La imagen golpea cualquier discurso de autoridad. Veintiún policías fueron evacuados de Guamalito, corregimiento de El Carmen, Norte de Santander, y la población quedó sin presencia permanente de la Fuerza Pública. Después llegaron hombres señalados por la comunidad como integrantes del ELN, ingresaron al pueblo y terminaron de destruir lo que permanecía en pie de la subestación policial, según reportes conocidos durante las últimas horas.
Le puede interesar: ¡Abelardo convierte a Putumayo en laboratorio! Fumigará hasta 1.000 hectáreas con un químico que es más peligroso que el glifosato
Le puede interesar: ¡Abelardo no puede hacer lo que le dé la gana! La justicia le pone freno y le ordena ocultar las imágenes en las que aparecía caminando entre cadáveres
El retiro no ocurrió sin antecedentes. La subestación había soportado ataques los días 4 y 7 de septiembre mediante drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil. Uno de esos hostigamientos dejó tres policías heridos y los posteriores daños hicieron prácticamente inhabitable la instalación. El Departamento de Policía de Norte de Santander decidió entonces evacuar a los 21 uniformados durante la madrugada del 9 de septiembre dejando sin protección a la comunidad.
El alcalde de El Carmen, José Reinel Contreras advirtió inmediatamente que tampoco existía presencia permanente del Ejército y que el corregimiento quedaba expuesto precisamente en una región atravesada por estructuras armadas y corredores de economías ilegales.
Integrantes del ELN destruyeron por completo la subestación de Policía de Guamalito, en El Carmen, Norte de Santander. La zona quedó sin presencia policial tras la evacuación aérea de al menos 20 uniformados, luego de dos ataques con drones explosivos que destruyeron la… pic.twitter.com/XwNVDDPqku
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 11, 2026
La preocupación pasó rápidamente de la teoría a los hechos. Después de la salida policial, presuntos integrantes del ELN ingresaron al corregimiento, se movilizaron por el pueblo y se presentaron saqueos tanto en lo que quedaba de la estación como en establecimientos comerciales. Residentes aseguraron que el miedo llegó a tal nivel que algunos comenzaron a considerar abandonar Guamalito.
El alcalde Contreras no ha escondido su molestia. Aunque reconoció que después de los ataques no estaban garantizadas condiciones mínimas de seguridad, agua y energía para mantener allí a los policías, insistió en que la administración municipal no compartía que el corregimiento quedara abandonado. “No estamos de acuerdo en que la Policía se haya retirado”, afirmó al explicar la gravedad de la situación.
El tamaño del problema tampoco es menor. Guamalito tiene aproximadamente 3.000 habitantes, incluso más que la propia cabecera municipal de El Carmen, donde viven cerca de 2.500 personas. Además, constituye un corredor estratégico entre el Catatumbo y Cesar. Contreras ha advertido que esa ubicación lo convierte en un punto especialmente sensible para el movimiento de economías ilegales, precisamente cuando desapareció la presencia policial permanente.
#ORDENPÚBLICO En las últimas horas, integrantes del ELN dinamitaron hasta su destrucción total, la subestación de Policía de Guamalito, El Carmen, Norte de Santander.
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 11, 2026
El pasado lunes había sido atacada con explosivos lanzados desde drones por parte del ELN y la zona había… pic.twitter.com/8kQUBSML7y
Ahí aparece la contradicción política que golpea directamente al Gobierno. Abelardo de la Espriella llegó prometiendo recuperar el control territorial y enfrentar con contundencia a las organizaciones armadas, pero en Guamalito la secuencia terminó siendo exactamente la que una comunidad vulnerable temía. Ataques del ELN, evacuación policial, ausencia inmediata de reemplazo militar y, después, incursión de presuntos guerrilleros dentro del pueblo.
Contreras incluso pidió hablar directamente con De la Espriella para explicarle la dimensión de lo ocurrido. “Me gustaría hablar directamente con el presidente Abelardo de La Espriella”, dijo en medios. El reclamo resulta particularmente fuerte porque no proviene solamente de dirigentes opositores, sino de una autoridad local que lleva meses advirtiendo sobre el deterioro de seguridad y reclamando mayor respaldo institucional para la zona.
El mandatario municipal aseguró además que durante 2026 El Carmen ha sufrido alrededor de 20 afectaciones relacionadas con la violencia. La situación llegó a tal extremo que él mismo decidió sacar a su familia del municipio por temor a posibles ataques. También explicó que uno de sus escoltas policiales ya no puede ingresar normalmente al territorio, una fotografía dramática del nivel de vulnerabilidad institucional alcanzado.
La evacuación de los policías puede entenderse como una decisión destinada a evitar una tragedia contra uniformados instalados en una infraestructura destruida. Lo verdaderamente cuestionable es que una operación de ese calibre no apareciera acompañada inmediatamente de una presencia alternativa suficiente para impedir el vacío de autoridad. La propia comunidad terminó denunciando aquello que las autoridades debieron anticipar, que el ELN podía aprovechar ese espacio prácticamente de inmediato.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, ya había advertido sobre los ataques contra la subestación y defendido el derecho de las comunidades del Catatumbo a vivir con seguridad. Ahora el caso de Guamalito vuelve esa exigencia todavía más urgente. No basta con salvar a 21 policías de una posición insostenible si detrás quedan miles de civiles preguntándose quién impedirá que los armados entren nuevamente.
Guamalito terminó convertido en una prueba incómoda para la política de seguridad de la nueva administración. La Policía tuvo razones operativas para evacuar una instalación destruida, pero la responsabilidad estatal no desaparece cuando despega el helicóptero. Abelardo deberá explicar por qué una comunidad estratégica quedó sin Fuerza Pública permanente y cómo evitará que el ELN transforme ese vacío en control armado.
