Hombres armados intimidando comerciantes, buses incendiados, negocios cerrados, clases suspendidas y una ciudad turística golpeada por el miedo. Santa Marta quedó sometida durante horas a la presión criminal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Abelardo de la Espriella tuvo que responder militarizando las calles. En redes la reacción de la población por todo lo que está sucediendo fue “Abelardo no pudo con la seguridad”.
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La escena fue todavía más dramática sobre la Troncal del Caribe. Dos buses de servicio público fueron interceptados e incendiados cerca del barrio 11 de Noviembre. Los ocupantes fueron obligados a descender antes de que las llamas consumieran los vehículos. No hubo muertos ni heridos en ese ataque, pero la intimidación alcanzó transportadores, turistas y habitantes que dependen diariamente de uno de los principales corredores del Caribe colombiano.
La escalada comenzó después de una operación de la Fuerza Pública en Quebrada del Sol, corregimiento de Guachaca, que dejó siete presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada muertos. Entre ellos estaba José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, señalado por las autoridades como segundo jefe de la estructura. También murió un hijo de Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho.
Santa Marta hoy 23 de Septiembre de 2026, en dos de sus principales avenidas.
— Gabriel Escobar (@GabrielGEscobar) September 23, 2026
Me recordó a aquellas épocas que no queremos recordar cuando el COVID nos encerró. pic.twitter.com/3GF1BFktQA
El operativo produjo además un arsenal incautado que muestra la capacidad de fuego que enfrentan las autoridades. De acuerdo con el reporte difundido, fueron encontrados 10 fusiles, dos lanzagranadas, dos pistolas, ocho granadas y abundante material de guerra. Tres personas fueron capturadas. El Ejercito presentó el resultado como un golpe directo contra el mando, las finanzas y la estructura operacional del grupo.
La respuesta de las ACSN golpeó directamente a la población civil. El grupo anunció un paro armado de 48 horas con especial incidencia sobre Santa Marta, la Troncal del Caribe y la Zona Bananera. Durante la jornada se reportaron quemas de vehículos, balaceras y amenazas contra comerciantes para impedir que abrieran sus establecimientos. Las restricciones también afectaron desplazamientos hacia Riohacha y Maicao.
En redes sociales se describió una ciudad marcada por calles desiertas, comercios cerrados, clases suspendidas, comunidades indígenas confinadas y afectaciones al transporte intermunicipal y hacia La Guajira. Ese panorama explica la dimensión del problema más allá de cualquier balance de bajas criminales. Una organización ilegal demostró capacidad para alterar simultáneamente movilidad, educación, comercio y vida comunitaria en uno de los principales destinos turísticos colombianos.
Abelardo de la Espriella había elevado considerablemente el tono horas antes. Tras el operativo contra alias Cholo, afirmó que quienes no se sometieran terminarían “en una bolsa y muertos”. También puso en la mira a alias Pinocho. Sin embargo, el desafío posterior de las ACSN convirtió el episodio en una prueba concreta sobre la capacidad estatal para proteger a los ciudadanos después de golpear militarmente una estructura armada.
El Rodadero a esta hora. Totalmente cerrado y vacío. pic.twitter.com/A6f9D7p9wo
— Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) September 23, 2026
“He ordenado, como presidente de la República, que Santa Marta sea militarizada”, fue el posterior anunció De la Espriella, y aseguró que ningún grupo criminal impondría sus condiciones a los ciudadanos y prometió utilizar las capacidades legítimas del Estado. Sin embargo, las poblaciones fueron las que realmente se vieron afectadas, más allá de los discursos o las promesas.
El presidente posteriormente llegó a Santa Marta y recorrió el barrio Cristo Rey altamente protegido y acompañado por integrantes de la Fuerza Pública. Vestido con chaleco antibalas, aseguró que las autoridades estaban patrullando diferentes barrios. La imagen buscó transmitir control y presencia estatal, pero también reflejó la gravedad y vulnerabilidad de una crisis que obligó al jefe de Estado a trasladarse al territorio y desplegar militares para tratar de recuperar la normalidad.
El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, informó que la Policía permanecía desplegada en las calles y que el Ejército vigilaba la Troncal del Caribe. La Gobernación del Magdalena activó además un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta institucional. La prioridad inmediata quedó concentrada en recuperar movilidad, garantizar la apertura del comercio y evitar nuevos ataques contra ciudadanos y vehículos.
La preocupación trasciende las fronteras urbanas de Santa Marta. Las ACSN mantienen presencia en una región estratégica que conecta Magdalena y La Guajira y disputan territorios relacionados con economías ilegales. La organización obtiene recursos del narcotráfico y la extorsión y mantiene control sobre sectores de la Troncal del Caribe. La muerte de Cholo también abre interrogantes sobre una eventual recomposición interna de sus mandos.
El pueblo Fantasma. (hoy 10 am) pic.twitter.com/f9xESXwoOQ
— Guillerod (@guillerodph) September 23, 2026
El problema tampoco nació durante estos últimos días. Las Autodefensas Conquistadoras son herederas de estructuras paramilitares que han operado durante décadas alrededor de la Sierra Nevada. Su capacidad de presión territorial ya había quedado expuesta en abril, cuando advertencias de paro armado provocaron durante tres días cierres de negocios, limitaciones al transporte y suspensión de actividades educativas en sectores de La Guajira.
De la Espriella lleva apenas unas seis semanas en la Presidencia y ha convertido la ofensiva militar contra organizaciones criminales en uno de los símbolos de su Gobierno. Los resultados operacionales pueden medirse en capturas, armas incautadas y cabecillas muertos. Sin embargo, la crisis de Santa Marta expone una fuerte realidad y otra variable que deberá responder la promesa de seguridad, qué ocurre cuando los grupos golpeados reaccionan contra la población civil.
El desafío, por eso, no termina con soldados patrullando las calles ni con fotografías presidenciales usando chaleco antibalas. La verdadera prueba será cuánto tarda Santa Marta en recuperar plenamente su comercio, transporte, colegios y movilidad sin amenazas. Un Estado puede golpear militarmente a una organización criminal, pero el control territorial también se mide por algo mucho más elemental, que ningún ciudadano tenga que pedir permiso a hombres armados para trabajar.
Santa Marta dejó una advertencia difícil de esconder detrás de cualquier discurso triunfalista. Siete presuntos integrantes de las ACSN murieron en un operativo que el Gobierno reivindica como exitoso, pero después vinieron amenazas, incendios, cierres y miedo. La seguridad debe ser prioridad, pero también la vida y tranquilidad de los ciudadanos.
