La preocupación volvió a instalarse entre las organizaciones sociales del Magdalena Medio y el departamento de Antioquia tras la circulación de panfletos atribuidos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en el que varios líderes comunitarios y defensores de derechos humanos fueron señalados como supuestos objetivos militares. El documento comenzó a difundirse a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, generando alarma entre quienes desde hace años desarrollan labores de defensa del territorio, acompañamiento a comunidades y promoción de los derechos humanos.
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En los textos aparecen mencionados varios líderes sociales de Antioquia, Chocó y el Magdalena Medio, a quienes se acusa, sin presentar prueba alguna, de actuar como colaboradores de grupos armados ilegales. Los documentos utilizan un lenguaje intimidante y contienen amenazas directas que fueron rechazadas inmediatamente por organizaciones defensoras de derechos humanos, que alertaron sobre el riesgo que este tipo de mensajes representa para la vida e integridad de quienes aparecen mencionados.
Entre las personas nombradas en uno de los panfletos figuran dirigentes comunitarios y defensores de derechos humanos vinculados a procesos sociales en la región. Paralelamente, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credhos denunció que uno de los panfletos incluyó amenazas contra su presidente, Iván Madero Vergel, y contra Carlos Arévalo, integrante del Comité Municipal de Derechos Humanos de Santa Rosa del Sur.
Denuncia: Paramilitares de las AGC están amenazando en Antioquia a líderes que respaldaron las campañas de Iván Cepeda y Aída Quilcué. pic.twitter.com/zZPpgwekli
— Derli López 🫰🏼 (@derlilopeza) June 26, 2026
En otro de los panfletos aparecen Andrés Peña, identificado en el documento como funcionario de la Agencia Nacional de Tierras; Daniel Ortega, señalado con calificativos despectivos; y Carlos Andrés Galeano, también objeto de amenazas directas. El texto les atribuye supuestos vínculos con actividades políticas y los declara como «objetivo militar», utilizando un lenguaje intimidatorio que ha generado profunda preocupación entre organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.
La circulación de estos documentos reavivó el temor que durante décadas ha convivido con amenazas, desplazamientos y asesinatos de líderes sociales. Las organizaciones recuerdan que este tipo de mensajes no pueden analizarse como hechos aislados debido a que históricamente los panfletos intimidatorios han antecedido ataques contra dirigentes comunitarios en distintas zonas del país.
Desde Credhos emitieron un pronunciamiento público rechazando las amenazas y recordando que su labor está protegida por la Constitución Política y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La organización pidió a la Fiscalía General de la Nación adelantar investigaciones para identificar a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos.
GRAVE DENUNCIA 🚨
— Semanario VOZ (@SemanarioVOZ) June 25, 2026
Vuelven los tiempos de terror en Colombia. Paramilit4res de las AGC amenazan a líderes del departamento de Antioquia, quienes impulsaron la campaña de @IvanCepedaCast y @aida_quilcue pic.twitter.com/ubNBbOGe2F
«Nuestro trabajo como defensores de derechos humanos está amparado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la Constitución Política de Colombia y las leyes que rigen el Estado Social de Derecho», manifestó la organización al exigir garantías para quienes desarrollan esta labor en el territorio.
Los representantes de Credhos advirtieron además que durante los últimos años han documentado múltiples episodios de hostigamiento, campañas de estigmatización, seguimientos y señalamientos públicos contra líderes sociales, situación que, según indican, ha incrementado el nivel de riesgo para quienes trabajan acompañando a las comunidades rurales del Magdalena Medio y el nordeste antioqueño.
Frente a los panfletos el Ejercito ha informado que se está verificando su autenticidad y que podría tratarse de comunicación falsas. Esa fue precisamente la pregunta planteada por Iván Madero Vergel durante su pronunciamiento. El dirigente insistió en que más allá de establecer si el panfleto es auténtico o falso, lo verdaderamente urgente consiste en identificar a las personas que están detrás de las amenazas.
Unos estigmatizan y otros amenazan.
— AquinoTicias – José Luis Marín (@AquinoTicias1) June 26, 2026
Paramilitares amenazan a líderes políticos de izquierda en Antioquia.
NO PASARÁN https://t.co/T9bwvCiiNj
«Hemos conocido que algunas instituciones han afirmado que este panfleto no es autoría de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Nosotros como defensores de derechos humanos preguntamos entonces quiénes son los que están amenazando y causando zozobra en contra de defensores de derechos humanos y de las comunidades que representan», expresó.
El dirigente añadió que las organizaciones han documentado previamente campañas de perfilamiento y narrativas que buscan presentar a defensores de derechos humanos como supuestos colaboradores de grupos armados ilegales, situación que consideran especialmente peligrosa en territorios donde persisten estructuras criminales y altos niveles de conflictividad.
Diversas organizaciones insistieron en que este tipo de estigmatizaciones pueden aumentar significativamente el nivel de riesgo para quienes desarrollan trabajo comunitario y solicitaron que las investigaciones no se limiten únicamente a establecer la autenticidad de los panfletos, sino también a determinar quiénes promueven campañas de intimidación contra líderes sociales.
El autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo) difundió un video en el que muestra a un grupo de hombres reunidos en lo que denominan una zona de preagrupamiento. En el mensaje, la organización asegura estar lista para ingresar a una Zona de Ubicación Temporal… pic.twitter.com/DqgYMFdY8m
— burbujapolitica (@burbujapolitica) June 26, 2026
El caso vuelve a poner sobre la mesa la compleja situación de seguridad que enfrentan numerosos defensores de derechos humanos en varias regiones del país. Aunque las autoridades pidieron prudencia frente a documentos cuya autenticidad no ha sido plenamente establecida, las organizaciones sostienen que la existencia de antecedentes de amenazas, hostigamientos y campañas de desprestigio obliga a tomar cualquier intimidación con la mayor seriedad posible.
Mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía y de los organismos de inteligencia, el temor continúa creciendo entre las comunidades del Choco, Magdalena Medio y Antioquia, donde los líderes sociales insisten en que el país no puede normalizar que quienes defienden los derechos humanos vivan permanentemente bajo la sombra de las amenazas. La principal exigencia sigue siendo la misma garantizar la protección de quienes trabajan por sus comunidades y esclarecer quiénes están detrás de estos mensajes que vuelven a sembrar incertidumbre en una región marcada durante décadas por la violencia.
