La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra la alcaldía de Carlos Fernando Galán por un presunto detrimento patrimonial superior a los 2.603 millones de pesos luego de encontrar que 1315 niñas y niños fueron atendidos simultáneamente por la Secretaría Distrital de Integración Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, una situación que la ley prohíbe expresamente. Los recursos destinados a proteger a los niños más vulnerables de Bogotá terminaron en el centro de esta investigación que puede convertirse en uno de los escándalos administrativos más delicados de los últimos meses para la Alcaldía.
Le puede interesar: ¡Indignación en Bolívar! Celebración de seguidores de Abelardo De La Espriella a punta de disparos dejó a una joven de 16 años muerta
Le puede interesar: ¡Congresistas demócratas de EE.UU. no se quedaron callados! Exigen a Marco Rubio la liberación inmediata de Beto Coral y lo acusan de persecución política
La investigación del organismo de control apunta a una presunta duplicidad en el uso de recursos públicos destinados a la primera infancia. Lo más grave es que mientras miles de familias en Bogotá continúan esperando acceso a programas sociales, cientos de cupos habrían sido utilizados dos veces sobre los mismos beneficiarios. La alerta surgió tras una indagación preliminar adelantada por la Contraloría de Bogotá. Al cruzar las bases de datos de la Secretaría Distrital de Integración Social y del ICBF, los investigadores encontraron una coincidencia que les generó alerta. Los mismos menores aparecían registrados simultáneamente como beneficiarios activos en programas financiados por ambas entidades.
Contraloría de Bogotá abre proceso de responsabilidad fiscal por más de $2.603 millones por presunta duplicidad en atención a primera infancia.
— Contraloría de Bogotá D.C (@ContraloriaBta) June 22, 2026
Mira el siguiente enlace https://t.co/vAIDIUFPt2 pic.twitter.com/b1CCsRMEPY
Las cifras son alarmantes. Durante 2024 fueron identificados 339 casos de atención concurrente. Para 2025 la cifra se disparó hasta llegar a 976 casos. El resultado final fue un total de 1315 niñas y niños que recibieron atención financiada por dos entidades públicas al mismo tiempo. Según explicó la Contraloría, esta situación contraviene la normatividad vigente que impide que un mismo menor reciba atención financiada simultáneamente por diferentes entidades del Estado para programas con características similares.
Pero más allá de la discusión jurídica, el hallazgo abrió un debate sobre el manejo de recursos que estaban destinados a una de las poblaciones más sensibles de la ciudad. “Esta situación no solo compromete recursos públicos, sino que limita la posibilidad de ampliar la cobertura de los programas dirigidos a la primera infancia. Cada cupo utilizado de manera duplicada representa una oportunidad menos para muchos niños”, afirmó Diego Samudio Caballero, subdirector de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá.
La frase resume el núcleo de la controversia. Mientras algunos menores aparecían en dos programas financiados con dinero público, otros niños en condiciones de vulnerabilidad pudieron haber quedado por fuera de la atención estatal. El análisis técnico y financiero realizado por el organismo de control estableció que el presunto daño fiscal supera los 2603 millones de pesos. De ese monto, más de 1025 millones corresponderían a la vigencia 2024 y más de 1122 millones a 2025.
¿Qué tal esto?
— Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) June 22, 2026
La entidad que está bajo la dirección del más técnico de todos los técnicos de la administración de @CarlosFGalan hoy enfrenta un proceso de incidencia fiscal por presunta duplicidad de cupos en primera infancia.
La Contraloría advierte un presunto detrimento… https://t.co/eRD5rew6mp
La Contraloría fue aún más allá y señaló que la situación habría sido posible por graves fallas en los mecanismos de control y seguimiento de la Secretaría Distrital de Integración Social. Según el informe, la entidad no habría aplicado de manera efectiva herramientas fundamentales de verificación y validación que ya existían para evitar precisamente este tipo de situaciones. Entre ellas se encuentran la Resolución 218 de 2023, el portafolio institucional de servicios y diversos protocolos internos de seguimiento.
Para el organismo de control, estas omisiones permitieron que la irregularidad permaneciera durante dos años consecutivos sin ser detectada oportunamente. El proceso de responsabilidad fiscal vincula presuntamente a varios funcionarios que se desempeñaron como subdirectores para la Infancia dentro de la Secretaría Distrital de Integración Social, quienes tenían la obligación de garantizar el adecuado seguimiento y control de los programas.
La situación genera especial preocupación porque ocurre en una ciudad que constantemente enfrenta desafíos relacionados con cobertura social, pobreza infantil y acceso a programas de protección para la niñez. Desde la Secretaría Distrital de Integración Social rechazaron la interpretación de la Contraloría y defendieron la legalidad de su actuación. La entidad sostuvo que la concurrencia y complementariedad entre distintos programas no necesariamente implica una duplicidad irregular.
#Bogotá | La Contraloría inició un proceso de responsabilidad fiscal por más de $2.603 millones debido a presuntas irregularidades en la atención de menores de primera infancia, quienes al parecer habrían recibido atención simultánea por parte de distintas entidades. pic.twitter.com/2KGi8Cqr3H
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) June 23, 2026
Además, argumentó que durante 2024 atendió a más de 48.000 niñas y niños y que los 339 casos observados representarían apenas el 0,7 por ciento del total de beneficiarios. Para 2025, aseguró haber atendido más de 51900 menores y señaló que los 976 casos equivaldrían al 1,9 por ciento de la población atendida.
Sin embargo, las explicaciones no han logrado disipar las dudas generadas por la investigación fiscal. El problema ya no gira únicamente alrededor de porcentajes o interpretaciones administrativas. Lo que está en discusión es si millones de pesos financiados por los contribuyentes fueron utilizados de manera eficiente o si terminaron atrapados en fallas burocráticas que redujeron las posibilidades de atención para miles de niños que necesitaban esos recursos.
A medida que avanza el proceso de responsabilidad fiscal, la administración distrital enfrenta nuevos cuestionamientos sobre la capacidad de control de sus programas sociales. La Contraloría anunció que mantendrá vigilancia estricta sobre los recursos destinados a la primera infancia y buscará establecer si existen responsables que deban responder patrimonialmente por los más de 2603 millones de pesos que hoy están bajo investigación.
