¡Ojo con las donaciones del terremoto! Una fundación recién creada, cuya representante es la primera dama, recibe aportes para los damnificados con el impulso de políticos y grandes medios

La solidaridad nacional quedó atrapada entre una tragedia y una pregunta incómoda. La campaña Colombia, un solo corazón, liderada por Ana Lucía Pineda, tiene entre sus canales una fundación creada apenas el 7 de julio, cuya representante legal es la propia primera dama, abriendo interrogantes sobre transparencia, controles y manejo de donaciones.

La campaña presentada como símbolo de solidaridad nacional pone sobre la mesa una pregunta que Abelardo de la Espriella tiene que responder con absoluta claridad. La primera dama Ana Lucía Pineda encabeza una de las recolecciones de ayudas para las víctimas del terremoto del 10 de agosto y, entre los canales habilitados para recibir aportes económicos, aparece una fundación que lleva apenas unas semanas de existencia y cuya representante legal es ella misma.

La organización se llama Fundación Colombia Luz y Sonrisas y, según la información del Registro Único Empresarial y Social, RUES, fue matriculada el 7 de julio de 2026 con un patrimonio inicial de 10 millones de pesos. La reunión en la que se habría acordado su creación ocurrió el 20 de marzo, pero su constitución formal se produjo después de que De la Espriella ganara la segunda vuelta presidencial. La fundación estaría recibiendo miles de millones que han sido donados por los colombianos para ayudas.

Ese calendario es precisamente uno de los elementos que más preguntas genera. La campaña Colombia, un solo corazón fue anunciada por Pineda el 11 de agosto, apenas un día después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al Pacífico colombiano. Desde entonces, la iniciativa ha movilizado alimentos, agua, medicamentos, elementos de higiene y otros productos destinados a los damnificados. Para el 12 de agosto ya se habían gestionado más de 1.500 toneladas de víveres y suministros, además de más de 120.000 litros de agua potable.

La magnitud de la operación hace todavía más relevante conocer con precisión cómo se están manejando los recursos económicos. No se trata solamente de cuestionar que exista una fundación privada vinculada a una campaña de solidaridad. El punto delicado está en que la propia primera dama, quien lidera la iniciativa, figura como representante legal de una de las organizaciones habilitadas para recibir dinero. En la misma plataforma aparecen también, debajo de la mencionada fundación, la Corporación Organización El Minuto de Dios y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, Abaco, entidades con una verdadera trayectoria en labores sociales y humanitarias.

La pregunta resulta inevitable. ¿Por qué una organización constituida formalmente apenas el 7 de julio quedó entre los principales canales para recibir dinero de una campaña nacional de ayudas? 

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas fue creada con 10 millones de pesos. Ese capital inicial contrasta con la dimensión que adquirió posteriormente la campaña, que logró articular a grandes empresas, organizaciones sociales, entidades estatales y ciudadanos en una operación de emergencia que incluye transporte terrestre y aéreo.

En redes y medios de comunicación se ha señalado que el asunto exige transparencia. Lo que debe aclararse es cuánto dinero ha ingresado a la fundación, quién administra esos recursos, cómo se auditan, qué porcentaje ha sido efectivamente entregado a los damnificados y qué mecanismos existen para impedir cualquier conflicto de interés.

La situación resulta todavía más llamativa porque la primera dama no es una funcionaria pública. En redes se ha mencionado que su campaña corresponde a una iniciativa privada, pero ha tenido una exposición y una articulación considerable con instituciones oficiales.

Y ahí aparece otro punto sensible. La cuenta bancaria de la fundación fue difundida mediante canales del Estado como Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia e Inravisión. Además, algunos medios de comunicación publicaron un video invitando a los ciudadanos a realizar aportes a las cuentas de Colombia, un solo corazón, entre ellas la de la fundación de Pineda. En ese mismo mensaje se advertía que “ningún congresista debería estar pidiendo plata para su cuenta, o influencer o cualquier persona natural”.

