«¡Estamos ante un presidente ilegitimo!»: Con cifras y pruebas Petro habla de 120.000 formularios adulterados, un fraude de 7 millones de votos y asegura que Iván Cepeda fue el verdadero ganador

Gustavo Petro presentó el que calificó como el conjunto más sólido de evidencias sobre un presunto fraude electoral en la segunda vuelta presidencial. Con apoyo de miles de testigos digitales, insistió en que existen graves irregularidades que, según afirmó, cambiaron la voluntad popular y comprometen la democracia colombiana.

A pocos días de terminar la Presidencia, el mandatario Gustavo Petro apareció ante el país para reiterar que las pruebas recopiladas durante semanas permiten hablar de un fraude electoral sistemático, una acusación que, según dijo, no puede seguir siendo ignorada porque pondría en juego la legitimidad misma de la democracia colombiana. Las declaraciones fueron difundidas por medios nacionales y, especialmente, por medios internacionales que resaltaron en sus titulares el llamado del presidente sobre la gravedad de las evidencias. 

Lejos de limitarse a repetir denuncias anteriores, el presidente Petro aseguró que esta vez lo respaldan análisis técnicos, informes informáticos, pruebas estadísticas y el trabajo de una enorme red ciudadana de 70.000 testigos digitales, personas que, según explicó, revisaron cientos de miles de documentos electorales con herramientas tecnológicas que los testigos tradicionales no tenían.

Durante su intervención, el mandatario insistió en que el supuesto fraude no ocurrió en el preconteo, sino posteriormente, cuando los formularios E-14 fueron cargados al sistema informático. Según explicó, allí desapareció uno de los mecanismos de seguridad que, de acuerdo con su versión, impedía alterar digitalmente los documentos. «El código que aparece en los formularios no es un candado hash; el registrador mintió a la ciudadanía cuando dijo que estaba ahí. No es un candado hash», afirmó Petro durante la presentación.

Para el presidente, esa modificación permitió que los archivos pudieran ser alterados mediante software sin dejar rastro visible para quienes vigilaban el proceso desde las mesas de votación. «Los testigos presenciales no pudieron encontrar el fraude porque no estaban en la capacidad de hacerlo. Esos formularios E-14, al subirse, ya son otros o son modificables a través del software», sostuvo.

Petro afirmó que el trabajo desarrollado por especialistas en informática, programación, estadística y derecho permitió identificar alrededor de 120.000 documentos electorales presuntamente adulterados, además de detectar patrones estadísticos considerados anómalos en 1.350 puestos de votación, con un impacto que, según los análisis presentados por el mandatario, podría comprometer cerca de siete millones de votos.

El jefe de Estado aseguró que todas esas evidencias deben analizarse conjuntamente. «Lo que hubo fue un fraude electoral algorítmico, sistemático y sobre un volumen de votos enorme a favor de Abelardo de la Espriella, sin que mediara la decisión popular», expresó.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la explicación sobre el funcionamiento de los llamados testigos digitales, una figura que, según Petro, representa una nueva forma de ejercer vigilancia electoral utilizando herramientas tecnológicas. «Ahora se usa la informática, las máquinas y los software; esto ya no es un asunto solo para abogados, sino para expertos en informática», explicó.

Durante la rueda de prensa también cuestionó el papel de la Registraduría Nacional, encabezada por Hernán Penagos, y sostuvo que no se permitió una auditoría independiente al software electoral. «Nunca se pudo hacer una auditoría experta al software», insistió. Además, reiteró que la Registraduría habría incumplido decisiones judiciales anteriores relacionadas con la modernización y control estatal del sistema informático utilizado en las elecciones.

El mandatario también señaló a empresas extranjeras y capitales internacionales como presuntos actores detrás de la manipulación que denunció. Según su exposición, el problema trasciende el caso colombiano porque, de ser ciertas las irregularidades detectadas, cualquier proceso democrático del mundo podría ser vulnerable a sistemas informáticos manipulables. «Como mensaje al mundo, cualquier elección puede ser manipulada mediante este tipo de software», afirmó.

Petro también hizo referencia al trabajo realizado por Gustavo Bolívar, quien difundió un análisis técnico sobre los formularios E-14 y aseguró que la eliminación de metadatos y mecanismos de autenticación habría debilitado la trazabilidad del proceso electoral. En ese análisis también se mencionan casos como Puerto Santander, donde el número de votantes registrados superaría ampliamente la población residente, así como municipios donde el censo electoral alcanza porcentajes considerados estadísticamente inusuales. Estos elementos fueron presentados por los sectores que respaldan la denuncia como indicios que merecen investigación.

Uno de los momentos más fuertes llegó cuando el mandatario aseguró que, según las evidencias presentadas por su equipo y los colectivos ciudadanos, el verdadero ganador de la elección habría sido Iván Cepeda. «Estamos ante un presidente ilegítimo, porque el que ganó es Iván Cepeda», afirmó.

Las declaraciones provocaron un inmediato debate nacional e internacional. Mientras sectores afines al Gobierno consideran que las denuncias deben ser investigadas con profundidad y transparencia, otros actores políticos, la Registraduría y diferentes observadores electorales han defendido la validez del proceso electoral y sostienen que las acusaciones no han sido demostradas ante las instancias competentes.

Pese a la controversia, Petro insistió en que su obligación histórica es dejar constancia de lo que considera una amenaza contra la democracia colombiana. «¿Cómo un demócrata puede aceptar un fraude electoral?», preguntó durante su intervención, convencido de que las evidencias presentadas deberán ser examinadas por la historia, por la ciudadanía y por las instituciones encargadas de establecer si las denuncias tienen o no sustento jurídico y técnico.

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