Abelardo de la Espriella está bajo la lupa de la justicia por convertir la presentación de presuntos criminales capturados en un espectáculo de insultos y humillaciones. Un juez de Antioquia pidió que lo investigaran por sus expresiones contra alias Primo Gay y otros detenidos. Aunque las capturas fueron declaradas legales, De la Espriella deberá enfrentar el examen de sus actuaciones ante la Comisión de Acusación.
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La estrategia de mano dura de Abelardo estuvo a punto de comprometer los resultados de los operativos de la Fuerza Pública. El juez consideró declarar ilegales dos capturas por el trato dado a los detenidos. Finalmente las avaló, pero cuestionó las expresiones despectivas del presidente y ordenó investigar también a los funcionarios que permitieron su exhibición pública.
El procedimiento se relaciona con la captura de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, realizada el 14 de noviembre en zona rural de Briceño, Antioquia. También involucra a Henry Sneyder Herrón Serna. Ambos estarían vinculados al Clan del Golfo, organización armada señalada de múltiples hechos de violencia y actividades criminales en distintas regiones del país.
El juez que legalizó la captura de alias ‘Primo Gay’ también ordenó compulsar copias a la Comisión de Investigación Acusación de la Cámara de Representantes para que examine las presuntas “expresiones totalmente despectivas” con las que el presidente Abelardo De La Espriella se refirió al cabecilla del Clan del Golfo. Además, compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para que establezca si es necesaria la identificación de funcionarios públicos que presuntamente ordenaron, “la exhibición de los capturados ante medios de comunicación”. #VocesySonidos
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Durante la presentación de los detenidos, De la Espriella utilizó expresiones que el despacho judicial consideró contrarias al respeto de su dignidad. El juez cuestionó las palabras dirigidas a los capturados y solicitó que las autoridades competentes examinen si las intervenciones del presidente constituyeron una vulneración de garantías constitucionales.
La decisión fue remitida a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, organismo encargado de examinar posibles responsabilidades del presidente en el ejercicio de sus funciones. El juez también envió copias a la Procuraduría General de la Nación para establecer si funcionarios públicos participaron en la organización o autorización de la exhibición de los detenidos.
El caso también incluye a alias Pata de Palo, capturado el mismo 14 de noviembre en zona rural de Montería, Córdoba. El detenido, señalado como segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo, protagonizó un intercambio con el mandatario. De la Espriella defendió su actuación y sostuvo que había exigido su captura por considerarlo integrante de una organización criminal.
"Ni siquiera te atrevas a dirigirme la palabra". 🔸Abelardo se descompuso, hasta se lleva la mano al cuello. No esperaba que el capturado le respondiera con tanta serenidad ni que le plantara cara de esa manera. Esta vez no pudo decirle que le veía el miedo en los ojos. https://t.co/M6E8AYGPsE
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Especialistas han adviertido que los señalamientos públicos pueden comprometer la presunción de inocencia y generar dificultades en los procesos judiciales posteriores. La exministra de Justicia Ángela María Buitrago explicó que la condición de jefe de Estado impone responsabilidades especiales. Según su análisis, el presidente debe respetar la dignidad humana, el derecho a la defensa y el debido proceso. La funcionaria recordó que las expresiones de una autoridad tienen consecuencias distintas a las de cualquier ciudadano particular.
Un elemento fundamental del caso es que las capturas no fueron anuladas. Según se informó en el acta del juzgado, el despacho legalizó las detenciones, avaló la imputación de la Fiscalía y aprobó la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
El caso plantea una cuestión que trasciende la controversia política. La captura de presuntos integrantes de organizaciones criminales constituye una actuación relevante para la seguridad, pero su eficacia depende también de procedimientos legales sólidos. La Comisión de Acusación y la Procuraduría deberán examinar los hechos, mientras los procesos penales avanzan bajo las garantías constitucionales que protegen a todos los ciudadanos.





