¡Se les cayó el montaje! La MOE desmintió el «voto fusil» con el que la derecha buscó desacreditar y poner en riesgo el voto rural

La Misión de Observación Electoral concluyó que no existe evidencia que respalde la teoría del llamado "voto fusil", desmintiendo las acusaciones de sectores de la derecha sobre una supuesta manipulación armada en las elecciones presidenciales de 2026.

Las acusaciones sobre un supuesto “voto fusil” que habría favorecido a la izquierda en las elecciones presidenciales de 2026 fueron desmentidas luego de que la Misión de Observación Electoral (MOE) publicara un estudio técnico que concluye que no existe evidencia que permita afirmar que los grupos armados ilegales hayan inclinado la votación a favor de alguna candidatura.

El informe desmonta uno de los principales argumentos utilizados por sectores de la derecha para poner en duda el comportamiento electoral de miles de ciudadanos en las zonas rurales del país y con ello aumentar el riesgo de violencia contra estas poblaciones.

La investigación, titulada La paradoja del voto cautivo. Evidencia electoral y modelos de riesgo en la segunda vuelta presidencial de 2026, fue elaborada mediante tres modelos analíticos diferentes, incluida la metodología histórica utilizada por la propia MOE para detectar atipicidades electorales. La conclusión es contundente. Aunque persisten graves problemas de seguridad y presencia de actores armados en varias regiones del país, no existe una relación estadística entre esa presencia y el aumento del caudal electoral de alguna de las campañas que participaron en la segunda vuelta presidencial.

Durante varias semanas, dirigentes y voceros cercanos a Abelardo de la Espriella insistieron en que el crecimiento de la votación progresista en departamentos como Chocó, Nariño y Putumayo solo podía explicarse mediante la presión ejercida por grupos armados ilegales sobre las comunidades campesinas. Esa narrativa, conocida popularmente como el «voto fusil», se convirtió en uno de los principales argumentos para intentar sembrar dudas sobre la legitimidad del comportamiento electoral en amplias zonas del país y justificar posibles actos de violencia en dichas zonas como lo hizo el concejal Gury en Medellín.

Sin embargo, el estudio de la MOE concluye exactamente lo contrario. Los análisis estadísticos arrojaron coeficientes de determinación cercanos a cero, lo que significa que la presencia de grupos armados no explica el comportamiento electoral observado durante la segunda vuelta presidencial. Incluso, el documento demuestra que en municipios donde existe control hegemónico de organizaciones armadas terminaron imponiéndose candidaturas ideológicamente opuestas a dichos grupos, una evidencia que contradice la hipótesis de una alineación política obtenida mediante intimidación.

Uno de los datos más llamativos del informe corresponde precisamente a los municipios con presencia del ELN. Según la información divulgada posteriormente por el senador Iván Cepeda, en las zonas rurales bajo influencia de esa organización el entonces candidato Abelardo de la Espriella ganó en el 66 % de esos territorios, obteniendo en promedio el 79,28 % de la votación. Para la MOE, este comportamiento ayuda a desmontar la idea de que exista una correspondencia automática entre control armado y preferencias electorales.

Iván Cepeda fue uno de los primeros dirigentes en respaldar públicamente las conclusiones del estudio. A través de su cuenta de X afirmó que «la tesis del voto fusil queda controvertida por la MOE» y destacó que la organización presentó un análisis estadístico riguroso sobre el comportamiento del voto rural durante la segunda vuelta presidencial.

El informe también desmiente otra de las afirmaciones más repetidas durante las semanas posteriores a la elección. El incremento histórico de la participación electoral en las zonas rurales no obedeció a presiones armadas sino a un proceso sostenido de movilización democrática y ampliación del acceso al voto. La participación rural alcanzó un histórico 64,39 % en 2026, muy superior al 57,27 % registrado en 2022 y al 52,13 % observado en 2018.

La MOE explica que este crecimiento está relacionado con una mayor apropiación democrática de las comunidades, la instalación de nuevos puestos de votación en zonas apartadas y el fortalecimiento de los procesos organizativos locales. Según el estudio, las dinámicas territoriales, los liderazgos comunitarios y las identidades históricas tuvieron mucho más peso que cualquier intento de intimidación armada.

Los únicos comportamientos considerados atípicos aparecieron en municipios del Cauca como Jambaló y Toribío. No obstante, la organización aclaró que esos resultados tampoco obedecen a presiones ilegales sino a procesos de alta cohesión social y representación política de comunidades indígenas y étnicas que históricamente han desarrollado formas propias de participación electoral.

La investigación también coincide con trabajos académicos desarrollados por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, que igualmente han encontrado que no existe una relación mecánica entre presencia de grupos armados y orientación del voto.

Lejos de negar los problemas de violencia que siguen afectando numerosas regiones del país, la MOE advierte que el riesgo para líderes sociales, comunidades y organizaciones sigue siendo alto. Sin embargo, insiste en que utilizar ese contexto para descalificar el voto de millones de campesinos termina estigmatizando injustamente a las poblaciones rurales y desconociendo su capacidad de decidir libremente y pone en riesgo la vida de miles de personas.

Por ello, el organismo hizo un llamado a abandonar narrativas simplistas como la del «voto fusil» y pidió reconocer la autonomía política de las comunidades rurales, garantizando mejores condiciones de seguridad y libertad para el ejercicio democrático.

Las cifras, los modelos estadísticos y la evidencia recopilada durante la investigación de la MOE contradicen una de las principales acusaciones utilizadas para desacreditar el comportamiento electoral del campo colombiano y reivindican el derecho de las comunidades rurales a que su decisión política no sea automáticamente puesta bajo sospecha y sea sinónimo de estigmatización y violencia simplemente por vivir en territorios afectados por el conflicto armado.

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