La contradicción que puede percibir el ciudadano es difícil de ignorar. Se pide desconfiar de cuentas personales y utilizar canales verificados, pero una de las organizaciones que recibe aportes está legalmente representada por la misma persona que dirige la campaña. Y esto ocurre en medio de una emergencia nacional.

La campaña ha mostrado resultados importantes. El 15 de agosto, una caravana de 21 camiones salió de Medellín hacia Quibdó con más de 170 toneladas de ayuda humanitaria. También participaron tres aviones y empresas como Coca-Cola, Bavaria, Coordinadora, Servientrega, Grupo Olímpica, Latam Airlines Colombia, Fundación Santo Domingo, D1 y Tiendas Ara, además de los ministerios de Defensa y Transporte y el Ejército Nacional.

También se reportaron 3.800 unidades y 340 bultos de alimento para perros y gatos, gestionados con Nestlé Colombia, medicamentos canalizados hacia hospitales y la Cruz Roja Colombiana, además de cobijas, colchonetas, almohadas, sábanas y carpas para familias damnificadas.

Es decir, el volumen de la operación no es menor. La propia campaña informó de más de 30 puntos de recolección en diferentes lugares del país. Entre ellos se han mencionado espacios asociados a las llamadas Tigresas de la Patria, movimiento que acompañó políticamente a De la Espriella. También se ha señalado que algunas ayudas en especie fueron recibidas en lugares como Tigresas Arauca Capital y la Casa Abelardista en Barranquilla.

Este último elemento merece una explicación adicional. Una campaña de ayuda humanitaria debe tener una separación cristalina entre solidaridad, estructuras políticas y administración de recursos. La confianza pública depende precisamente de que esas fronteras sean evidentes.

Los documentos citados en medios nacionales muestran que la reunión para acordar la creación de la fundación ocurrió el 20 de marzo, meses antes del terremoto. Por eso no resulta razonable pedirle a la opinión pública que ignore la coincidencia temporal entre su constitución formal, el triunfo electoral de De la Espriella y su posterior participación en la recepción de recursos.

El problema no es solamente cuánto se ha recaudado. Es quién tiene las llaves de la caja. Hasta el momento, la campaña no ha hecho público un balance detallado de los recursos monetarios recibidos a través de cada organización. Sí existen cifras sobre las ayudas en especie y la logística desplegada. Se han reportado las más de 1.500 toneladas gestionadas, mientras Abaco informó posteriormente sobre cerca de 1,95 millones de kilogramos de productos administrados hasta el 16 de agosto.

Pero toneladas de alimentos y litros de agua no responden la pregunta sobre el dinero. La transparencia tendría que ir mucho más allá de mostrar camiones, fotografías de entregas y videos de solidaridad. Sería necesario conocer los movimientos financieros de la fundación, los convenios utilizados para administrar las ayudas, los mecanismos de auditoría y la trazabilidad de cada peso recibido. Porque en una tragedia de estas dimensiones la buena voluntad no puede reemplazar los controles. 

No basta con decir que se está ayudando. Tampoco basta con mostrar fotos de las donaciones. Es cuestionable que una fundación cuya representante legal es la propia primera dama reciba aportes económicos destinados a damnificados, por eso la ciudadanía tiene derecho a saber exactamente cuánto recibe, quién decide sobre esos recursos y cómo se garantiza que ningún peso termine destinado a fines distintos de la emergencia.

Y hay una pregunta todavía más incómoda que el Gobierno debería responder de frente. ¿Qué necesidad había de utilizar una fundación recién constituida como canal de donaciones cuando existen organizaciones con décadas de experiencia, controles establecidos y estructuras especializadas en manejo humanitario? La respuesta puede ser perfectamente legítima. Pero tiene que ser pública, documentada y verificable. Se trata de dinero destinado a personas que lo perdieron todo y, en este contexto, la transparencia es una obligación moral.

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