Putumayo volverá a mirar hacia el cielo con preocupación. Abelardo de la Espriella autorizó un plan piloto de aspersión aérea contra cultivos de coca utilizando glufosinato de amonio, una sustancia que aparece en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud dentro de la Clase II de peligrosidad aguda. El glifosato, durante años como riesgoso símbolo de la fumigación colombiana, figura en una categoría inferior.
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La operación está prevista para iniciar el 15 de septiembre. La discusión, por lo tanto, no se desarrolla en un laboratorio aislado, sino encima de un territorio habitado por familias campesinas que podrían quedar expuestas a las consecuencias de cualquier experimento operativo. La clasificación de la OMS ubica al glufosinato de amonio como moderadamente peligroso por toxicidad aguda. La decisión exige, precisamente por eso, una vigilancia científica muchísimo más rigurosa. Estas decisiones abren una enorme problemática ambiental, sanitaria y jurídica.
La prueba será ejecutada por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y utilizará dos aeronaves AT-802. El propio organismo confirmó que se trata de una fase “experimental” destinada a establecer la eficiencia de la aplicación aérea. La operación deberá restringirse exclusivamente a los polígonos autorizados y producir información que permita decidir si el Gobierno amplía posteriormente esta estrategia.
El anuncio del gobierno de Abelardo de la Espriella sobre el reinicio de la aspersión aérea con glufosinato de amonio en el Putumayo, es un atentado directo contra la salud pública y el ecosistema.
— Carolina Corcho (@carolinacorcho) September 10, 2026
El glufosinato de amonio es una neurotoxina con un enorme poder de daño…
El contraste internacional tampoco ayuda a tranquilizar a las comunidades. La Comisión Europea mantiene actualmente aprobado el glifosato como sustancia activa hasta diciembre de 2033 bajo determinadas condiciones. En documentación oficial europea de 2026, en cambio, se recuerda que el glufosinato de amonio está clasificado como tóxico para la reproducción en categoría 1B y no cumple los criterios ordinarios de aprobación establecidos por la regulación europea.
Y aparece otro problema incómodo para la apuesta del Ejecutivo. Javier Flórez, director del área de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz y exdirector del programa contra cultivos ilícitos, afirmó que el glufosinato “no es el herbicida más apto”. Explicó que actúa principalmente por contacto y no destruye desde la raíz la planta de coca, a diferencia del efecto sistémico atribuido al glifosato.
Según los antecedentes divulgados por medios nacionales, Colombia lleva varios gobiernos estudiando alternativas químicas para combatir la coca. Flórez recordó que durante la administración de Juan Manuel Santos fueron evaluados cerca de 13 herbicidas distintos y que los resultados no mostraron una sustitución sencilla del glifosato. Su advertencia golpea el corazón del experimento oficial porque plantea una combinación explosiva entre mayor preocupación toxicológica y menor efectividad práctica.
Ojo a esta noticia: arranca la fumigación de cultivos de coca pero no será con glifosato sino con glufosinato de amonio.
— Paola Herrera (@PaoHerreraC) September 9, 2026
Es un veneno igual o peor que el otro que, según Indepaz, produce intoxicación grave a quienes estén expuestos a esa sustancia.
También afecta seriamente a… https://t.co/ZqG8TjJ2Z1
El piloto autorizado tendrá un límite máximo de 1.000 hectáreas tratadas y una duración operacional de hasta siete días. El escenario escogido es especialmente sensible. Putumayo ha soportado durante décadas fumigaciones, cultivos ilícitos, desplazamientos, presencia de organizaciones armadas y profundas brechas sociales. La operación está prevista para iniciar el 15 de septiembre. La discusión, por lo tanto, no se desarrolla en un laboratorio aislado, sino encima de un territorio habitado por familias campesinas que podrían quedar expuestas a las consecuencias de cualquier error operativo.
La justificación gubernamental descansa en una realidad que tampoco puede minimizarse. Colombia registraba alrededor de 261.000 hectáreas sembradas con coca al cierre de 2024, según cifras incorporadas en la resolución a partir del monitoreo de Naciones Unidas. El narcotráfico exige respuestas, pero esa urgencia no elimina las obligaciones sanitarias.
De la Espriella ya había prometido desde su posesión una ofensiva radical contra los cultivos ilícitos. “La coca no se combate con estadísticas maquilladas”, aseguró el mandatario al defender el regreso de herramientas de erradicación. El problema aparece cuando la contundencia política se adelanta a la evidencia científica y un territorio termina convertido en campo de prueba para determinar después si el producto realmente era eficaz, seguro o ambientalmente sostenible.
Javier Flórez, ex director del programa contra cultivos ilícitos, ex director de políticas de drogas, ex viceministro de política criminal, dice en @CaracolRadio que el glufosinato de amonio es más "peligroso" para el ambiente y la salud que el glifosato y, además, menos efectivo…
— Espinosa (@EspinosaRadio) September 10, 2026
La Policía y las autoridades ambientales deberán evaluar los resultados, y la ANLA y el Instituto Nacional de Salud tendrán que presentar posteriormente información técnica sobre los impactos encontrados. Pero también revela la gran contradicción del experimento, pues primero se asperjará y luego se determinará con mayor certeza qué tan conveniente resulta hacerlo.
El debate, por tanto, no puede reducirse a escoger entre fumigar o permitir que crezcan los cultivos de coca. Expertos como Flórez han planteado combinar erradicación, sustitución voluntaria, transformación territorial y presencia estatal. La verdadera pregunta es por qué un Gobierno que promete soluciones de última generación decidió comenzar rociando un producto cuya peligrosidad genera más interrogantes y cuya eficacia contra la coca ya está siendo cuestionada públicamente.
Putumayo puede convertirse así en la primera prueba de una política antidrogas que Abelardo de la Espriella quiere mostrar como símbolo de autoridad, pero que podría terminar abriendo un enorme frente ambiental, sanitario y jurídico. Combatir las economías ilegales es responsabilidad del Estado. Hacerlo arrojando desde aviones un herbicida más severamente clasificado en peligrosidad aguda que el glifosato exige algo más que discursos de mano dura y resultados rápidos.
