Colombia dejó de mirar primero hacia los fusiles y empezó a mirar hacia las aulas. El Gobierno de Gustavo Petro llega al final de su mandato con una de las cifras más fuertes de su balance social, por primera vez el país invierte más en educación que en guerra. La afirmación fue hecha por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, durante el World Education Forum de Londres, donde presentó la apuesta educativa del Gobierno como una estrategia de paz, protección de la niñez y transformación de los territorios más golpeados por la violencia.
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En un país acostumbrado a medir su historia en operativos militares, desplazamientos, reclutamiento, víctimas y presupuestos de seguridad, este dato es fundamental. Rojas Medellín fue directo ante delegaciones internacionales y aseguró que “por primera vez en Colombia el presupuesto para la educación es más alto que el presupuesto para la guerra”. La frase resume una disputa política profunda, porque durante décadas el Estado colombiano destinó enormes recursos a sostener la confrontación armada, mientras miles de escuelas rurales seguían sin infraestructura, conectividad, alimentación o posibilidades reales para sus estudiantes.
El salto presupuestal es contundente. Según cifras oficiales del sector, el presupuesto de educación pasó de $64,7 billones en 2022 a cerca de $79,2 billones en 2025, y para 2026 el Gobierno ha hablado de una apropiación cercana a los $88 billones. En otras palabras, Petro cierra su mandato con la educación convertida en la mayor apuesta social del Estado, por encima de la lógica histórica de financiar primero la guerra y dejar las aulas esperando.
#Educación🎓El ministro Daniel Rojas Medellín aseguró en el World Education Forum que el Gobierno fortaleció la inversión en educación pública como estrategia de transformación social y construcción de paz.✅
— Radio Nacional CO (@RadNalCo) May 20, 2026
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La educación superior pública también aparece como una de las grandes banderas del Gobierno. La inversión llegó a $7,6 billones, una cifra que Presidencia y RTVC han presentado como un récord para universidades públicas, gratuidad y ampliación de cobertura. El mensaje político es fuerte, más jóvenes entrando a la universidad pública, más recursos para las instituciones estatales y menos familias condenadas a endeudarse para que sus hijos puedan estudiar.
La gratuidad universitaria es otro de los puntos que el Gobierno Petro muestra como victoria social. De acuerdo con RTVC, se han destinado más de $6,8 billones para garantizar educación superior pública y gratuita, una política que beneficia especialmente a jóvenes de sectores populares. Para miles de familias, esa cifra significa algo concreto, que estudiar deje de ser un lujo y empiece a ser un derecho real financiado por el Estado.
Las transferencias a instituciones de educación superior también crecieron con fuerza en las principales ciudades. En Bogotá pasaron de $2,9 billones en 2022 a $4,6 billones proyectados para 2026, un aumento del 61 %. En Medellín subieron de $806 mil millones a $1,4 billones, con un crecimiento del 75,3 %. En Cali pasaron de $623 mil millones a $975 mil millones, mientras que en Cartagena crecieron de $237,5 mil millones a $373,1 mil millones. Son cifras que muestran que la apuesta educativa no se quedó en discursos, sino que llegó a presupuestos concretos.
No lo verás en los grandes medios … https://t.co/ZkV4RFHCUg
— Daniel Rojas Medellin (@DanielRMed) May 21, 2026
El Gobierno también ha presentado inversiones territoriales de alto impacto, como la nueva sede de la Universidad Industrial de Santander en Málaga, Santander, una obra de más de $105 mil millones que Petro destacó como una de las sedes universitarias más importantes de América Latina. A esto se suma el anuncio de más de $6,2 billones para fortalecer la educación pública en Santander, una señal de que la apuesta no se concentra únicamente en Bogotá ni en los grandes centros urbanos.
Otro frente clave es la ampliación de la educación media en más de 1.400 colegios ubicados en zonas afectadas por el conflicto. Esta medida apunta a uno de los problemas más graves del país, los jóvenes que abandonan la escuela porque en sus territorios no hay continuidad educativa, oportunidades ni presencia integral del Estado. En esas regiones, un colegio fortalecido puede ser una barrera contra el reclutamiento, la violencia y las economías ilegales.
El Programa de Alimentación Escolar también entra en esta ecuación. Para el Gobierno, alimentar a los estudiantes no es un asunto menor ni un simple complemento. En muchas zonas pobres, el PAE puede definir si un niño permanece en el colegio o abandona las clases. Por eso, el aumento de la inversión educativa se conecta con permanencia escolar, dignidad y protección social.
En el Cañón del Micay la educación está sembrando esperanza, oportunidades y nuevos sueños para cientos de jóvenes. 💛
— MinEducación (@Mineducacion) May 21, 2026
En territorios como El Plateado, Argelia y Balboa, la educación pública está ayudando a que más jóvenes permanezcan en las aulas, sueñen con un futuro distinto… pic.twitter.com/nwTgNRmoyB
La apuesta de Petro tiene una lectura política evidente. Su Gobierno quiere dejar instalado que la paz no se construye únicamente con uniformes, helicópteros y operaciones militares, sino con derechos. Si un niño tiene comida, colegio, docentes, transporte, tecnología, cultura y deporte, la violencia pierde terreno. Si una joven puede terminar el colegio y entrar a la universidad pública sin endeudarse, el país empieza a romper la cadena de exclusión que alimentó la guerra durante décadas.
Por eso esta noticia pesa tanto en el cierre del mandato. Mientras sus críticos intentan reducir el balance del Gobierno a peleas políticas, el Ejecutivo pone sobre la mesa una cifra difícil de ignorar, Colombia invierte más en educación que en guerra. Esa frase no solo sirve para un titular. Sirve para marcar una época y para mostrar que el presupuesto también revela qué tipo de país se quiere construir.
Daniel Rojas Medellín llevó ese mensaje a Londres y lo presentó ante el mundo como una transformación de fondo. No se trata únicamente de abrir cupos o entregar recursos, sino de cambiar la prioridad del Estado. Durante años se dijo que Colombia no tenía plata para garantizar derechos, pero sí aparecían recursos para la guerra. Petro decidió mover esa frontera y ahora su Gobierno muestra el resultado como una de sus principales conquistas.
En el país que durante décadas normalizó la guerra como destino, el Gobierno Petro quiere pasar a la historia como el que puso la educación por encima de los fusiles. Las cifras están ahí, $88 billones proyectados para educación en 2026, $7,6 billones para educación superior pública, $6,8 billones para gratuidad, aumentos históricos en ciudades principales y nuevas inversiones territoriales. La imagen final es poderosa, más aulas, más jóvenes estudiando y menos país condenado a vivir bajo la sombra de la guerra.
