¡José Manuel Restrepo quiere borrar de un plumazo el impuesto saludable! Expertos advierten que la medida beneficia a los poderosos y golpea la salud de millones

Colombia enfrenta un aumento sostenido de enfermedades asociadas al consumo excesivo de azúcar, bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, a pesar de eso la campaña de Abelardo de la Espriella anuncia que eliminaría el llamado impuesto saludable. La propuesta fue defendida públicamente por su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, quien aseguró que este tributo "no tiene ningún sentido" y que fue creado por razones "puramente ideológicas".

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Caracol Radio, donde Restrepo respondió preguntas sobre el programa económico de la campaña. Allí afirmó que, en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella, el impuesto saludable desaparecería porque, según su visión, no corresponde al Estado influir mediante impuestos en las decisiones de consumo de los ciudadanos.

«Hay que eliminar el impuesto saludable», afirmó Restrepo. Posteriormente agregó que «eso no tiene ninguna presentación» y cuestionó que los impuestos sean utilizados como herramienta para orientar hábitos de consumo. Aunque aclaró que mantendrían medidas como el etiquetado frontal de advertencia en los alimentos, insistió en que los gravámenes a bebidas azucaradas y productos ultraprocesados deberían desaparecer.

Las declaraciones encendieron inmediatamente el debate porque el impuesto saludable fue impulsado precisamente para enfrentar uno de los mayores problemas de salud pública que vive Colombia y gran parte del mundo. Diversos estudios han advertido durante años sobre el crecimiento de enfermedades como obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión y afecciones cardiovasculares relacionadas con el consumo frecuente de productos con altos contenidos de azúcar, sodio y grasas saturadas.

Organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud han respaldado este tipo de impuestos como mecanismos que ayudan a reducir el consumo de productos nocivos para la salud. De hecho, varios países de América Latina, Europa y Norteamérica han implementado medidas similares durante la última década.

Según análisis divulgados por el Banco Mundial, los impuestos sanitarios no solo buscan recaudar recursos sino generar incentivos para que las empresas reformulen productos y para que los consumidores tengan información más clara sobre los riesgos asociados a determinados alimentos. En varios países donde se han implementado estas medidas se han registrado reducciones significativas en la compra de bebidas azucaradas.

Por eso las palabras de Restrepo han sido interpretadas por diversos sectores como una señal preocupante sobre el modelo de salud pública que impulsaría la campaña de Abelardo de la Espriella. Para quienes han estudiado el tema, eliminar el impuesto saludable significaría favorecer a grandes industrias productoras de bebidas azucaradas y ultraprocesados mientras se debilitan herramientas de prevención que buscan proteger especialmente a niños y jóvenes.

La polémica se produce además en un momento en que Colombia enfrenta enormes desafíos en materia de salud pública. Las cifras oficiales muestran que las enfermedades crónicas no transmisibles se encuentran entre las principales causas de muerte en el país y representan miles de millones de pesos en costos para el sistema de salud cada año.

Pero la controversia no terminó allí. Durante la misma entrevista, José Manuel Restrepo también habló de reducir regulaciones en entidades como Invima, ICA, ANLA, notarías, superintendencias y cámaras de comercio. Para algunos analistas, estas propuestas reflejan una visión de desregulación amplia que podría terminar afectando mecanismos de control sobre sectores estratégicos para los consumidores y el interés público.

Los cuestionamientos se han intensificado porque la eliminación del impuesto saludable aparece dentro de un paquete de medidas que, según sus detractores, priorizan intereses empresariales por encima de consideraciones sociales y sanitarias. Mientras expertos en salud insisten en fortalecer la prevención y reducir factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas, la campaña de Abelardo plantea desmontar una de las herramientas más visibles implementadas en los últimos años para enfrentar esa problemática.

El debate adquiere una dimensión aún mayor en plena recta final de la campaña presidencial. No se trata únicamente de una discusión tributaria. Lo que está en juego es el modelo de país que se quiere construir y el papel que debe asumir el Estado frente a la protección de la salud colectiva. Para quienes respaldan la medida, la decisión representa una defensa de la libertad individual y una reducción de cargas tributarias. Para sus críticos, en cambio, significa abrir la puerta a un retroceso en políticas de prevención que buscan proteger especialmente a los sectores más vulnerables frente a productos cuyo consumo excesivo está asociado a graves consecuencias para la salud.

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