre indagación en su contra por audios que lo salpican con el paramilitarismo: el “jefe de la banda” bajo la lupa

La Corte Suprema puso bajo la lupa a Efraín Cepeda tras recibir audios explosivos de la JEP que lo vinculan con presuntas alianzas entre políticos y paramilitares en la Costa Caribe, un nuevo golpe al dirigente que alguna vez se autodenominó “el jefe de la banda”.

La sombra del paramilitarismo vuelve a sacudir al Congreso y esta vez el nombre que queda bajo el reflector es el de Efraín Cepeda Sarabia. La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el expresidente del Senado tras recibir un explosivo paquete de audios enviados por la Jurisdicción Especial para la Paz, en los que el excongresista Álvaro Ashton lanza graves señalamientos sobre alianzas políticas, empresariales y electorales con estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia en la Costa Caribe. El mismo Cepeda que en el pasado llegó a autodenominarse sin pudor “el jefe de la banda”, hoy enfrenta un proceso que revive los peores fantasmas de la parapolítica.

La compulsa de copias llegó a la Corte el 28 de octubre de 2025 e incluye seis discos compactos con declaraciones rendidas por Ashton ante la JEP. En ese material, el exsenador liberal describe cómo, según su testimonio, dirigentes regionales habrían tejido acuerdos con el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC, una estructura armada que sembró terror en Atlántico y Magdalena bajo el mando de Édgar Ignacio Flórez Fierro, alias Don Antonio, y Carlos Mario García Ávila. A partir de esas revelaciones, la Sala de Instrucción abrió dos radicados: uno relacionado con el ministro del Interior, Armando Benedetti, aún en estudio preliminar, y otro que ya pone en la mira directa a Efraín Cepeda.

El caso de Cepeda quedó en manos del magistrado Francisco Farfán, quien no dudó en abrir indagación previa y ordenar pruebas. La Corte escuchará nuevamente a Álvaro Ashton en ampliación de denuncia y citó a Cepeda a rendir versión libre el próximo 18 de febrero, una fecha que promete sacudir el tablero político. No se trata de rumores ni chismes de pasillo: son audios oficiales entregados a la justicia transicional y ahora evaluados por el máximo tribunal penal del país.

Los señalamientos nacen de las audiencias de aporte a la verdad que Ashton rindió ante la JEP en febrero, dentro de su proceso por concierto para delinquir agravado y cohecho. En esas diligencias, avaladas por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el excongresista aseguró que existieron pactos que permitieron la cooptación institucional, la manipulación electoral y el control político en varios municipios del Caribe. En medio de su testimonio, mencionó directamente a Efraín Cepeda, junto a poderosos empresarios y dirigentes tradicionales, como parte de presuntos acercamientos o acuerdos indirectos con sectores respaldados por los paramilitares, especialmente en Barranquilla y Soledad.

Una de las frases más contundentes quedó registrada ante los magistrados y hoy retumba con fuerza en los pasillos judiciales: “Asumimos que todos, incluyéndome a mí, ayudábamos a que del presupuesto nacional se aprobaran partidas que terminaron financiando proyectos manejados por el Frente José Pablo Díaz con la Alcaldía de Barranquilla. Con esos recursos se nutrían para seguir delinquiendo en los demás municipios”. La declaración no solo compromete a Ashton, sino que apunta de lleno a una élite política que durante años negó cualquier vínculo con el paramilitarismo mientras consolidaba su poder regional.

Además de Cepeda, Ashton mencionó a otros senadores y empresarios, pero es el nombre del conservador el que hoy concentra la atención pública. No es un personaje menor: fue presidente del Senado y una de las figuras más visibles del establecimiento político. Por eso la indagación no pasa desapercibida y revive una pregunta incómoda para el país: ¿cuánto del poder político en la Costa Caribe se construyó de la mano de estructuras armadas ilegales?

Mientras Cepeda se prepara para rendir versión ante la Corte, el expediente apenas comienza a tomar forma. No hay imputaciones todavía, pero el simple hecho de que la Corte Suprema haya abierto una indagación marca un golpe directo a su imagen y a su discurso de respetabilidad. El autoproclamado “jefe de la banda” ahora deberá explicar ante la justicia qué tan profundas fueron esas alianzas que hoy vuelven a salir a la luz y que podrían convertirse en uno de los capítulos más incómodos de la política colombiana reciente.

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