La ofensiva política fue liderada por el representante demócrata James P. McGovern, quien junto a los congresistas Joaquín Castro, Adelita Grijalva, Nydia Velázquez, Lloyd Doggett, Delia Ramírez, Ilhan Omar, Hank Johnson y Rashida Tlaib firmó una carta oficial en la que solicita la liberación inmediata de Franklin Humberto Coral Garrido, conocido públicamente como Beto Coral.
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El documento, divulgado por el despacho de McGovern, cuestiona duramente las razones de la detención y plantea serias preocupaciones sobre el trato que habría recibido el activista colombiano desde que fue capturado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos el pasado 16 de junio. “Lideré junto a mis colegas esta carta para exigir la liberación de Beto Coral”, escribió McGovern en su cuenta oficial de X. El congresista fue más allá al asegurar que Coral “ha sido detenido por razones políticas” y advirtió que el gobierno estadounidense podría estar facilitando una forma de represión transnacional.
La carta adquiere especial relevancia porque se produce pocos días después de que The New York Times revelara la existencia de un memorando atribuido al secretario de Estado Marco Rubio. Según el diario estadounidense, dicho documento menciona expresamente la actividad política de Coral como una de las razones que motivaron la actuación de las autoridades migratorias. Los legisladores citaron apartes de esa información y expresaron profunda preocupación por el contenido del memorando. Según explicaron, el documento sostiene que Coral habría utilizado su permanencia en Estados Unidos para desarrollar actividades políticas en respaldo del gobierno del presidente Gustavo Petro.
I led colleagues in writing @SecRubio & @SecMullinDHS to demand the release of Beto Coral, who has been detained for political reasons. He has a legal right to reside in the US. The US government is abetting transnational repression by complying with Colombian politician’s…
— Rep. Jim McGovern (@RepMcGovern) June 23, 2026
Para los congresistas, si esa fue realmente una de las motivaciones de la captura, el caso trasciende completamente el ámbito migratorio y entra en el terreno de las libertades civiles. “Parece que el Gobierno estadounidense está dirigiéndose contra el señor Coral por sus declaraciones”, señalaron los firmantes. En su concepto, una actuación basada en opiniones políticas podría entrar en conflicto con la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, considerada uno de los pilares fundamentales de la democracia estadounidense.
La carta también dedica varios apartados a las denuncias sobre las condiciones de detención del activista colombiano. Según los congresistas, existen reportes que indican que Coral habría sido sometido a condiciones degradantes durante su permanencia bajo custodia federal. Los legisladores mencionan denuncias sobre presuntas agresiones físicas, largos periodos sin acceso adecuado a alimentos y agua potable y múltiples traslados entre centros de detención ubicados en Arizona, Texas y Misisipi.
Aunque las autoridades estadounidenses no han confirmado oficialmente estas acusaciones, los congresistas consideran que la gravedad de las denuncias amerita una investigación inmediata. “El trato o castigo cruel, inhumano o degradante de personas bajo custodia del Gobierno estadounidense constituye una violación de derechos humanos”, advirtieron los firmantes.
Más de 150 líderes y organizaciones de EE.UU. piden al congreso de ese país investigar el caso de Beto Coral https://t.co/QwcwaNcvp2 vía @lanuevaprensaco
— Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) June 23, 2026
Uno de los puntos más delicados del documento tiene que ver con la posible deportación de Coral. Los congresistas sostienen que el activista mantiene una solicitud de asilo pendiente y recuerdan que posee autorización legal para residir y trabajar en territorio estadounidense mientras su caso es estudiado por las autoridades competentes. En ese contexto, consideran especialmente preocupante que se contemple su expulsión del país antes de que concluya el proceso migratorio.
La carta incluso menciona informes oficiales sobre derechos humanos en Colombia para advertir que Coral podría enfrentar riesgos una vez regrese al país. Los legisladores señalaron que las preocupaciones no pueden ser ignoradas dada la naturaleza política de la actividad pública desarrollada por el activista durante los últimos años.
El documento también alude indirectamente al clima político que rodea el caso. Los congresistas recordaron que Coral ha sido una figura crítica de diversos sectores políticos colombianos y señalaron que la percepción de una captura motivada por razones ideológicas podría generar un grave precedente para la libertad de expresión. “Reiteramos en los términos más enfáticos que se permita al señor Coral permanecer en Estados Unidos con su familia mientras se tramita su solicitud de asilo”, escribieron.
Nunca olvidemos que nuestro compañero @Betocoralg sigue secuestrado por un régimen autoritario y es el primer preso político de esta extrema derecha.
— Alejo Vergel (@YoAlejoV) June 23, 2026
La frase más contundente llegó al cierre de la comunicación enviada a Marco Rubio. Allí los congresistas lanzaron una crítica que ha comenzado a generar repercusiones en círculos políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos. “Estados Unidos debe ser un defensor de los derechos humanos, no un abusador”, afirmaron.
