Una Biblioteca Nacional cerrada, trabajadores que denuncian dos meses sin cobrar y policías antidisturbios frente a ciudadanos que leen poesía. Esa fue la imagen del 22 de octubre en Bogotá, cuando un centenar de personas protestó contra la administración de Julia Cristina Daza Noguera y las decisiones culturales de Abelardo de la Espriella.
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Con la consigna «Un país que lee se defiende», la protesta puso bajo cuestionamiento a la directora Julia Daza y a la ministra de las Culturas, Paola Holguín. Los manifestantes denunciaron la cancelación de más de 30 bibliotecas itinerantes, retrasos en pagos y suspensión de encuentros nacionales. La presencia de al menos 42 agentes antidisturbios aumentó la tensión, aunque la jornada transcurrió pacíficamente, sin enfrentamientos.
Todo un éxito el plantón de hoy en la Biblioteca Nacional. Hubo poesía, arengas y mandaron el Esmad a rodear la Biblioteca. Los libros son tan poderosos que @ABDELAESPRIELLA les tiene MIEDO. https://t.co/se0GbWf5nN
— Julián Triana (@trianavjuli) October 23, 2026
Desde las tres de la tarde, bibliotecarios, escritores, mediadores y estudiantes se concentraron frente a la histórica institución bajo la consigna «Un país que lee se defiende». Hubo poemas, arengas y exigencias de garantías para la lectura pública. La movilización terminó hacia las 5:50 de la tarde, después de una jornada que convirtió las dificultades del sector bibliotecario en protesta ciudadana.
Tatiana Barajas, mediadora de lectura del colectivo Medio Pan y un Libro, denunció que trabajadores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas acumulaban dos meses sin recibir pagos. También señaló la paralización del Plan de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas Arnoldo Palacio, en Chocó. Según explicó, más de once municipios habían reclamado su continuidad.
La lista de actividades afectadas incluye el X Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, el Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Samper Ortega y el Encuentro Nacional Relata. También existen preocupaciones por la financiación de bibliotecas rurales y comunitarias. La Biblioteca Nacional reconoció dificultades para garantizar los apoyos económicos destinados a la participación de bibliotecarios en el Congreso.
Las bibliotecas públicas no serán convertidas en un espacio para la propuesta de la guerra por parte los ignorantes, y de quienes temen los libros.Bibliotecarias, promotoras de lectura, lectoras, editoras y escritoras ante las puertas cerradas hoy de la @BibliotecaNalCo: https://t.co/l9znRhs3WW
— Juan David Correa (@jdcorreau) October 22, 2026
La suspensión del Congreso está relacionada con el Convenio de Asociación 0959 de 2026, suscrito con la Fundación Escuela Musical Integral. La dirección informó que adelanta una revisión administrativa, financiera y operativa antes de autorizar recursos. Para los manifestantes, sin embargo, las dificultades presupuestales no justifican que se interrumpan actividades fundamentales para las bibliotecas y sus comunidades.
La controversia alcanzó directamente a Julia Daza, posesionada el primero de octubre. Trabajadores de la biblioteca cuestionaron su experiencia en bibliotecología, patrimonio y políticas públicas de lectura. Desde una publicación de Al Punto se había informado que no acreditaba los 72 meses de experiencia relacionada exigidos, aunque el Ministerio presentó un cálculo de 73 meses y 14 días y defendió el cumplimiento de los requisitos.
Su llegada también despertó cuestionamientos por el acto de posesión. La ceremonia incluyó una canción de campaña de Abelardo de la Espriella y agradecimientos religiosos. Fuentes de la institución afirmaron además que se aplazó la apertura de una sala infantil y juvenil para revisar previamente sus contenidos, una decisión que alimentó preocupaciones sobre posibles restricciones editoriales.
Amor caiga a la Biblioteca Nacional. https://t.co/jb66zZ0ZKV
— Angélica Valbuena (@Angel_en_trance) October 22, 2026
En la movilización se advirtió que los retrasos salariales y la suspensión de actividades emblemáticas justificaban la movilización. También se expresó preocupación por una posible imposición de criterios políticos sobre las colecciones y los contenidos que las bibliotecas ponen a disposición de sus lectores.
El cierre de la Biblioteca Nacional añadió otro motivo de controversia. Mediante la Resolución 2090 del 21 de octubre, firmada por el secretario general del Ministerio, Julián Sterling, se suspendió preventivamente la atención presencial durante la jornada. Funcionarios y contratistas debían trabajar virtualmente. La medida fue presentada como preventiva, pero coincidió con una protesta convocada para defender el acceso público a la cultura.
La presencia policial también generó cuestionamientos. Agentes de la Unidad Nacional Antidisturbios se ubicaron alrededor del edificio y de la calle 24. Después de una mediación de funcionarios de la Alcaldía de Bogotá, parte del dispositivo fue reubicado para garantizar una ruta de evacuación. Las autoridades distritales confirmaron que no hubo bloqueos ni incidentes graves durante la concentración.
La movilización ocurrió pocos días después de las protestas frente al Museo Nacional, donde el retiro de obras relacionadas con movimientos feministas, población LGBTIQ+, víctimas de la Unión Patriótica y el Acuerdo de Paz provocó controversia. Ambos episodios alimentaron el debate sobre la intervención del Gobierno en las instituciones culturales.
Varias veces he viajado a Bogotá para investigar en la Biblioteca Nacional. Tiquetes, hotel, permiso académico… mucha logística para poder ir a buscar libros y periódicos antiguos. Pienso en los profesores de todo el país que hoy llegaron a una biblioteca de puertas cerradas. https://t.co/WfSyJpnqRQ
— Adriana Villegas Botero (@Adrivillegas) October 23, 2026
La ministra Paola Holguín ha atribuido parte de las restricciones presupuestales a supuestas obligaciones heredadas por 185.482 millones de pesos, incluidos 75.436 millones correspondientes a beneficiarios de convocatorias anteriores. Esa explicación forma parte de la discusión sobre los recursos disponibles, pero no elimina las preguntas sobre pagos pendientes, continuidad de programas y decisiones administrativas que afectan a trabajadores y comunidades.
El plantón dejó exigencias concretas para Julia Daza, Paola Holguín y el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Los manifestantes piden pagos oportunos, continuidad de las bibliotecas itinerantes, garantías para los programas de lectura y respeto por la pluralidad cultural. También reclaman explicaciones sobre las decisiones recientes. La respuesta institucional deberá medirse por compromisos verificables y resultados para las comunidades.
