En pleno día de la madre Uribe desató indignación tras negar los falsos positivos en entrevista con Westcol: víctimas hablan de revictimización y manipulación

Las palabras volvieron a abrir una herida que nunca ha cerrado en Colombia, y esta vez el escenario fue una transmisión en redes que terminó convertida en una tormenta política.

Álvaro Uribe Vélez volvió a ubicarse en el centro de la polémica tras negar, en un espacio digital con el creador de contenido Westcol, la existencia de una política de Estado detrás de los falsos positivos, uno de los capítulos más oscuros del conflicto colombiano. Sus declaraciones no solo indignaron a los colombianos en redes sociales, sino que también provocaron una ola de rechazo por parte de víctimas, organizaciones de derechos humanos y sectores políticos que consideran estas afirmaciones como una forma de revictimización.

La entrevista se realizó en la famosa y controvertida finca del exmandatario “El Uberrimo” en una transmisión en vivo en el canal del streamer Westcol, uno de los creadores con mayor audiencia en Colombia. El espacio alcanzó en algunos momentos los 150.000 usuarios conectados en simultáneo y acumuló miles de reproducciones en pocas horas, convirtiéndose rápidamente en tendencia por las declaraciones de Álvaro Uribe sobre los falsos positivos.

Uno de los momentos más tensos llegó cuando Westcol le preguntó directamente por las ejecuciones extrajudiciales, lo que cambió el tono de la conversación. El chat se llenó de reacciones divididas y el ambiente se volvió más confrontacional, con interrupciones y respuestas evasivas que marcaron el punto más polémico de la entrevista.

Durante la conversación, Uribe insistió en que no existió una política institucional para ejecutar estas prácticas, y que esto solo se trató de una difamación, reduciendo el fenómeno a hechos aislados o responsabilidades individuales. La frase no pasó desapercibida. Para muchos, se trató de una negación frontal frente a lo que ya ha sido documentado por la justicia colombiana y organismos internacionales. La Jurisdicción Especial para la Paz ha establecido que al menos 7.837 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate durante los años más intensos del conflicto, una cifra que ha sido calificada como escalofriante y que ha marcado profundamente la memoria del país.

En redes sociales, víctimas, líderes de opinión, defensores de derechos humanos y ciudadanos expresaron su indignación. No se trató solo de una diferencia de versiones, sino de una confrontación directa entre el relato del expresidente y los fallos judiciales que han reconocido la gravedad sistemática de estos crímenes. Para las víctimas, escuchar nuevamente este tipo de declaraciones significa revivir el dolor, pero también enfrentar una narrativa que, según denuncian, busca minimizar lo ocurrido.

El contexto en el que se dieron estas declaraciones también ha generado cuestionamientos. El espacio con Westcol, una figura con gran alcance entre jóvenes, amplificó el mensaje a una audiencia masiva, lo que incrementó la preocupación sobre el impacto de este tipo de afirmaciones. La discusión dejó de ser un tema histórico o judicial y se trasladó al terreno de la opinión pública digital, donde los discursos se replican con rapidez y sin filtros.

Diversas organizaciones recordaron que los falsos positivos no son un tema de interpretación política, sino un hecho documentado por la justicia. La JEP ha señalado patrones, estructuras y responsabilidades que apuntan a una lógica sistemática dentro de ciertos sectores de la fuerza pública. Negar ese carácter, advierten, no solo desinforma, sino que también dificulta los procesos de verdad, justicia y reparación.

Las críticas también llegaron desde el ámbito político. Sectores cercanos al Gobierno han señalado que este tipo de declaraciones refuerzan la necesidad de seguir avanzando en mecanismos de justicia transicional y en el reconocimiento pleno de lo ocurrido. Para ellos, no se trata de un debate ideológico, sino de una responsabilidad histórica frente a las víctimas y al país.

El tema vuelve a poner sobre la mesa la relación entre poder político y memoria histórica. Durante años, el debate sobre los falsos positivos ha sido uno de los más sensibles en Colombia, no solo por la magnitud de los crímenes, sino por las implicaciones que tiene en términos de responsabilidad estatal. Las palabras de Uribe, en este contexto, no son vistas como una opinión más, sino como una intervención que impacta directamente en esa construcción de memoria.

Mientras tanto, las víctimas continúan exigiendo verdad y reconocimiento. Para muchas familias, el proceso no ha terminado. La identificación de responsables, las reparaciones y la reconstrucción de lo ocurrido siguen siendo tareas pendientes. En ese escenario, cualquier intento de negar o minimizar los hechos es percibido como un retroceso.

Al final, lo ocurrido no es solo una polémica más. Es un reflejo de las tensiones que siguen atravesando a Colombia en torno a su pasado reciente y la negación y revictimización por parte de la derecha y quienes han gobernado desde esos sectores políticos. Un país que aún intenta entender, procesar y sanar uno de los capítulos más dolorosos de su historia, mientras figuras políticas siguen disputando y manipulando el relato de lo ocurrido. En medio de esa disputa, las víctimas vuelven a quedar en el centro, recordando que la verdad no es negociable.

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