Óscar Iván Zuluaga: Otro respaldado por Uribe que es acusado formalmente por la Fiscalía en caso Odebrecht

La Fiscalía General acusó a Óscar Iván Zuluaga y a su hijo David por fraude procesal y otros delitos relacionados con el financiamiento ilícito de la campaña presidencial de 2014.

La Fiscalía General de la Nación presentó formalmente acusaciones contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado. También fue acusado su hijo, David Zuluaga, por el delito de fraude procesal.

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Óscar Iván Zuluaga, quien fue candidato a la presidencia por el partido Centro Democrático, y apoyado por el hoy también acusado por soborno, fraude procesal y soborno a testigos, Álvaro Uribe Vélez; está siendo investigado por presuntas irregularidades relacionadas con el ingreso de fondos de la multinacional Odebrecht a su campaña electoral en 2014.

Según un comunicado del Ministerio Público, los acusados estaban al tanto de que la financiación recibida era ilegal y no presentaron los reportes correspondientes a las autoridades electorales. Esta omisión habría inducido a error a los funcionarios públicos que autorizaron la reposición de votos por un valor de 25.291 millones de pesos, después de que Zuluaga quedó en segundo lugar en las elecciones que ganó Juan Manuel Santos.

La Fiscalía cuenta con pruebas que demuestran que Zuluaga ocultó aportes económicos hechos por Odebrecht. Se presume que el entonces candidato y algunos asesores de su campaña se reunieron en Brasil y Bogotá con representantes de Odebrecht para acordar el pago de 1.610.740 dólares por honorarios de un conocido publicista.

David Zuluaga, quien era el gerente de la campaña, también es acusado de fraude procesal por su responsabilidad en la presentación de informes financieros al Consejo Nacional Electoral (CNE) sin incluir los aportes de Odebrecht destinados a gastos de publicidad.

Estas acusaciones forman parte de un esfuerzo continuo por parte de la Fiscalía para investigar y sancionar la corrupción electoral y el financiamiento ilícito de campañas políticas en Colombia.

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