Abelardo eligió como Ministra de Educación a una de las figuras que impulsó la narrativa de las falsas «cartillas sexuales»: Viviane Morales la religiosa antiderechos

La posible llegada de Viviane Morales al Ministerio de Educación desató una tormenta política inmediata. La exfiscal, exsenadora y exembajadora, recordada por impulsar el referendo contra la adopción igualitaria y por sus posiciones conservadoras en debates sobre diversidad, familia y educación sexual, sería la encargada de dirigir una de las carteras más sensibles del país en el gobierno de Abelardo de la Espriella.

El gabinete de Abelardo de la Espriella sigue generando alertas. La exfiscal general de la Nación y exsenadora Viviane Morales Hoyos sería la nueva ministra de Educación de la administración entrante. Una decisión que provocó una ola de críticas entre sectores políticos, organizaciones sociales, defensores del Estado laico y congresistas que advierten posibles retrocesos en derechos, libertad de cátedra y educación para la diversidad.

Morales ya cumple un papel clave en el proceso de empalme del sector Educación entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración entrante de De la Espriella. En diferentes medios se asegura que su nombramiento sería anunciado en los próximos días y se ha recordado que la exfiscal también fue embajadora de Colombia en Francia durante el gobierno de Iván Duque.

La  trayectoria de Viviane Morales está marcada por altos cargos en gobiernos tradicionales, debates ideológicos y fuertes controversias alrededor de los derechos de las mujeres, las familias diversas y la población LGBTIQ+. Fue representante a la Cámara, senadora de la República y fiscal general entre enero de 2011 y marzo de 2012, además de abogada de la Universidad del Rosario con estudios de posgrado en Francia. En redes se ha señalado que también es otra funcionaria más de los de “siempre”.

Pero la discusión no gira únicamente alrededor de su hoja de vida jurídica. La polémica estalla porque Morales fue una de las figuras más visibles del referendo que buscaba limitar la adopción por parte de parejas del mismo sexo. En 2017, incluso la Defensoría del Pueblo advirtió que esa iniciativa afectaba los derechos de los niños, un antecedente que hoy vuelve al debate porque el Ministerio de Educación no solo administra presupuesto y colegios, sino que también orienta políticas de formación ciudadana, convivencia escolar, inclusión y respeto por la diversidad.

La controversia también revive el fantasma de las llamadas “cartillas sexuales” o la supuesta “ideología de género”, una narrativa que en 2016 fue utilizada por sectores conservadores para atacar las orientaciones del Ministerio de Educación sobre manuales de convivencia tras el caso de Sergio Urrego. Diversos análisis de la época señalaron que ese debate estuvo atravesado por desinformación, temor moral y discursos contra el reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género en los colegios.

Por eso, el eventual nombramiento de Morales como ministra de Educación fue recibido con dureza por varias voces de oposición. En medios de comunicación y redes se ha citado a políticos y lideres sociales que han explicado que Colombia es un Estado laico y que cualquier intento de retroceder en derechos y libertades encontrará resistencia. En este sentido, se ha cuestionado la idoneidad sectorial de Morales y los riesgos que esta designación podría representar para muchos grupos poblacionales.

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La representante Jeniffer Pedraza también afirmó que Morales “no es investigadora, ni científica, ni conoce el sector Educación” y la calificó como una figura de la política tradicional. También advirtió que esta llegada podría significar una ofensiva contra el carácter laico de la educación, la libertad de cátedra, la autonomía escolar y los derechos reconocidos por la Corte Constitucional.

Otro de los cuestionamientos vino del representante electo Óscar Benavides, quien alertó sobre posibles retrocesos en educación sexual integral y respeto por la diversidad familiar. Su preocupación se suma a la de sectores que temen que una cartera encargada de garantizar inclusión, acceso y permanencia escolar termine convertida en un escenario de disputa religiosa e ideológica.

La periodista María Jimena Duzán también reaccionó al posible nombramiento recordando que en Colombia existe libertad de cultos, pero que el Estado es laico. Esa frase resume buena parte del temor que hoy circula en sectores académicos y políticos. El problema no es la fe personal de una ministra, sino la alta posibilidad de que convicciones religiosas particulares terminen influyendo en políticas públicas que deben proteger a todos los estudiantes, sin discriminación.

El nombramiento también contradice el discurso de renovación con el que Abelardo de la Espriella prometió gobernar con “los nunca”. Morales lleva décadas en la vida pública, ha pasado por el Congreso, la Fiscalía, la diplomacia y distintos escenarios de poder. Su eventual llegada refuerza la crítica de que el nuevo gabinete, lejos de representar una ruptura con la política tradicional, se parece más a una coalición de figuras conocidas del establecimiento.

En la cartera de Educación se definen políticas para millones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes universitarios, docentes y familias. También se toman decisiones sobre educación inicial, financiación de universidades públicas, calidad educativa, formación docente, convivencia escolar, ciencia, acceso territorial y garantías para poblaciones vulnerables. Por eso, la designación de una figura asociada a debates contra derechos de minorías genera un choque inmediato.

Abelardo de la Espriella avanza en la conformación de su gabinete y la posible llegada de Viviane Morales se convierte en otra más de las grandes controversias. Para sus defensores, sectores tradicionales y conservadores de derecha, se trata de una jurista experimentada, con trayectoria institucional y capacidad política. Para sus críticos, es una señal preocupante de que la educación podría quedar en manos de una agenda conservadora que afecta el Estado laico y amenaza conquistas sociales ya reconocidas por la Constitución y la Corte Constitucional.

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