Treinta mil libros y documentos históricos podrían quedar desplazados de la Biblioteca Marco Fidel Suárez para abrir espacio a una capilla en la Cancillería colombiana. La denuncia señala que el Gobierno de Abelardo de la Espriella estaría preparando la clausura del recinto. Entre sus fondos figuran aproximadamente 2.000 ejemplares considerados patrimonio histórico nacional.
Le puede interesar: ¡La ONU lanza un mensaje alarmante! 57.000 damnificados del terremoto se quedarían sin ayuda humanitaria bajo el gobierno de Abelardo
Le puede interesar: “No sea mentiroso, Abelardo”: De La Espriella se atribuye las ambulancias del Chocó que Petro dejó financiadas: ¡Lo pillaron!
El posible cierre de la biblioteca desata otra controversia cultural tras el retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional. Según versiones periodísticas, el Gobierno buscaría convertir en capilla este espacio del Palacio de San Carlos, antigua residencia de Simón Bolívar, que conserva constituciones históricas, tratados internacionales, mapas y correspondencia de protagonistas de la independencia colombiana.
Entre los documentos de la biblioteca aparecen cartas atribuidas al Libertador Simón Bolívar, al general Daniel Florencio O’Leary y al científico Francisco José de Caldas. La eventual reubicación de estas piezas exigiría medidas especializadas de inventario, conservación y transporte. Hasta ahora, no se ha identificado un destino para la totalidad del material.
Muy pronto anunciarán, en esta avalancha de sin sentidos, el decreto que cierra la Biblioteca de la Cancillería, con 30.000 volúmenes, para montar allí una capilla. Son 2.000 libros patrimoniales y 28.000 más que conforman un acervo esencial para la academia diplomática. Eso.
— Juan David Correa (@jdcorreau) October 15, 2026
La controversia comenzó a tomar forma después del 21 de septiembre, fecha desde la cual la biblioteca modificó sus servicios habituales. La Cancillería había anunciado tres días antes un cierre parcial y temporal destinado al inventario, valoración y organización de las colecciones. Esa explicación oficial contrasta con las versiones de fuentes anónimas que hablan de una transformación permanente del espacio.
El comunicado institucional del 18 de septiembre estableció que los usuarios externos podían seguir consultando materiales mediante cita previa. También mantuvo las reservas para funcionarios, los préstamos interbibliotecarios y la devolución de libros en horarios específicos. Lo que sí quedó suspendido fue el préstamo de las instalaciones para reuniones y eventos, mientras se adelantaban las labores técnicas anunciadas.
Las denuncias que se han realizado apuntan directamente al entorno del canciller Omar Bula. Según Diario Red, desde su llegada al Ministerio se realizan ceremonias religiosas semanales en el espacio de la biblioteca. El medio sostiene que el despacho ministerial habría ordenado retirar los ejemplares para destinar el recinto al culto.
El señor @omarbula está cerrando la Biblioteca de la @CancilleriaCol que cuenta con 30 mil ejemplares, de los cuales 2 mil son patrimonio. Piensan volverla una capilla, son alérgicos a los libros y sus saberes. Los ilegítimos no llegaron a gobernar a Colombia, sino a desmontarla.
— Moisés Ninco Daza (@MoisesNinco_) October 16, 2026
La exembajadora Arlene Tickner también aparece mencionada en la información del caso. En una declaración suya sobre la presencia de sacerdotes en el Palacio de San Carlos, a quienes describió «echando agua bendita y pidiendo que el funcionariado se libere de todo mal y peligro». El episodio alimenta las preguntas sobre el lugar que ocupan las prácticas religiosas en una institución pública.
La Biblioteca Marco Fidel Suárez está administrada por la Academia Diplomática y se especializa en ciencias sociales, relaciones internacionales, derecho internacional, historia y política exterior. La propia Cancillería la presenta como un espacio público dedicado a preservar y difundir el patrimonio cultural. Su oferta incluye colecciones patrimoniales, publicaciones periódicas, tesis y salas de lectura para investigadores y ciudadanos.
El posible cambio de destinación adquiere especial relevancia por la controversia del Museo Nacional. Allí, el retiro de más de 30 objetos relacionados con movimientos sociales, diversidad y memoria política provocó pronunciamientos de instituciones culturales y movilizaciones ciudadanas. Los críticos del Gobierno cuestionaron la autonomía curatorial y advirtieron sobre los riesgos de modificar relatos históricos por criterios ideológicos.
De la Espriella ha defendido públicamente una «contrarrevolución cultural», expresión que sus críticos relacionan con las recientes decisiones sobre instituciones patrimoniales. La responsabilidad administrativa y la existencia de un eventual decreto siguen siendo aspectos pendientes de urgente confirmación documental por parte de la Cancillería.
El traslado de colecciones patrimoniales requeriría garantías de conservación, trazabilidad y acceso ciudadano. Cualquier decisión sobre el espacio debería explicar sus fundamentos, el inventario de los bienes y las condiciones de su eventual reubicación. Otra vez la actual administración enfrenta preguntas concretas sobre el futuro de uno de los archivos especializados de la diplomacia colombiana. La Cancillería debe aclarar si existe un proyecto para convertir la biblioteca en capilla, si sus colecciones permanecerán en el Palacio de San Carlos y cuándo se restablecerá la atención habitual. La incertidumbre sobre miles de documentos históricos exige respuestas verificables.
