Mientras algunos titulares gritan que hay “avalancha de contratos” y hablaban de un supuesto festín burocrático, los datos oficiales terminaron desnudando desde Colombia Compra Eficiente. En pleno arranque de la Ley de Garantías, la oposición y varios medios tradicionales intentaron instalar la idea de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro habría desatado una contratación descontrolada para fines políticos, pero las cifras completas cuentan otra historia muy distinta.
Le puede interesar: Va a juicio expresidente de Nueva EPS por millonario fraude que habría puesto en riesgo la salud de millones de colombianos
Le puede interesar: Francia Márquez mueve ficha contra Petro y se la juega con Roy Barreras pese al llamado a no votar la consulta
De acuerdo con el balance oficial de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, durante enero de 2026 el monto total de la contratación pública en el país ascendió a cerca de $37 billones, una cifra que, lejos de concentrarse en el Gobierno nacional, tuvo como principales protagonistas a departamentos y municipios, responsables del 61 % de esos recursos. Es decir, por cada $100 contratados en el sector público, $61 correspondieron a entes territoriales y solo $39 a entidades del orden nacional, desmontando de entrada la tesis de que se trató de una operación centralizada desde la Casa de Nariño.
#ACTUALIDAD 🚨 Un informe de la Agencia Nacional de Contratación – @colombiacompra revela que departamentos y municipios concentraron la mayor contratación pública antes de la entrada en vigor de las restricciones de la Ley de Garantías.
— Radio Nacional CO (@RadNalCo) February 9, 2026
📈 En enero de 2026, el monto total… pic.twitter.com/DT7OKTWeWC
Pese a ello, el exconcejal Daniel Briceño, hoy figura recurrente del Centro Democrático, lanzó duras acusaciones asegurando que “la crisis no existe para la burocracia” y que el Gobierno habría incurrido en un “derroche en contratos de prestación de servicios para alimentar la campaña”. Frases explosivas que rápidamente fueron amplificadas por portales y noticieros, pero que omitieron un dato clave: la gran mayoría de los contratos firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías no dependen del Ejecutivo nacional, sino de alcaldías y gobernaciones que tienen autonomía presupuestal y administrativa.
El propio informe oficial precisa que en enero se suscribieron cerca de 544 mil contratos en todo el sector público, de los cuales más de 377 mil correspondieron a entes territoriales. Ciudades como Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena encabezaron el listado de mayor contratación, con cifras que superan ampliamente las de muchas entidades nacionales, un detalle que rara vez aparece en los titulares alarmistas.
🚨 ALCALDÍA DE CALI CONTRATÓ $505 MIL MILLONES ANTES DE LEY DE GARANTÍAS
— La Voz del Pueblo (@lavozdepueblo1) February 8, 2026
Previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, la Alcaldía de Cali realizó contrataciones directas por un valor aproximado de $505.000 millones, según un análisis elaborado con base en la… pic.twitter.com/mqN2ZLsiqx
Desde Colombia Compra Eficiente también salieron al paso de la confusión alrededor de la contratación directa, una modalidad que, según la ley, es perfectamente legal y necesaria en casos de urgencia, convenios interadministrativos o cuando existe un único proveedor. Entre el 1 y el 30 de enero, esta modalidad representó más de $28,5 billones, de los cuales el 57 % fue ejecutado por departamentos y municipios. Aun así, el señalamiento público apuntó casi exclusivamente al Gobierno central, alimentando una percepción de escándalo sin mostrar el panorama completo.
El director de la entidad, Cristóbal Padilla Tejeda, fue enfático al explicar que “los montos y cantidades de contratos que arroja este reporte se construyen con base en la información suministrada por las propias entidades contratantes”, recordando además que cada institución es responsable de cargar y soportar sus procesos en el SECOP. Padilla destacó que el alto volumen de contratos puso a prueba la plataforma y el equipo técnico, pero permitió garantizar el funcionamiento normal del Estado en vísperas de las restricciones electorales, lejos del caos que algunos quisieron vender.
Así, mientras Briceño y otros sectores de oposición hablan de “maquinaria” y “politiquería”, los datos oficiales revelan un escenario mucho más complejo y menos escandaloso: una contratación mayoritariamente territorial, amparada por la ley y registrada de forma transparente. El contraste deja en evidencia cómo el amarillismo, repetido sin contexto, termina convirtiéndose en un arma política que confunde a los colombianos y distorsiona deliberadamente la realidad.
