La escena que las madres del Catatumbo llevan años intentando evitar vuelve a aparecer, pero esta vez la denuncia apunta hacia otro actor armado del territorio. En La Gabarra, corregimiento de Tibú, Norte de Santander, la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz denunció públicamente que integrantes del Ejército Nacional habrían llegado a la zona para adelantar labores de reclutamiento que, según el señalamiento de la organización, habrían incluido a menores de edad.
La acusación golpea especialmente fuerte en una región donde hablar de niños y guerra ha sido una dura realidad. La guerra durante años ha dejado familias desplazadas, jóvenes desaparecidos y comunidades enteras bajo presión de estructuras armadas. “No parimos hijos e hijas para la guerra”, enfatizó la representante de la organización.
Ya en junio de 2025, autoridades de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura denunciaron que desde 2016 hasta ese momento se habían registrado 246 menores indígenas reclutados por distintos grupos armados en el Catatumbo.
Urgente‼️El ejercito se está llevando a los jóvenes del Catatumbo reclutados o secuestrados incluso sin importar que sean menores de edad! Al mejor estilo sionista! Hasta cuándo los grupos armados enfrentandose entre sí? Hasta cuando él ego y la ambición? Ya ni siquiera podrán… pic.twitter.com/MQHm7wrQXm
— Taurina FC (@Florcad16) August 18, 2026
Ahora, las madres que durante años han combatido el reclutamiento forzado de sus hijos aseguran sentirse nuevamente frente a una amenaza que consideran inadmisible. La diferencia es que esta vez el señalamiento no está dirigido exclusivamente contra las organizaciones armadas ilegales que operan en la región, sino contra integrantes de la institución militar encargada de la seguridad del Estado.
Carmen García, presidenta de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, expresó la indignación de la organización y recordó la lucha que las familias han sostenido para impedir que los menores terminen vinculados al conflicto.
“Nos queremos dirigir a ustedes con mucho respeto y decirles que la lucha que hemos dado las Madres del Catatumbo por la Paz para que los grupos al margen de la ley no recluten a nuestros niños ha sido grande en estos años”, manifestó García..
El reclamo de las mujeres tiene como telón de fondo una región donde la confrontación armada ha convertido a los jóvenes en una de las poblaciones más vulnerables. La disputa entre estructuras armadas ilegales ha profundizado el desplazamiento, las amenazas y el riesgo de reclutamiento. En abril de 2026, diferentes medios nacionales ya habían reportado alertas de familiares en la zona rural de Tibú por jóvenes que estarían siendo buscados y llevados por grupos armados ilegales.
Para las madres, el problema no termina cuando cambia el uniforme del actor que pretende incorporar a un joven. Su cuestionamiento apunta al riesgo de que una generación marcada por la violencia termine siendo enviada nuevamente al escenario que sus familias llevan años intentando abandonar. “No nos vamos a prestar para que ustedes ahorita vengan a llevarse nuestros niños del Catatumbo, que bastante han sufrido la violencia”, afirmó García.
Me llegan desde las propias comunidades del Catatumbo alertas que no podemos ignorar. Lo que está ocurriendo en el territorio muestra una escalada de violencia que debería tener al Gobierno en máxima alerta.
— Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) August 19, 2026
En apenas unos días se han acumulado combates, operaciones militares… https://t.co/wadYYw51Sf
La frase resume la dimensión de una disputa que va mucho más allá de un procedimiento militar. Para estas familias, el Catatumbo no puede convertirse en una cantera de combatientes, independientemente de quién porte las armas.
El reclamo se vuelve todavía más duro por el lugar en el que habría ocurrido el procedimiento. La Gabarra no es un territorio cualquiera. Es una zona rural de Tibú que ha padecido durante décadas los efectos del conflicto armado y donde comunidades indígenas y campesinas han denunciado reiteradamente la presión de grupos ilegales sobre niños y adolescentes.
En 2025, la comunidad barí alertó sobre el reclutamiento de cientos de menores. En uno de los casos reportados ese año, una niña barí de 12 años fue raptada con fines de reclutamiento y posteriormente regresó con su familia después de cinco días, tras gestiones de líderes y autoridades indígenas.
