Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos bajo presión: la JEP los empuja a confesar lo que el país exige saber sobre las ejecuciones extrajudiciales

La Jurisdicción Especial para la Paz lanzó un llamado que sacude al país: Uribe y Santos podrían tener que dar la cara por más de 7.800 ejecuciones extrajudiciales.

La sombra de los llamados “falsos positivos” vuelve a estremecer al país, pero esta vez con un giro que sacude directamente a las más altas esferas del poder. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó sobre la mesa una invitación que retumba como advertencia: los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos podrían comparecer y contar lo que saben sobre uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Colombia.

El presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, fue claro al abrir la puerta a una comparecencia que, aunque voluntaria, se perfila como un clamor nacional. “Mire, más allá de que sean llamados podrían venir voluntariamente, igual como hicieron con la Comisión de la Verdad. Entonces, será una decisión de ellos, pero voluntariamente podrían venir”, enfatizó, dejando una pregunta que seguramente se hacen muchos colombianos: ¿por qué no hacerlo si no hay nada que ocultar?

La presión no es menor. La cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales ya no se queda en los 6.402 casos que durante años estremecieron al país. Ahora, con una ampliación del periodo investigado entre 1990 y 2016, el número se dispara a 7.837, una realidad que golpea con más fuerza y que inevitablemente salpica a quienes estuvieron al mando durante los años más críticos.

Ramelli insistió en que escuchar a los exmandatarios sería clave para el país. “Ellos pueden venir voluntariamente, así como vinieron a la Comisión de la Verdad, y sería lo más indicado para el país que ellos voluntariamente vinieran y dieran su versión sobre los hechos”. Una frase que, más que una sugerencia, suena a exigencia moral frente a miles de víctimas que aún esperan respuestas.

Detrás de este aumento hay algo más que números: hay nuevos testimonios, más de mil informes entregados por víctimas y datos provenientes de la Procuraduría que ampliaron el panorama de horror. La verdad, lejos de cerrarse, sigue creciendo y comprometiendo estructuras enteras.

Por su parte, el magistrado Óscar Parra confirmó que la presión institucional también aumenta: “Hemos recibido más de 300 solicitudes de diferente índole, esas son parte de esas solicitudes, más otras solicitudes de alcance probatorio”. Entre ellas, peticiones directas para que Uribe y Santos rindan testimonio por la gravedad de los hechos.

El contexto agrava aún más la situación. Muchos de los casos ocurrieron durante el gobierno de Uribe, cuando Santos era ministro de Defensa, una coincidencia que hoy vuelve inevitable que ambos nombres aparezcan en el centro del debate.

Mientras tanto, la JEP avanza destapando otras heridas profundas del conflicto, como el reclutamiento sistemático de menores por parte de las Farc, pero es el capítulo de los falsos positivos el que vuelve a encender la indignación nacional.

La gran incógnita ahora no es si pueden ir, sino si se atreverán a hacerlo. Porque en un país que exige verdad, guardar silencio ya no parece una opción sin costo.

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