Va a juicio expresidente de Nueva EPS por millonario fraude que habría puesto en riesgo la salud de millones de colombianos

La Fiscalía llevó a juicio al expresidente de la Nueva EPS por un presunto entramado para falsear estados financieros, ocultar millones de facturas y engañar a las autoridades, mientras la salud de los colombianos se desangraba en silencio.

La justicia le cerró el cerco a José Fernando Cardona Uribe. El expresidente de la Nueva EPS irá a juicio oral señalado de haber encabezado, según la Fiscalía, un entramado ilegal que habría maquillado las cuentas de la entidad para ocultar una realidad financiera que ponía en riesgo la salud de millones de colombianos. Lo que hoy sale a la luz no es un simple error contable: es la acusación de una maniobra que, de comprobarse, habría debilitado deliberadamente el sistema de salud mientras se mostraba una falsa bonanza ante los organismos de control.

En audiencia realizada en Bogotá, la Fiscalía General presentó el escrito de acusación contra Cardona Uribe y otros tres exdirectivos de la EPS: Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente Administrativo y Financiero; Édgar Pedraza Castellanos, exgerente de Contabilidad; y Fabián Antonio Peralta Núñez, exgerente de Cuentas Médicas. Para el ente acusador, entre 2019 y 2022 este grupo habría manipulado los estados financieros con un objetivo claro: engañar a la junta directiva, evitar una intervención estatal y garantizar la renovación de la licencia de funcionamiento, aun cuando la entidad acumulaba pérdidas año tras año.

La Fiscalía fue contundente al detallar que en la investigación se identificaron “3’419.015 facturas que relacionaban deudas a diferentes Institutos Prestadores de Salud (IPS), las cuales fueron ocultadas y dejaron de procesarse”. Según explicó el ente acusador, con esa maniobra “los hoy procesados habrían presentado ante la junta directiva de la EPS una situación irreal en las cuentas de reserva técnica, costos, ingresos y patrimonio, y reportaron utilidades por 70.563 millones de pesos para cubrir las obligaciones pendientes”. En otras palabras, mientras hospitales y clínicas esperaban pagos, las cifras oficiales mostraban una empresa saludable que, en la práctica, no lo era.

Esa información, que la Fiscalía calificó como “adulterada”, también habría sido enviada a la Superintendencia Nacional de Salud con el propósito de evitar una intervención. De acuerdo con la acusación, se trató de una estrategia para ganar tiempo y sostener una fachada administrativa, aun cuando el deterioro financiero comprometía la atención de los afiliados. Para la Fiscalía, no se trató solo de falsear documentos, sino de jugar con los recursos de la salud y, por extensión, con la vida de los colombianos.

Por estos hechos, los exdirectivos deberán responder en juicio oral por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud. En el caso de Cardona Uribe, la acusación va más allá: también enfrenta un cargo por presunto peculado por apropiación, una de las imputaciones más graves cuando se trata de dineros públicos destinados a garantizar derechos fundamentales.

Las cifras del proceso han generado controversia pública. El presidente Gustavo Petro, tras una diligencia de la Contraloría que detectó fallas de facturación por más de 21 billones de pesos, habló de 14 millones de facturas irregulares y apuntó responsabilidades directas en la cúpula de la EPS. Desde la defensa de Cardona, el abogado Javier Tamayo cuestionó esas cifras y aseguró que “la Fiscalía nunca las mostró”, agregando que guardaron “silencio respetuoso porque nosotros debemos responderle es a un juez”.

El propio Cardona ha negado tajantemente haberse apropiado de recursos. “Ni un solo peso de la Nueva EPS se quedó en mis manos o en manos de un funcionario mío ni mucho menos de un tercero”, afirmó, y sostuvo que las supuestas utilidades cuestionadas “están en Nueva EPS para pagar deudas de años anteriores”. También dijo tener confianza en que “no habrá ninguna posibilidad de que pueda concluirse que yo tomé un solo peso”.

Sin embargo, más allá de las defensas, el juicio que se avecina pone en el centro una acusación demoledora: que quienes tenían la responsabilidad de proteger los recursos de la salud habrían optado por esconder deudas, falsear balances y sostener una mentira institucional que dejó a IPS asfixiadas y a millones de usuarios expuestos a un sistema debilitado. Para la Fiscalía, no fue solo una trampa contable, sino un golpe directo a la salud de los colombianos. Ahora será un juez quien determine si ese presunto saqueo financiero se convierte en una condena ejemplar o en uno de los escándalos más graves que haya enfrentado el sistema de salud en los últimos años.

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