El senador Wilson Arias encendió la alarma con una acusación de alto voltaje: aseguró que la organización Así Vamos en Salud, que dice defender la reforma al sistema de salud en Colombia, está ligada directamente a los grandes grupos de poder de las EPS, y que estarían bloqueando el cambio para preservar un negocio millonario.
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“Los que están detrás de la ponencia alternativa que se opone a la reforma a la salud son unas joyitas”, dijo Arias en un video difundido en sus redes sociales. “Hoy vamos a desenmascarar a la organización Así Vamos en Salud. Ellos dicen que se oponen a la reforma a la salud, pero que son técnicos e independientes. Al investigar los órganos rectores de esta organización, nos encontramos con que sus aliados, quienes están detrás de la organización, son la EPS Sura, los señores de Keralty, dueños de Sanitas, la EPS Compensar, y la multinacional Johnson & Johnson, entre otros”.
Según el congresista, “Sura y Compensar fueron las que cobraron 1,1 billones de pesos recientemente por procedimientos a personas fallecidas. Keralty es la que financió con millones de pesos al Centro Democrático en 2022. Y la multinacional Johnson & Johnson es una de las responsables de la epidemia de opioides en Estados Unidos, por la que fue condenada al pago de 5.000 millones de dólares”. Arias añadió además que “el director de esta organización supuestamente neutral y técnica es el señor Augusto Galán Sarmiento, ex miembro de la punta directiva de la EPS Sura, la que cobró por fallecidos, y representante de la firma que auditó a la EPS Café Salud, y nunca advirtió la corrupción en esa EPS hasta que estalló”.
El congresista se lanzó sin medias tintas: “Inescrupulosas EPS que cobraron falsos procedimientos de fallecidos y financiaron al Centro Democrático. Una multinacional perversa y un ex directivo de EPS son quienes están detrás de esta organización que se opone a la reforma a la salud. Neutrales, objetivos, es una organización de las entrañas de las EPS con casos de corrupción. Unas hollitas, los abanderados de la ponencia alternativa y opositores de la reforma a la salud. Ayúdenme a compartir esta verdad”.
El apoyo de Arias a la reforma, y su denuncia de quienes la frenan, no es gratuito. Él sostiene que los billonarios intereses tras el sector salud han bloqueado sistemáticamente una discusión seria para garantizar el acceso y la financiación justa. Sus señalamientos coinciden con informes de corrupción: por ejemplo, ya había denunciado que 23.410 personas fallecidas aparecieron en la Base de Datos Única de Afiliados para que se giraran 79.838 millones de pesos en pagos de servicios de salud.
Por su parte, Así Vamos en Salud respondió rápidamente, asegurando que su trabajo “se basa en información pública, oficial y validada”, que “nunca hemos participado en la redacción de ningún proyecto o ponencia de reforma de ley” y que “no representamos intereses individuales, ni políticos, ni de ningún actor o agente en particular”.
He radicado tutela en contra del Presidente de la Comisión VII del Senado de la República por la violación del derecho fundamental al debido proceso y seguir aplazando el debate de la Reforma a la Salud. pic.twitter.com/mZw08u4j1P
— Wilson Arias (@wilsonariasc) November 12, 2025
La denuncia de Arias golpea con fuerza porque plantea que la resistencia a la reforma no obedece a argumentos técnicos ni de fondo, sino al miedo de los gigantes del negocio de la salud a perder el control de una tajada enorme del presupuesto público. Y si tan siquiera una parte de lo que dice es cierto, los responsables tendrán que rendir explicaciones.
Con esta escalada, la comisión parlamentaria que revisa la reforma al sistema de salud queda bajo el foco público: ¿actúan al servicio de la población o al de los intereses privados?
Este episodio muestra por qué la reforma en salud se ha convertido en un ring donde se enfrentan, de un lado, políticos y operadores históricos del sistema que dicen “no queremos que cambien las reglas del juego”; y del otro, sectores que empujan por la transformación para que los recursos vuelvan al derecho de los ciudadanos.
