Miguel Uribe Turbay fue asesinado después de un atentado que estremeció al país y, poco más de un año después, hasta su nombre enfrenta una batalla dentro de su propia familia. Su padre, Miguel Uribe Londoño, y su viuda, María Claudia Tarazona, mantienen solicitudes enfrentadas para obtener protección marcaria sobre la misma identidad ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
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La pelea no es únicamente simbólica. Quien consiga el registro podría obtener derechos exclusivos sobre determinados usos de “Miguel Uribe Turbay” en actividades que incluyen publicidad, promoción política, proyectos comunitarios, voluntariado y beneficencia. El expediente pone frente a frente al padre del político asesinado y a su esposa, quien actúa además en defensa de los intereses de Alejandro, hijo menor de la pareja.
Todo comenzó formalmente el 22 de abril de 2026. Miguel Uribe Londoño acudió a la SIC y solicitó registrar “Miguel Uribe Turbay” dentro de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. El trámite incluye servicios relacionados con publicidad, promoción, actividades políticas, organizaciones benéficas, gestión de negocios y proyectos desarrollados con voluntarios.
👊 María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño se enfrentan por el registro de la marca ‘Miguel Uribe Turbay’. La disputa llegó ante la SIC y ocurre en medio de las diferencias que han marcado a la familia del senador y aspirante presidencial asesinado.
— CAMBIO (@estoescambio) September 30, 2026
Así avanza el caso.…
La solicitud resulta especialmente llamativa por su alcance político. Entre los servicios aparecen la promoción sobre asuntos políticos, sensibilización de votantes y actividades relacionadas con posibles donantes y voluntarios. Es decir, la discusión no gira únicamente alrededor de homenajes familiares o recuerdos privados. El registro solicitado puede alcanzar usos públicos vinculados precisamente con el terreno donde Miguel Uribe Turbay construyó buena parte de su reconocimiento nacional.
María Claudia Tarazona decidió oponerse. Según la reconstrucción de la abogada especializada en derecho comercial Andrea Osorio, su argumento sostiene que Alejandro, hijo de Miguel Uribe Turbay, debe ser reconocido dentro de los derechos patrimoniales asociados con el nombre y la imagen de su padre. Al tratarse de un menor de edad, Tarazona actúa como su representante legal dentro de la controversia.
“El verdadero heredero de los derechos del nombre y la imagen de Miguel Uribe Turbay es su hijo Alejandro”, explicó Osorio al resumir la posición planteada por Tarazona. La discusión jurídica, sin embargo, no está resuelta y esa afirmación corresponde al argumento de la parte opositora. Será la SIC la encargada de establecer qué derechos sucesorales están acreditados y qué consentimientos son necesarios.
Pero la controversia dio otro giro. Tarazona no se quedó únicamente en bloquear la petición presentada por su suegro. El 30 de julio de 2026 radicó su propia solicitud para registrar “Miguel Uribe Turbay”. La nueva petición también comprende servicios vinculados con voluntariado, beneficencia, promoción de donaciones, proyectos comunitarios, publicidad y participación política. Dos familiares terminaron así solicitando protección sobre una misma denominación.
🔸"La muerte de Miguel Uribe valió la pena si Cepeda no gana las elecciones".
— ♦️ JΛNDR3S (@JANDR3S__) March 25, 2026
Así habla María Claudia Tarazona sobre el crimen de su esposo y padre de su hijo.
Es desconcertante hasta dónde llegan por ambición y por poder politico. pic.twitter.com/SgNAl7OD81
El resultado es una escena familiar difícil de ignorar. Miguel Uribe Londoño pretende obtener el registro del nombre de su hijo asesinado y María Claudia Tarazona se opone alegando los derechos de Alejandro, pero simultáneamente busca ella misma el registro. La SIC tendrá que examinar las dos pretensiones sin convertir automáticamente la condición de padre, esposa o hijo en un derecho exclusivo sobre la identidad del fallecido.
La legislación agrega todavía más obstáculos. La Decisión 486 de la Comunidad Andina impide registrar signos cuando puedan afectar indebidamente derechos de terceros sobre elementos como su nombre, imagen o prestigio sin el consentimiento correspondiente. Cuando la persona ha fallecido, la discusión pasa por quienes hayan sido declarados herederos y estén jurídicamente facultados para autorizar determinados usos de esa identidad.
Eso significa que la batalla no necesariamente terminará con un vencedor entre Tarazona y Uribe Londoño. Especialistas del tema consideran posible que ninguna de las partes consiga apropiarse individualmente de la marca si no demuestra los consentimientos requeridos. Otra salida podría surgir de un acuerdo familiar que establezca una fórmula conjunta para administrar determinados usos del nombre.
La controversia adquiere una dimensión adicional porque no ocurre entre familiares que hayan permanecido unidos públicamente alrededor del legado del senador. Las diferencias entre María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño ya habían quedado expuestas durante la campaña presidencial de 2026, especialmente por las decisiones políticas adoptadas después del asesinato de Miguel Uribe Turbay.
Tarazona respaldó públicamente a Paloma Valencia durante la campaña. Uribe Londoño, en cambio, cuestionó duramente ese apoyo y sostuvo que Valencia y Álvaro Uribe estaban utilizando políticamente a su nuera. También afirmó que su hijo había sufrido por los enfrentamientos internos ocurridos antes del atentado. Aquella controversia mostró públicamente que padre y viuda tenían interpretaciones diferentes sobre cómo continuar el legado político de Miguel.
