El FMI prende las alarmas y exige medidas urgentes al gobierno de Abelardo para evitar un mayor golpe a la economía colombiana

El Fondo Monetario Internacional lanzó una severa advertencia sobre las finanzas colombianas. Con una deuda cercana a $1.200 billones, un desbalance fiscal de $70 billones y proyecciones de mayor desempleo e inflación, Abelardo de la Espriella enfrenta interrogantes sobre cómo estabilizar las cuentas públicas nacionales.

Una deuda pública cercana a los 1.200 billones de pesos y un desbalance de aproximadamente 70 billones entre ingresos y gastos encendieron las alarmas del Fondo Monetario Internacional. El organismo advirtió que la trayectoria fiscal de Colombia no es sostenible. Abelardo de la Espriella tiene que presentar medidas concretas para estabilizar las cuentas nacionales. La preocupación en muchos sectores es que esas medidas afecten a los más vulnerables y favorezcan a los más ricos del país.

La advertencia llegó cuando el Gobierno negocia el rumbo del presupuesto, prepara una nueva estrategia de recaudo y busca acompañamiento internacional. El FMI calcula que la deuda pública equivale aproximadamente al 60 por ciento del producto interno bruto, mientras el déficit primario alcanza el 3,5 por ciento. Las cifras plantean interrogantes sobre la capacidad del Estado para financiar sus obligaciones futuras. Las deudas adquiridas por los gobiernos de derecha durante décadas tienen ahora contra las cuerdas al país. 

Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, expresó la preocupación del organismo durante las reuniones anuales celebradas en Bangkok. «Esta situación no es sostenible ni viable», afirmó, según recogió Portafolio. El funcionario pidió un esfuerzo concertado para reducir el endeudamiento y confirmó conversaciones con las autoridades colombianas sobre alternativas de política económica.

El Fondo anunció que una misión técnica viajará a Bogotá a principios de noviembre de 2026 para evaluar las condiciones fiscales y posibles mecanismos de acompañamiento. Las opciones mencionadas incluyen asesoramiento económico, asistencia técnica y eventualmente financiación. Sin embargo, la visita no significa que exista un préstamo aprobado ni que Colombia haya suscrito un programa de ajuste con el organismo.

El Gobierno ya había solicitado una evaluación independiente de la economía colombiana. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el vicepresidente José Manuel Restrepo sostuvieron conversaciones con Nigel Clarke, director adjunto del FMI. Según Noticias Caracol, el Estado registra gastos mensuales cercanos a 40 billones de pesos frente a ingresos aproximados de 29 billones.

De la Espriella propone enfrentar el desequilibrio mediante una mayor recaudación tributaria, sin aumentar inicialmente las tarifas de impuestos. «Vamos a combatir la evasión como nunca antes», aseguró el mandatario. También defendió la revisión de exenciones y subsidios que considera innecesarios, aunque todavía no se ha presentado una propuesta legislativa detallada sobre los beneficios que serían modificados.

De la Espriella calcula que los beneficios y tratamientos especiales del sistema tributario representan entre 100 y 130 billones de pesos. Sin embargo, esa estimación no equivale a dinero que pueda recuperarse inmediatamente. Las exenciones incluyen tratamientos diferenciados para determinados bienes, actividades e inversiones, por lo que cualquier modificación requiere evaluar sus efectos económicos y sociales.

Entre los beneficios existentes figuran exclusiones del IVA para alimentos básicos como arroz, papa, yuca y plátano. También hay incentivos asociados al ahorro pensional voluntario, cuentas AFC, cesantías y vehículos eléctricos. Algunas donaciones e inversiones ambientales pueden generar descuentos tributarios de hasta el 25 por ciento, sujetos al cumplimiento de requisitos legales. Todo esto podría entrar a revisión y ajuste.

El exdirector de la Dian Jairo Villabona cuestionó la acumulación de tratamientos preferenciales en el sistema tributario. Según explicó, la cantidad de beneficios dificulta conseguir ingresos suficientes y obliga a discutir periódicamente nuevas leyes de financiación. Su análisis introduce otra pregunta sobre la estrategia presidencial y la capacidad real de recaudar más sin elevar impuestos.

Las proyecciones macroeconómicas tampoco ofrecen un panorama sencillo. Según el informe de octubre del FMI, Colombia crecería 2,2 por ciento en 2026 y 2,3 por ciento en 2027. Ambas cifras quedarían por debajo del promedio previsto para América Latina y el Caribe, estimado en 2,3 y 2,5 por ciento, respectivamente.

La inflación promedio anual también podría aumentar del 5,1 por ciento registrado en 2025 al 6 por ciento en 2026, antes de moderarse al 5,7 por ciento en 2027. El desempleo, según las mismas proyecciones, pasaría del 8 por ciento en 2025 al 9 por ciento en 2026 y alcanzaría el 10 por ciento durante 2027.

El deterioro previsto incluye el sector externo. El FMI proyecta que el déficit de cuenta corriente aumentará del 2,6 por ciento del PIB en 2026 al 3,4 por ciento en 2027. Este indicador refleja las necesidades de financiación externa de la economía y constituye otro factor que las autoridades deberán considerar al definir sus políticas fiscales y económicas.

La administración De la Espriella atribuye buena parte del deterioro fiscal a las decisiones del Gobierno anterior. Sin embargo, la misma advertencia del FMI se refiere a la sostenibilidad de las finanzas públicas y no constituye una atribución de responsabilidad a una administración. 

La cuestión consiste en convertir las promesas de mayor recaudo, control del gasto y recuperación de la confianza en medidas verificables y que no impacten en los colombianos de menores recursos. La visita del FMI permitirá examinar las propuestas oficiales, pero no sustituye las decisiones presupuestales del Gobierno y del Congreso. Con una deuda creciente y perspectivas de menor crecimiento, la discusión sobre las finanzas públicas seguirá siendo decisiva.

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