Colombia activó un refuerzo extraordinario en la seguridad del presidente Gustavo Petro ante amenazas del narcotráfico y una escalada de hostilidad política, incluida la advertencia intimidante del expresidente estadounidense Donald Trump, rechazada por el Gobierno como inaceptable.
Mientras las muertes en las vías siguen sacudiendo al país, nuevos datos revelan que el riesgo por cada motocicleta nueva cayó de forma histórica, en medio de un despliegue nacional de la Agencia de Seguridad Vial para frenar la tragedia en diciembre.
El presidente Gustavo Petro desató una tormenta política al denunciar que la mayoría de las becas para estudiar en el exterior han ido a los estratos más ricos, calificando el modelo de Colfuturo como excluyente y profundamente desigual.
Mientras el Gobierno Nacional inicia el pago histórico de $230.000 a más de tres millones de adultos mayores, en Ibagué crece la polémica por denuncias de que la alcaldesa uribista estaría atribuyéndose un beneficio que es resultado directo de la política social del presidente Gustavo Petro.
Tras protestas, bloqueos y presión judicial, los recicladores de Bogotá obligaron a la Alcaldía de Carlos Fernando Galán a ceder y modificar el Decreto 014 de 2023, una norma que denuncian como persecutoria y contraria a sus derechos laborales.
La doble militancia que lo sacó de la Alcaldía de Bucaramanga vuelve a poner contra las cuerdas a Jaime Andrés Beltrán, ahora como aspirante al Senado. Una demanda ante el CNE busca tumbar su candidatura y frenar su salto al Congreso.
Colombia vuelve a estremecerse ante un discurso que huele a guerra: el precandidato Santiago Botero no solo reivindica el legado paramilitar, sino que bautizó a sus seguidores como “Templarios”, un nombre que evoca violencia, fanatismo y terror criminal.
El presidente anunció que, por primera vez en la historia, Colombia tendrá un salario mínimo vital, una medida que promete garantizar vida digna a las familias trabajadoras y que será decretada directamente por su Gobierno.
La Fiscalía golpeó el corazón del escándalo de Centros Poblados y ordenó la extinción de dominio de bienes por más de $65.900 millones ligados a Emilio Tapia y a la exministra Karen Abudinen, señalados de enriquecerse con la plata destinada a llevar internet a escuelas rurales.
En plena carrera presidencial, Iván Cepeda denunció una campaña sucia para destruir su nombre y advirtió que detrás de los ataques habría sectores de la oposición y organismos de inteligencia del Estado decididos a golpear su legitimidad.
