Las 602 casas que Daniel Briceño exhibió orgullosamente como parte de su estrategia electoral son el centro de una denuncia penal. Juliana Beltrán llevó el caso hasta la Corte Suprema de Justicia y pidió establecer por qué esos inmuebles, utilizados para reuniones, publicidad y actividades proselitistas, no aparecen individualizados como aportes en especie dentro de las cuentas electorales del congresista. La denuncia pide investigar la posible comisión de falsedad en documento privado y fraude procesal.
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El número golpea directamente uno de los argumentos con los que Briceño promocionó su campaña. Después de conseguir 262.104 votos, aseguró que había gastado aproximadamente $410 millones y sostuvo que con ello le “ahorramos a Colombia” más de $1.800 millones en reposición. Ahora la inquietud planteada ante la Corte es ¿Ese costo incluía realmente el valor atribuible al uso temporal de las 602 casas?
La denuncia fue presentada por la abogada Juliana Beltrán ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, competente para conocer actuaciones contra congresistas aforados. Beltrán solicitó investigar la posible comisión de falsedad en documento privado y fraude procesal. La presentación de la denuncia no significa que Briceño haya cometido esos delitos y corresponderá al alto tribunal determinar si existe mérito para avanzar.
#ImpactoCP | Después de la primicia dada en vivo por Cuestión Pública sobre la denuncia radicada en la Corte Suprema contra Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático, por presuntas irregularidades relacionadas con las 602 “casas-sede” que anunció durante… pic.twitter.com/8S4YES1ZP5
— Cuestión Pública (@cuestion_p) October 1, 2026
El origen del problema está en una estrategia de campaña. La propia página electoral de Briceño invitaba a sus seguidores con mensajes como “Registra tu Casa Sede” y “Ayúdanos a organizar la campaña en tu barrio”. Allí definía una Casa Sede como un espacio ofrecido voluntariamente por una persona o familia para desarrollar actividades de campaña de manera organizada y cercana.
Beltrán relató en Cuestión Pública que la convocatoria habría comenzado desde el 16 de enero. Según su denuncia, las viviendas podían servir para distribuir propaganda, recoger material publicitario, celebrar reuniones y desarrollar actividades proselitistas. Briceño, además, las denominó públicamente “Casa Sede”, expresión que ahora adquiere relevancia porque la discusión jurídica consiste precisamente en establecer cómo debía reportarse electoralmente ese uso gratuito.
La abogada sostiene que revisó el informe general de ingresos y gastos y no encontró esas casas en el formato correspondiente a contribuciones, donaciones y créditos entregados por particulares en dinero o especie. Su tesis es que permitir temporalmente el uso de un inmueble para desarrollar actividades electorales representa un aporte susceptible de valoración económica y, por consiguiente, debía quedar registrado dentro de las cuentas.
La controversia tiene detrás una norma concreta. La Resolución 10753 del 5 de noviembre de 2025 reglamentó la presentación de los informes de ingresos y gastos electorales y estableció el uso obligatorio del aplicativo Cuentas Claras para las campañas. El Consejo Nacional Electoral posteriormente expidió lineamientos específicos para la presentación de esos reportes durante las elecciones de 2026.
Hoy interpuse denuncia penal contra Daniel Briceño @Danielbricen ante Corte Suprema de Justicia, por los hechos relacionados con las 602 “casas-sede” que utilizó durante su campaña.
— Juliana Beltrán 🇨🇴🇧🇷 (@julibmoya) September 30, 2026
El propio Briceño anunció esta estructura y posteriormente afirmó que 602 familias habían abierto…
Según la interpretación expuesta por Beltrán, la regulación obliga a cuantificar a precio comercial la destinación gratuita y temporal de bienes muebles e inmuebles utilizados electoralmente y reportarla como donación en especie. En la entrevista, los periodistas de Cuestión Pública citaron precisamente esa disposición y preguntaron si cada casa y su respectivo valor debieron aparecer registrados. La abogada respondió que ese es el fundamento de su denuncia.
El problema aritmético tampoco es menor. No se está hablando de una casa, diez viviendas o algunas reuniones espontáneas entre vecinos. La cifra invocada es 602. Beltrán sostiene que habría sido necesario establecer quién permitió utilizar cada inmueble y calcular económicamente ese aporte, teniendo en cuenta las características particulares de cada propiedad y el periodo durante el cual habría estado disponible para actividades electorales.
Ahí aparece el contraste con los números que Briceño divulgó después de las elecciones. El representante obtuvo 262.104 votos y calculó que, a $8.433 por sufragio, su resultado permitiría una reposición máxima de aproximadamente $2.210 millones. Sin embargo, aseguró haber gastado cerca de $410 millones y afirmó que únicamente solicitaría ese valor, presentando la diferencia de unos $1.800 millones como un “ahorro para Colombia”.
Precisamente esa proclamada austeridad hace más sensible la denuncia. Si la Corte concluyera que las casas constituían aportes en especie que debían cuantificarse, tendría que determinarse su tratamiento dentro de los reportes electorales y sus eventuales consecuencias. Eso todavía no ha ocurrido. Por ahora existe una denuncia y una discusión jurídica sobre el alcance de las obligaciones de reporte, no una sentencia ni una declaración de responsabilidad contra Briceño.
Beltrán explicó además por qué considera relevante conocer quién estaba detrás de cada vivienda. “Ahí se pierde la transparencia”, sostuvo al señalar que identificar a los aportantes permite verificar posibles restricciones legales y conocer quién contribuyó materialmente a una candidatura. La abogada aclaró expresamente que no estaba asegurando que Briceño hubiera gastado dinero adicional, sino cuestionando la ausencia del reporte que considera obligatorio.
El representante @danielbricen tiene que explicarle al país por qué no declaró las casas-sede que él mismo dijo que hicieron parte de su campaña.
— Yeisson Sua Cajamarca Zapata (@yeisoncajamarca) September 30, 2026
La ley es clara para todos quienes participamos en procesos electorales. Ya hubo ruido por su salida del Concejo, ahora por la… https://t.co/m3RXu0fwmH
La discusión resulta todavía más llamativa por el perfil público del congresista. Briceño construyó buena parte de su reconocimiento político realizando denuncias sobre contratación, gastos públicos y actuaciones del gobierno de Gustavo Petro. Incluso después de las elecciones defendió reiteradamente la austeridad de su propia campaña y cuestionó los costos y reposiciones de otros candidatos. Ahora son precisamente sus cuentas electorales las que fueron puestas bajo examen judicial.
El expediente apenas comienza su recorrido. La Sala Especial de Instrucción deberá asignar la denuncia a un despacho y determinar si los hechos ameritan una actuación judicial. Beltrán lo resumió durante la entrevista al reconocer que su papel consistió en poner los hechos en conocimiento de la Corte y que serán los magistrados quienes decidan si existe mérito para investigar o si el asunto debe archivarse.
Las 602 casas dejan así un escenario mucho más grande que el tamaño de cada vivienda. Briceño hizo de la austeridad una bandera, presentó públicamente una campaña cercana a los $410 millones y utilizó las casas-sede como demostración de movilización ciudadana. Ahora la justicia deberá establecer algo mucho más concreto y menos publicitario, si esos espacios debieron aparecer, con nombre y valor, dentro de las cuentas electorales que presentó.
