¡Abelardo en la mira de la Fiscalía! Fue denunciado penalmente por declaraciones que habrían aumentado el riesgo para los firmantes de la paz

La denuncia de Gloria Cuartas encendió las alarmas al advertir que los discursos contra Rodrigo Londoño y los firmantes del Acuerdo de Paz podrían aumentar los riesgos para quienes dejaron las armas y hoy siguen apostándole a la reconciliación.

La implementación del Acuerdo Final de Paz vuelve a quedar en el centro del debate político y judicial luego de que Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, radicara una denuncia penal contra Abelardo de la Espriella por los presuntos delitos de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir. La funcionaria sostiene que las declaraciones públicas de De la Espriella no solo estigmatizan a Rodrigo Londoño y a quienes firmaron la paz en 2016, sino que podrían incrementar el riesgo sobre miles de personas que aún enfrentan amenazas por haber abandonado las armas.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación y también solicita investigar posibles actos de violencia política de género contra Pilar Rueda Jiménez, funcionaria de la Jurisdicción Especial para la Paz y esposa del senador Iván Cepeda. El documento advierte que las expresiones pronunciadas por De la Espriella ocurren en un contexto especialmente delicado, marcado por el asesinato constante de firmantes del Acuerdo y por la persistencia de estructuras armadas ilegales en distintas regiones del país.

El detonante de la acción judicial fueron las declaraciones realizadas por De la Espriella, quien anunció que eliminará el cargo del Alto Comisionado para la Paz y desmontará lo que calificó como un «perverso sistema de impunidad». Además, cuestionó la autorización concedida por la Jurisdicción Especial para la Paz para que Rodrigo Londoño viajara a España y aseguró que el antiguo comandante de las Farc «merece estar preso de por vida», afirmaciones que desataron una inmediata reacción de sectores comprometidos con la paz y con la implementación del Acuerdo.

Para Gloria Cuartas, este tipo de mensajes trascienden el debate político. En la denuncia sostiene que esas manifestaciones públicas pueden convertirse en un factor de riesgo para quienes actualmente desarrollan procesos de reincorporación y para las organizaciones que los representan. En el documento radicado ante la Fiscalía afirma que los hechos «ameritan el inicio de las investigaciones penales a que haya lugar» y reclama la adopción de medidas orientadas a proteger la vida, la integridad y la seguridad de los firmantes del Acuerdo Final y de sus familias.

La funcionaria también pidió que la Fiscalía preserve y practique análisis forense sobre los videos y publicaciones difundidas el pasado 14 de julio, además de verificar el alcance que tuvieron en plataformas digitales. De igual manera solicitó coordinar con la Unidad Nacional de Protección y con la Jurisdicción Especial para la Paz la actualización de la matriz de riesgo de Rodrigo Londoño y de los colectivos de reincorporación que podrían verse afectados por el incremento de la estigmatización.

Otro de los puntos más sensibles de la denuncia está relacionado con Pilar Rueda Jiménez. Cuartas considera que las expresiones dirigidas contra la funcionaria podrían constituir violencia política de género y pidió que las autoridades evalúen la adopción de las medidas previstas en la legislación colombiana para proteger a las mujeres frente a este tipo de conductas.

La controversia llega pocos días después de que la Unidad de Implementación del Acuerdo Final emitiera un duro comunicado en defensa de la institucionalidad creada tras la firma del pacto de paz de 2016. En ese pronunciamiento recordó que el Acuerdo Final no corresponde a una política de un gobierno determinado, sino a un compromiso de Estado protegido por el Acto Legislativo 02 de 2017 y respaldado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-630 de 2017.

La entidad enfatizó que el próximo periodo presidencial corresponde precisamente al último cuatrienio de protección constitucional reforzada del Acuerdo Final, por lo que advirtió que ninguna decisión administrativa puede desmantelar la arquitectura institucional encargada de garantizar su cumplimiento.

Según la Unidad, el Plan Marco de Implementación comprende actualmente 593 compromisos distribuidos entre más de 60 entidades nacionales. Además, incluye 68 medidas específicas para las mujeres, 104 acciones dirigidas a pueblos y comunidades étnicas y 67 indicadores orientados a los municipios PDET, territorios priorizados por haber sufrido con mayor intensidad el conflicto armado.

En su comunicado, la entidad también hizo un llamado directo a la Corte Constitucional para fortalecer el seguimiento al cumplimiento del Acuerdo y pidió a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de la ONU, al Fondo Multidonante para la Paz y a la comunidad internacional mantener la vigilancia sobre los compromisos asumidos por el Estado colombiano.

Mientras tanto, Rodrigo Londoño respondió a las declaraciones de De la Espriella durante una comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Allí aseguró que, «pese a las inmensas campañas de estigmatización y a los discursos de odio que desde unas privilegiadas tribunas se oponen a los procesos de paz», continuará comprometido con la reconciliación nacional. También afirmó que ha cumplido rigurosamente el Acuerdo Final y que seguirá haciéndolo.

La denuncia presentada por Gloria Cuartas llega antes de la posesión de la nueva administración nacional del próximo 7 de agosto. El caso queda en manos de la Fiscalía, que deberá establecer si las declaraciones denunciadas constituyen conductas penales.

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