¡Abelardo no puede hacer lo que le dé la gana! La justicia le pone freno y le ordena ocultar las imágenes en las que aparecía caminando entre cadáveres

Un juez de Bogotá ordenó ocultar temporalmente los videos oficiales en los que Abelardo de la Espriella aparece caminando entre cadáveres de personas abatidas en operaciones militares. La medida responde a una tutela que advierte posibles afectaciones a derechos fundamentales, especialmente de niños, niñas y adolescentes expuestos al contenido.

Las imágenes de Abelardo de la Espriella caminando entre filas de cadáveres dejaron de ser únicamente una controversia política y entraron de lleno en los tribunales. El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá ordenó ocultar temporalmente varias publicaciones de las cuentas oficiales de la Presidencia mientras estudia si ese contenido violento o explícito puede afectar derechos fundamentales.

La decisión surgió dentro de una acción de tutela que cuestionó que las redes institucionales fueran utilizadas para difundir escenas en las que el presidente aparece entre cuerpos de supuestos integrantes de organizaciones armadas muertos en operaciones militares. El juzgado consideró necesario adoptar una medida provisional antes de resolver definitivamente la controversia. La tutela busca salvaguardar la integridad personal de menores de edad frente a contenidos que podrían catalogarse como violentos o explícitos.

La orden alcanza publicaciones realizadas el 2 y el 4 de septiembre desde la cuenta oficial @infopresidencia en Instagram. El despacho dispuso su ocultamiento y aclaró expresamente que esto no significa una eliminación definitiva ni una sentencia contra De la Espriella. La Presidencia y el mandatario tendrán oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas antes de que se produzca una decisión judicial de fondo.

Una de las grabaciones corresponde a la Operación Azarías, desarrollada el 30 de agosto en Miraflores, Guaviare. Allí murieron 23 presuntos integrantes de las disidencias de las Farc. En el video difundido posteriormente, De la Espriella aparece recorriendo el lugar donde habían sido dispuestos los cuerpos cubiertos, una escena que rápidamente provocó cuestionamientos de dirigentes políticos, organizaciones y defensores de derechos humanos.

El segundo contenido cuestionado corresponde a la Operación Centinela de la Patria, realizada en Riohacha. Allí el presidente ofreció declaraciones junto a cuatro cadáveres cubiertos con lonas blancas. Entre los fallecidos estaba Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, identificado por las autoridades como integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Otra vez, los cuerpos terminaron incorporados a la puesta en escena institucional.

El argumento que llevó al juez a intervenir provisionalmente resulta especialmente relevante. La tutela busca salvaguardar la integridad personal de menores de edad frente a contenidos que podrían catalogarse como violentos o explícitos. Según la decisión divulgada, el despacho consideró que mantener esas imágenes disponibles podía ocasionar un eventual perjuicio mientras se estudia el asunto.

El debate tampoco ocurre en el vacío. Según los reportes citados en diferentes medios, durante las primeras semanas del Gobierno se habían ejecutado tres bombardeos en zonas de la Amazonía y fronterizas con Venezuela que dejaron al menos 42 muertos, incluidos seis menores de edad. Ese dato aumentó la sensibilidad alrededor de una estrategia comunicativa que ha utilizado los resultados letales de operaciones militares como demostración pública de autoridad.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, ya había cuestionado duramente ese lenguaje visual. “El Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel”, señaló. También advirtió que “la dignidad humana no desaparece con la muerte” y pidió que los cadáveres no terminen convertidos en parte de la escenografía utilizada para presentar resultados oficiales.

Marín puso el dedo precisamente sobre el elemento que ahora examinará la justicia. Una cosa es que el Estado combata organizaciones armadas dentro de los límites constitucionales y del derecho internacional humanitario, y otra distinta es cómo presenta públicamente esas operaciones. La controversia no gira únicamente alrededor de las bajas, sino de la utilización institucional de los cuerpos como símbolos de victoria y autoridad.

La decisión judicial también involucró a Meta Platforms, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esa vinculación muestra que el debate supera al presidente y alcanza asuntos relacionados con circulación digital, protección de menores, responsabilidad institucional y tratamiento de imágenes potencialmente perturbadoras en plataformas de acceso masivo.

El caso apenas comienza en términos jurídicos. El juez no ha declarado ilegal la conducta de Abelardo de la Espriella ni determinado definitivamente que los videos vulneraron derechos fundamentales. Lo que sí hizo fue imponer un límite inmediato y preventivo. Las imágenes deberán permanecer ocultas hasta que exista una decisión sobre el fondo de la tutela.

De la Espriella, que eligió caminar frente a cadáveres para comunicar el resultado de sus operaciones militares termina obligado por una orden judicial a sacar temporalmente esas imágenes de las redes institucionales. La pregunta que deberá resolver ahora la justicia es hasta dónde puede llegar un Gobierno cuando transforma la muerte en parte de su estrategia oficial de comunicación.

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