Corte Suprema ratifica condenas a tres alfiles de Uribe condenados por comprar votos y asegurar su reelección con prebendas

La Corte Suprema ratificó las condenas contra exfuncionarios de Álvaro Uribe por el escándalo de la ‘Yidispolítica’, que facilitó su reelección presidencial mediante sobornos a congresistas.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Gersón Chaverra Castro, ha confirmado la condena contra Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio Betancourt y Alberto Velásquez Echeverri, exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe, implicados en el escándalo de la ‘Yidispolítica’.

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Este caso, que estalló en 2004, está vinculado a los sobornos que habrían sido ofrecidos a congresistas para asegurar la aprobación de la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial inmediata de Uribe, en un proceso que ahora es señalado de haber sido posiblemente fraudulento.

En su fallo, la Corte reiteró los delitos de cohecho por dar y ofrecer que llevaron a la condena de estos exfuncionarios. El 15 de abril de 2015 ya habían sido condenados a penas significativas: Sabas Pretelt y Diego Palacio recibieron 80 meses de prisión y una multa de 167 salarios mínimos legales, mientras que Alberto Velásquez fue sentenciado a 60 meses de cárcel y una multa de 83,5 salarios mínimos. Todos fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante varios años.

El origen del escándalo está en los ofrecimientos ilegales hechos a los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño para influir en su voto en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde se discutía la reforma que permitiría la reelección de Álvaro Uribe en 2004. Inicialmente, estos dos congresistas mostraron dudas sobre su voto y llegaron incluso a firmar, junto con otros 16 legisladores, una propuesta de archivar el proyecto.

El 2 de junio de 2004, ante la posibilidad de que la reforma no pasara, el gobierno convocó a los congresistas afines a la reelección en el Palacio de Nariño. En ese encuentro, Iván Díaz Mateus fue encargado de contactar a Yidis Medina. Sabas Pretelt, entonces ministro del Interior, y Alberto Velásquez, director del DAPRE, realizaron varias ofertas a Medina, incluyendo puestos burocráticos como el control de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja y cargos en la Red de Solidaridad Social, a cambio de su apoyo a la reforma.

Medina, bajo presión y tras reunirse con el propio presidente Uribe, finalmente votó a favor de la reelección, facilitando que el proyecto continuara su curso. Sin embargo, años más tarde, en 2008, Medina reveló en una entrevista cómo había sido convencida para cambiar su voto, lo que llevó a reabrir la investigación en su contra, la cual había sido cerrada en 2005.

La Corte concluyó que los tres condenados actuaron de forma coordinada para asegurar los votos necesarios en el Congreso y garantizar la reelección de Uribe, lo que generó serias dudas sobre la legitimidad del proceso de reelección presidencial de 2004. Aunque Yidis Medina fue la denunciante, la investigación determinó que su relato era creíble y estaba respaldado por pruebas que mostraban cómo el gobierno había instrumentalizado a los congresistas para lograr sus objetivos políticos mediante la entrega de prebendas.

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