La tranquilidad del tradicional sendero peatonal de Monserrate se rompió cuando decenas de comerciantes encontraron sus establecimientos sellados y, con ellos, desapareció de un momento a otro el ingreso del que dependen cientos de personas. La situación, denunciada públicamente por el senador Wally, ha despertado preocupación por el impacto social que enfrenta una comunidad que asegura haber habitado y trabajado en este lugar durante más de un siglo.
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Según explicó el congresista, la medida preventiva impuesta por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) el pasado 29 de julio terminó afectando directamente a 70 familias, lo que representa a más de 300 personas que dependen de actividades económicas como la venta de artesanías, alimentos, bebidas hidratantes y otros productos para quienes diariamente ascienden al cerro de Monserrate.
En un video difundido en sus redes sociales, el senador expresó su inconformidad con lo ocurrido y cuestionó la forma en que se ejecutó la decisión. «Galán no trabaja y tampoco deja trabajar», afirmó el congresista al iniciar su denuncia pública, una frase que rápidamente circuló en redes sociales acompañada de imágenes del sendero y de testimonios de comerciantes afectados.
@CarlosFGalan no trabaja y tampoco deja trabajar.
— Wally. (@MeDicenWally) August 5, 2026
El pasado 29 de julio, la @CAR_Cundi impuso una medida preventiva que resultó en el sellamiento de los establecimientos de decenas de comerciantes en el sector del sendero de Monserrate.
Son 70 familias, pero más de 300 personas… pic.twitter.com/OxP1J4rscC
El congresista aseguró que los cierres se realizaron sin un proceso previo de concertación con la comunidad y sostuvo que muchas de estas familias dependen exclusivamente de esas ventas para cubrir sus necesidades básicas. Durante su recorrido por el sector conocido como Pueblo, en el sendero de Monserrate, Wally recordó que la presencia de estas familias no es reciente. Según explicó, la comunidad lleva más de 100 años viviendo y desarrollando actividades económicas en este lugar emblemático de Bogotá.
Además del componente económico, el senador destacó otro aspecto que considera fundamental. Señaló que los habitantes del sector cumplen un papel permanente en el cuidado del sendero. «Son los primeros en llegar y los últimos en salir. Incluso permanecen allí después de que se han ido turistas y deportistas», manifestó durante su intervención.
Uno de los puntos que más llamó la atención de la denuncia es la referencia al llamado Acuerdo Social de 2002, mediante el cual, según explicó Wally, la Administración Distrital reconoció oficialmente a esta comunidad y se comprometió a buscar soluciones concertadas para permitir su permanencia y el uso organizado del espacio público.
De acuerdo con la información presentada por el congresista, ese acuerdo contemplaba compromisos relacionados con capacitaciones del SENA, programas de empleo, procesos de guardabosques y ecoturismo, además de autorizaciones para el funcionamiento de puestos de venta.
Por ello, el congresista considera que la situación actual merece una revisión institucional amplia antes de adoptar decisiones que puedan afectar el sustento de tantas familias. Durante la grabación también se ven los testimonios de comerciantes que aseguran haber recibido el cierre de sus establecimientos sin previo aviso y expresan su preocupación por la incertidumbre económica que enfrentan.
Para Wally, el caso trasciende un simple procedimiento administrativo y toca derechos fundamentales protegidos por la Constitución. El congresista recordó que el Artículo 25 de la Constitución Política reconoce el trabajo como un derecho y una obligación social que merece especial protección del Estado, razón por la cual considera indispensable buscar alternativas que permitan armonizar la protección ambiental con la garantía del mínimo vital de quienes dependen de estas actividades.
Como respuesta a la situación, anunció que presentará de manera urgente un derecho de petición dirigido a la CAR para solicitar la instalación de una mesa de trabajo con participación de todas las entidades involucradas. La propuesta incluye convocar a representantes de la comunidad afectada, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el IDRD, el DADEP, las Secretarías Distritales de Ambiente, Hábitat e Integración Social, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y la propia CAR.
Según explicó, el propósito es revisar los antecedentes, estudiar los compromisos adquiridos durante años anteriores y construir acuerdos que permitan proteger tanto el ecosistema de Monserrate como los derechos de quienes históricamente han desarrollado allí su actividad económica.
En medio de su intervención, Wally dejó una pregunta que ha alimentado el debate público alrededor de este caso. «¿Cuál será el afán de sacar a la gente? ¿Será que la palabra privatización tiene algo que ver en todo esto?», expresó. Esa inquietud corresponde a un cuestionamiento planteado por el congresista y, hasta el momento, no existe información oficial que confirme esa hipótesis.
La incertidumbre continúa para decenas de comerciantes que permanecen sin poder abrir sus negocios y que esperan una pronta respuesta institucional. El caso vuelve a poner sobre la mesa un viejo desafío para Bogotá. Cómo proteger uno de sus principales patrimonios ambientales sin desconocer la historia, el arraigo y el sustento de las comunidades que durante generaciones han hecho parte de la vida cotidiana de Monserrate. La instalación de la mesa solicitada por Wally podría convertirse en el primer paso para buscar una salida dialogada a un conflicto que hoy mantiene en vilo a cientos de personas.
