La discusión alrededor de las fotomultas en la vía Barranquilla-Cartagena sacude mucho más que el mismo debate sobre siete cámaras de velocidad. Una frase de Rodrigo Lara, ministro del Gobierno de Abelardo de la Espriella, abrió la puerta para que Carlos Carrillo le respondiera recordando la condena que involucra al esposo de la ministra de Transporte, Elsa Noguera. El choque deja al descubierto la contradicción política.
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“Duro contra las mafias de las fotomultas”, escribió Lara en sus redes sociales, en medio de la polémica por las cámaras instaladas en el corredor que conecta Barranquilla con Cartagena. La respuesta de Carrillo es demoledora: “Ministro: La ministra Noguera está casada con un narcotraficante, no creo que sea particularmente dura contra las mafias”, escribió el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en una publicación dirigida directamente a Rodrigo Lara.
La frase es explosiva, pero detrás del enfrentamiento hay un hecho judicial documentado que conviene separar de cualquier interpretación política. Elsa Noguera no ha sido condenada ni investigada por los hechos relacionados con su esposo. Sin embargo, en los libros oficiales del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Barranquilla se puede verificar que Juan Carlos Hernández Lucarini, esposo de Noguera, fue condenado en segunda instancia en 2007 a 84 meses de prisión y al pago de 3.000 salarios mínimos mensuales vigentes por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.
Por instrucciones del presidente @ABDELAESPRIELLA revisaremos a fondo el funcionamiento de las fotomultas en todo el país. Las cámaras deben salvar vidas y prevenir siniestros, no convertirse en un negocio a costa de los ciudadanos. Donde encontremos abusos o irregularidades,… pic.twitter.com/cSoCRDKGH1
— Elsa Noguera (@elsanoguerabaq) August 23, 2026
Ese antecedente es el que Carrillo puso en el centro de la discusión cuando Lara decidió utilizar la expresión “mafias” para referirse a las fotomultas. El episodio vuelve especialmente incómodo el discurso oficial porque la propia ministra Elsa Noguera había intervenido en la controversia para solicitar que se suspendiera la entrada en operación de tres nuevas cámaras de velocidad en la autopista Barranquilla-Cartagena. Con esas nuevas cámaras, serían siete los dispositivos instalados en ese corredor, cuatro existentes y tres adicionales.
“Siete cámaras de velocidad en la autopista Barranquilla–Cartagena son excesivas”, escribió Noguera, quien además pidió a la Agencia Nacional de Seguridad Vial suspender la entrada en operación de los tres nuevos dispositivos. La ministra defendió su posición argumentando que “La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo”, sostuvo. El problema político apareció cuando Rodrigo Lara decidió elevar el tono y resumir su posición con una frase que parecía buscar contundencia. “Duro contra las mafias de las fotomultas”.
Fue justamente ese término el que Carrillo aprovechó para devolverle el golpe. Porque una cosa es cuestionar el modelo de las fotomultas, pedir que las cámaras cumplan una función preventiva y exigir que exista señalización adecuada. Otra muy distinta es hablar de “mafias” y presentar la discusión como una batalla contra estructuras criminales.
Carrillo decidió llevar esa lógica a una realidad que debe tener atención. El antecedente judicial del esposo de Noguera no es una acusación inventada en redes sociales. El proceso contra Hernández Lucarini también registra un beneficio de libertad condicional concedido en 2009 y la negación de una solicitud de extinción de pena en 2011.
Duro contra las mafias de las fotomultas https://t.co/EQpntwbkDP
— Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) August 21, 2026
Ese dato es fundamental porque permite entender la respuesta de Carrillo. Y aunque el pasado judicial corresponde a su esposo, no a la ministra, la pregunta política, sin embargo, permanece, ¿por qué el ministro decide hablar de “mafias” cuando en el entorno familiar de la ministra hay condenas por este tipo de delitos?
La vía Barranquilla-Cartagena es uno de los corredores estratégicos del Caribe y las cámaras de velocidad tienen un impacto directo sobre conductores, turistas, transportadores y habitantes de la región. La discusión se concentra en si siete dispositivos son necesarios, si están correctamente ubicados, si existe suficiente señalización y si realmente disminuyen los accidentes.
Carlos Granados, director del Tránsito del Atlántico, había explicado que después de la instalación de las cámaras se contemplaría un periodo de gracia, aunque la fecha dependía de permisos de la Agencia Nacional de Infraestructura. Desde el sector turístico también surgieron críticas. Mario Muvdi, presidente de Cotelco en el Atlántico, aseguró que las cámaras “perjudican a los turistas que llegan a Barranquilla por tierra”, afirmó, argumentando que el viaje podría hacerse más demorado y que los visitantes podrían evitar desplazarse por la zona.
Noguera, por su parte, aseguró que la discusión debía abordarse desde una perspectiva integral. Su propuesta incluye ingeniería, señalización, pedagogía y control. Hasta ahí, el debate podría mantenerse en el terreno técnico. Pero la intervención de Lara cambió el tono. Si un ministro dice “duro contra las mafias de las fotomultas”, no está simplemente defendiendo una política de seguridad vial. Está evocando criminalidad organizada, corrupción y estructuras clandestinas.
Y Carrillo respondió utilizando precisamente esa carga. Su mensaje puso al Gobierno frente a un espejo incómodo. Si se va a utilizar la palabra mafia como arma política, también resulta legítimo recordar los antecedentes judiciales que rodean a integrantes del círculo familiar de altos funcionarios. Eso no significa atribuir responsabilidad penal a Noguera, pero sí exigir coherencia en el lenguaje utilizado desde el poder.
Ministro: La ministra Noguera está casada con un narcotraficante, no creo que sea particularmente dura contra las mafias.
— Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) August 22, 2026
La condena de Hernández Lucarini ocurrió hace casi dos décadas y, como han señalado las fuentes que documentaron el caso, la responsabilidad penal correspondió exclusivamente a él. Por eso sería incorrecto trasladar automáticamente esa responsabilidad a Noguera. Pero también sería ingenuo pretender que el antecedente carece de relevancia política cuando la propia ministra ocupa una posición de poder y cuando un integrante del Gobierno decide presentar una controversia pública bajo el lenguaje de una supuesta lucha contra las mafias.
El punto que deja Carrillo sobre la mesa es, precisamente, la coherencia. Si se quiere combatir las estructuras ilegales, debe hacerse con investigaciones, decisiones judiciales y políticas públicas serias. Si se quiere discutir las fotomultas, deben presentarse estudios de accidentalidad, análisis técnicos, cifras y criterios claros para determinar dónde deben funcionar las cámaras.
Lo que no parece suficiente es recurrir a una frase contundente para convertir una discusión administrativa en una guerra contra “mafias”. Y menos aún cuando esa palabra termina provocando que alguien saque del archivo un expediente judicial que compromete a la pareja de una integrante del propio gabinete.
La polémica, por ahora, deja una conclusión política evidente. Las fotomultas pueden discutirse con datos, seguridad vial y criterios técnicos. Pero si el Gobierno decide llevar la discusión al terreno de las “mafias”, también tendrá que aceptar que sus propios antecedentes políticos y familiares sean examinados bajo el mismo reflector.