Ese antecedente ayuda a dimensionar por qué la denuncia actual provoca semejante reacción. En un territorio donde las familias ya han aprendido a desconfiar de las armas, cualquier señal de que un menor pueda terminar vinculado a un conflicto genera alarma inmediata.
García fue incluso más contundente al explicar el temor de las madres frente a la posibilidad de que los jóvenes terminen combatiendo en el mismo territorio que conocen desde niños. “Nos ha tocado a las madres enfrentarnos a los grupos armados para que ahora el Ejército Nacional venga a reclutar nuestros jóvenes en el territorio, para mandarlos a pelear en el mismo territorio donde ya tenemos un confrontamiento de dos guerrillas”, señaló.
Desde la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz (@del_madres), hicieron una denuncia pública contra el Ejército (@COL_EJERCITO) y el presidente Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), luego de afirmar que integrantes de la institución militar llegaron al corregimiento… pic.twitter.com/fAvpx1D0Wo
— Mauricio Vanegas (@Marovaan) August 19, 2026
El señalamiento, sin embargo, todavía necesita respuestas y verificaciones. La denuncia no establece por sí sola que el Ejército haya reclutado efectivamente menores. Lo que está sobre la mesa es una acusación de las madres que exige determinar qué procedimiento realizaron los militares en La Gabarra, quiénes fueron abordados, qué edades tenían y cuál era exactamente el propósito de la actividad.
La discusión tampoco puede separarse del drama que ya vive la juventud del Catatumbo. El conflicto ha afectado escuelas, familias y proyectos de vida. Un informe publicado en enero de 2026 describió cómo más de mil niños habían quedado sin clases en medio del recrudecimiento de la violencia y cómo la interrupción educativa incrementa la vulnerabilidad de los menores frente al reclutamiento.
Por eso, para las madres, el asunto no parece reducirse a quién tiene el control territorial. Lo que reclaman es que los niños y jóvenes permanezcan fuera de cualquier dinámica de guerra. “Los que están muriendo allí son nuestros jóvenes, ahora los jóvenes que no hemos prestado para la guerra, los jóvenes que nosotras hemos cuidado y que nos ha tocado dar hasta nuestras vidas, nuestra seguridad, nuestra integridad y nuestra familia para poder protegerlos”, expresó García.
La frase deja expuesta la herida de fondo. Las madres no están hablando únicamente de uniformes, fusiles o procedimientos de incorporación. Están hablando de hijos que han crecido en medio de una guerra que no escogieron y que, según su denuncia, podrían volver a quedar atrapados en ella.
Si se han fijado que los que se la pasaron en campaña llorando hipócritamente por los más de 18 mil niños reclutados por las FARC (en los gobiernos de derecha), andan muy callados con esta denuncia que hacen las Madres del Catatumbo de que el Ejército estaría reclutando niños… pic.twitter.com/NJAJMypKU1
— Físico Impuro (@FisicoImpuro) August 18, 2026
La Asociación Madres del Catatumbo por la Paz cerró su pronunciamiento con una declaración que se convirtió en el eje de su protesta y que resume el rechazo de la organización a cualquier forma de vinculación de sus hijos al conflicto. “No le vamos a permitir al Ejército Nacional que reclute uno de nuestros jóvenes en el territorio, porque nosotras, las Madres del Catatumbo, no parimos hijos e hijas para la guerra”, enfatizó García.
El ejército debe aclarar si hubo menores involucrados, cuál era el objetivo de la actividad y si se respetaron plenamente las garantías de protección de niños, niñas y adolescentes. En un territorio donde ya se cuentan por cientos las denuncias de menores captados por estructuras armadas ilegales, cualquier sospecha de una nueva forma de vinculación a la guerra exige una explicación clara.
El Catatumbo ya ha pagado un precio demasiado alto por la violencia. Sus madres lo saben, sus comunidades lo saben y los antecedentes lo demuestran. La denuncia contra el Ejército deberá ser investigada con rigor. Los niños y jóvenes de la región no deberían convertirse en soldados de ninguna guerra.
