La tensión política que dejó la elección presidencial añade otro capítulo luego de que el concejal de derecha en Medellín Andrés Felipe Rodríguez, conocido como «El Gury», desatara una fuerte controversia con declaraciones en las que pidió intervenir militarmente territorios donde Iván Cepeda obtuvo un amplio respaldo electoral. Sus palabras representan un discurso que estigmatiza comunidades enteras y normaliza la violencia como respuesta frente a los resultados de las urnas.
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La polémica comenzó cuando el cabildante cuestionó la votación registrada en varios municipios y barrios donde el candidato del Pacto Histórico obtuvo una importante ventaja. Según sostuvo, esos resultados podrían estar relacionados con presuntas presiones de grupos armados ilegales sobre la población. A partir de ese señalamiento, Rodríguez lanzó una propuesta que rápidamente provocó indignación. El concejal afirmó que esos territorios debían ser recuperados mediante operaciones de seguridad y llegó a hacer referencia a bombardeos como parte de las acciones que debería emprender el gobierno de Abelardo de la Espriella.
Las declaraciones fueron difundidas ampliamente en redes sociales y generaron una inmediata reacción de dirigentes políticos, organizaciones sociales y ciudadanos que consideraron inaceptable que un servidor público utilizara ese tipo de expresiones para referirse a poblaciones civiles. Lo que despertó mayor preocupación fue que las afirmaciones asocian el comportamiento electoral de miles de ciudadanos con una supuesta condición de enemigo interno, una idea que durante décadas ha sido ampliamente cuestionada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Ya sabemos en qué lugares hubo voto fusil. Le pedimos al Presidente electo @ABDELAESPRIELLA, al gobernador de Antioquia @AndresJRendonC y al Alcalde de Medellín @FicoGutierrez tomar acción, ya sabemos dónde hay que atacar primero a la guerrilla y los bandidos, empecemos por todos… pic.twitter.com/uTeEjUBFlE
— Andrés Gury Rodríguez (@AndresGuryRod) June 23, 2026
Entre los territorios mencionados por el concejal aparecen municipios como Campamento, en Antioquia, además de sectores del área metropolitana de Medellín donde Cepeda obtuvo una votación significativa durante la segunda vuelta presidencial. En redes la ciudadanía le ha recordado al concejal que en una democracia el voto constituye una expresión legítima de la voluntad ciudadana y que ninguna comunidad puede ser estigmatizada por respaldar una determinada opción política.
La controversia adquirió aún mayor dimensión porque Rodríguez ya había protagonizado otros episodios polémicos en el pasado. El concejal ha sido cuestionado por aparecer portando un bate de béisbol durante manifestaciones relacionadas con protestas pro Palestina y movilizaciones de comunidades indígenas, además de participar en acciones contra una valla de apoyo al presidente Gustavo Petro y un mural en memoria de los falsos positivos.
Por esos hechos, la Procuraduría adelanta actualmente una investigación disciplinaria para establecer si incurrió en conductas incompatibles con sus funciones como servidor público. Ahora, sus nuevas declaraciones vuelven a ponerlo bajo el foco público. Aunque posteriormente insistió en que buscaba llamar la atención sobre denuncias relacionadas con lo que la extrema derecha ha llamado de manera violenta como «voto fusil» y presuntas presiones de estructuras armadas ilegales en algunos territorios, las referencias a bombardeos y operaciones militares continuaron siendo el centro de la polémica.
El concejal Gury @AndresGuryRod acaba de golpear a los abogados que están recuperando los votos en Medellín.
— X Post 1A (@XPost1A) June 22, 2026
Presidente @petrogustavo este criminal comete el delito de obstrucción a función pública y se tiene que ir preso. pic.twitter.com/5mSyhsX7vX
Rodríguez también hizo un llamado a la Fiscalía, a la Fuerza Pública, a la Gobernación de Antioquia, a la Alcaldía de Medellín y al próximo Gobierno para investigar supuestas irregularidades electorales. Sin embargo, para numerosos sectores políticos, esas solicitudes quedaron completamente eclipsadas por el lenguaje violento y estigmatizante utilizado para referirse a los territorios que respaldaron al candidato progresista.
Las reacciones comenzaron a multiplicarse durante las siguientes horas. Organizaciones sociales advirtieron que este tipo de mensajes contribuyen a profundizar la polarización y se convierten en un factor de riesgo para líderes sociales, dirigentes políticos y habitantes de municipios históricamente afectados por el conflicto armado.
Desde sectores cercanos a Iván Cepeda también expresaron preocupación por el ambiente que empiezan a generar este tipo de discursos violentos por parte de representantes de la derecha. El dirigente político del Pacto Histórico denunció que miembros de su equipo han recibido amenazas y sostuvo que declaraciones como las del concejal contribuyen a crear un clima de intimidación contra quienes ejercieron libremente su derecho al voto.
El país está llegando a un consenso, en que Gury es un “idota” y que además, busca protagonismo para elecciones el otro año.
— Miguel Gutiérrez C.✊🏻 (@miguelgutierce) June 25, 2026
Su gestión en el concejo es nefasta, solo habla guevonadas día y noche. https://t.co/mFg3gGsWlO
«Este es el rostro de la persecución que nos espera en los próximos años», manifestó Cepeda al referirse a los mensajes conocidos en redes sociales. La discusión también abrió un debate sobre la responsabilidad que tienen los servidores públicos al momento de pronunciarse sobre asuntos relacionados con seguridad, uso de la fuerza y garantías democráticas. Especialistas en derecho constitucional recordaron que los funcionarios elegidos por voto popular tienen un deber reforzado de proteger la convivencia democrática y evitar expresiones que puedan interpretarse como una invitación a la violencia o a la estigmatización política.
Mientras tanto, las críticas continúan creciendo alrededor de unas declaraciones que muchos consideran incompatibles con el respeto al pluralismo político. Lo ocurrido demuestra hasta qué punto la polarización electoral y la violencia promovida por la derecha siguen marcando el debate nacional. Se ha señalado la responsabilidad institucional y los riesgos de convertir las diferencias políticas en argumentos para estigmatizar comunidades enteras como objetivos de intervención militar.