Si hasta su propio entorno convierte la memoria de Miguel Uribe en instrumento político, queda claro que no es casualidad, es una estrategia. Qué dolor escuchar a María Claudia Tarazona. pic.twitter.com/590gFCITLJ
— Alejandro Ocampo (@alejoocampog) March 26, 2026
María Claudia también había cuestionado la manera como el nombre de su esposo estaba entrando en las disputas políticas. Llegó a afirmar que no podía concebir que “el nombre de Miguel sea usado para dividir”. Posteriormente explicó que comenzó a distanciarse de su suegro porque consideraba que estaba utilizando el nombre de su hijo de una manera que ella rechazaba.
Miguel Uribe Londoño tomó posteriormente su propio camino político. Tras participar en la carrera presidencial de 2026 y quedar fuera de la contienda definitiva, terminó respaldando a Abelardo de la Espriella. En agosto, ya con De la Espriella en la Presidencia, Uribe Londoño fue designado embajador de Colombia en el Reino Unido. Las posiciones políticas ayudan a entender el contexto familiar y el enorme valor simbólico del nombre, pero la controversia que actualmente estudia la SIC es jurídicamente un procedimiento de propiedad industrial.
El valor del nombre tampoco puede medirse únicamente en dinero. Miguel Uribe Turbay era senador y precandidato presidencial cuando recibió varios disparos durante un acto político realizado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en Bogotá. Permaneció hospitalizado durante más de dos meses y murió el 11 de agosto, convirtiendo su nombre en símbolo político para numerosos seguidores.
Después de su asesinato aparecieron homenajes, iniciativas y discursos políticos alrededor de su memoria. Precisamente por eso una marca puede tener consecuencias que superan la comercialización tradicional. Cambio señala que obtener el registro permitiría controlar determinados usos en los servicios protegidos y autorizar proyectos desarrollados bajo esa denominación, incluidas actividades relacionadas con promoción política, beneficencia y participación ciudadana.
La batalla jurídica también tiene abogados claramente definidos. María Claudia Tarazona está representada por Felipe Serrano Pinilla, Juan Diego Martínez García y la firma Serrano Martínez CMA. Miguel Uribe Londoño cuenta con la representación de Isabel Cristina Camargo Cerón. Será la SIC la que deberá estudiar los documentos y argumentos presentados por ambos equipos antes de decidir.
Serrano Martínez CMA tiene experiencia en competencia, derecho corporativo, protección de datos, litigios y planeación patrimonial. Felipe Serrano fue jefe de asesores del superintendente de Industria y Comercio y ejerció como superintendente encargado. La controversia familiar llega así a la autoridad marcaria acompañada por equipos jurídicos especializados y con argumentos que abarcan propiedad industrial, sucesiones y derechos sobre la identidad.
María Claudia Tarazona
— ♦️ JΛNDR3S (@JANDR3S__) May 12, 2026
En febrero
🔸"Por supuesto que lo voy a apoyar, es el papá de Miguel. No voy a hacer campaña, no me lo permite mi duelo. Si fuera a apoyar a alguien, pues apoyo a mi suegro"
Ahora
🔸"Yo decido apoyar a Paloma Valencia porque esa fue la voluntad de Miguel" pic.twitter.com/9DVNdbVNjc
La abogada Andrea Osorio ha señalado otro elemento central. La discusión no puede resolverse preguntando simplemente quién tiene un vínculo afectivo más fuerte con Miguel Uribe Turbay. La SIC debe estudiar si existe autorización válida de quienes jurídicamente poseen derechos sobre el nombre y la imagen, además de establecer si alguna de las solicitudes incurre en una causal que impida conceder el registro.
José Miguel De la Calle, socio de Quadratum, también advirtió que la condición de heredero no permitiría automáticamente apropiarse individualmente del nombre mediante una marca y excluir a los demás. Por eso existe una posibilidad especialmente llamativa en este enfrentamiento familiar. Si ninguno acredita todos los consentimientos necesarios, la autoridad podría terminar negando ambas solicitudes.
Juan Felipe Acosta, director regional para Latinoamérica de ClarkeModet, pidió igualmente evitar sentencias anticipadas sobre quién debería quedarse con el registro. El análisis debe determinar si Miguel Uribe Turbay dejó alguna autorización sobre el uso de su identidad y, en ausencia de ella, estudiar las normas sucesorales, las pruebas aportadas y quiénes están jurídicamente legitimados para disponer de esos derechos.
La contradicción familiar resulta inevitable. El hombre cuyo asesinato provocó homenajes públicos, discursos sobre unidad y llamados a preservar su legado tiene ahora su nombre escrito en dos solicitudes diferentes ante una autoridad administrativa. Su padre lo solicitó primero. Su viuda se opuso alegando los derechos de su hijo Alejandro y, tres meses después, presentó otra petición sobre la misma denominación.
La SIC tendrá la última palabra. Puede determinar que alguna de las partes reúne los requisitos legales, exigir que se acrediten las autorizaciones correspondientes o terminar sin conceder la exclusividad pretendida. Lo que ya quedó expuesto públicamente es una fractura familiar alrededor de algo profundamente sensible. No se discute una propiedad cualquiera, sino quién puede proteger y utilizar como marca el nombre de Miguel Uribe Turbay.
