En clases de yoga, pilates, anticipos de viajes, entre otros, la Nueva EPS desvió más de $40 mil millones de los recursos de la salud

La Contraloría denuncia el uso indebido de $5.4 billones en la Nueva EPS, incluyendo pagos sin soporte y desvíos para gastos no relacionados con la salud.

La Contraloría General de la República ha dado a conocer serias irregularidades en la gestión de recursos destinados a la salud. La investigación se centró en el uso y destino de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de Presupuestos Máximos girados a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) durante el año 2020.

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Uno de los hallazgos más significativos es el uso indebido de $5.4 billones de pesos de la UPC para pagar servicios de salud correspondientes a vigencias anteriores. Estos recursos, destinados exclusivamente para el financiamiento de tratamientos actuales, no deberían haberse empleado para deudas pasadas. Además, se descubrió que en 2020 se generó un excedente de $643 mil millones de pesos provenientes de los Presupuestos Máximos, fondos que se utilizan para cubrir servicios de salud no incluidos en el plan de beneficios. El destino de estos excedentes es incierto, con casos como el de Capital Salud y Convida que reportaron excedentes de $18 mil millones y $7 mil millones, respectivamente.

Otro problema crítico detectado fue el desvío de recursos destinados a servicios de salud para gastos no relacionados. La Nueva EPS utilizó $40 mil millones de pesos provenientes de créditos bancarios para cubrir gastos como honorarios de miembros de la junta directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, pautas radiales y otros gastos administrativos. Estos fondos, además, incluyeron pagos de intereses cubiertos con recursos de la UPC.

La Contraloría General, bajo la dirección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, ha declarado estos hechos de alto impacto nacional, lo que ha llevado a que sean remitidos a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción para su correspondiente investigación. La evaluación, realizada a través de un exhaustivo proceso de fiscalización, involucró la revisión de los estados financieros certificados y dictaminados por cada EPS, así como la aplicación de un modelo analítico de datos y el cruce de información con diversas fuentes.

La CGR recalca que los recursos destinados a la salud son de naturaleza pública y parafiscal, regidos por el principio de legalidad del gasto, por lo que su uso debe estar estrictamente alineado con el mandato legal. La Contraloría informa que ha trasladado los casos pertinentes a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de la colaboración armónica entre los órganos de control.

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