La ceremonia con la que Abelardo de la Espriella pretende asumir la nueva administración de Colombia ya no depende únicamente de la logística ni del cronograma oficial. La justicia colombiana decidió intervenir. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una acción popular que cuestiona el traslado del Congreso a la capital del Valle del Cauca y abrió un proceso judicial que podría desembocar en una medida cautelar para suspender la realización del evento mientras se aclaran múltiples interrogantes sobre su legalidad, financiación, seguridad y soporte administrativo.
La decisión judicial llega cuando faltan tres días para la ceremonia prevista para el próximo 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. El Tribunal no suspendió automáticamente la posesión, pero sí dio un paso que cambia completamente el panorama. El magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, admitió la demanda presentada por el ciudadano David Fernando Cano Mazuera y ordenó a las entidades involucradas entregar, con carácter urgente, toda la documentación necesaria antes de decidir si procede la medida cautelar solicitada.
La acción popular sostiene que el traslado del Congreso para realizar la posesión presidencial podría afectar derechos e intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la publicidad de la función pública, la legalidad del gasto, la seguridad, la salubridad pública y la prevención de riesgos previsibles.
#ElCalentao I El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular que busca frenar la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali.
— Señal Colombia (@SenalColombia) August 4, 2026
La acción popular fue interpuesta por un ciudadano, quien sostiene que el cambio de sede de la posesión podría afectar derechos e… pic.twitter.com/27uL0b726v
En el documento radicado ante el Tribunal se afirma que las autoridades «amenazan dichos derechos colectivos al ejecutar o permitir la ejecución del traslado de sede del Congreso para la posesión presidencial en Cali sin que exista información pública, completa, verificable y certificada sobre el acuerdo formal entre cámaras, costos, seguridad, logística, gestión del riesgo y soporte presupuestal».
Precisamente por esa razón, el Tribunal ordenó requerir al Senado de la República, a la Cámara de Representantes y a las demás entidades involucradas para que entreguen información detallada sobre la organización del evento.
Entre los documentos solicitados aparecen las proposiciones mediante las cuales se aprobó el traslado de la sede del Congreso, las actas de las sesiones, las certificaciones de quórum, las votaciones nominales, los conceptos jurídicos que sustentan la decisión y toda la documentación relacionada con los estudios de seguridad, movilidad, evacuación, logística, gestión del riesgo y financiación.
La revisión también alcanza los aspectos presupuestales. El demandante pidió conocer con precisión cuáles son las fuentes de financiación del evento, los certificados de disponibilidad presupuestal, los contratos suscritos y cualquier modificación realizada para hacer posible el traslado de la ceremonia desde Bogotá hacia Cali.
🚨 ¡BLINDAN EL MONUMENTO A LA RESISTENCIA EN PLENA POLÉMICA!
— NotiCali (@NotiCaliOficial) August 3, 2026
Mientras crece la incertidumbre sobre el futuro del Monumento a la Resistencia, en Puerto Rellena, ciudadanos comenzaron a levantar un muro alrededor de la estructura para evitar que sea afectada o retirada.
🔥 Según… pic.twitter.com/faz25LMJ7D
El debate sobre los recursos ha venido creciendo durante los últimos días. Aunque Abelardo de la Espriella aseguró públicamente que la ceremonia costará «menos de la mitad» de lo que costó la posesión presidencial de hace cuatro años, la información disponible en el Sistema Electrónico de Contratación Pública muestra contratos firmados por la administración saliente por aproximadamente 5.950 millones de pesos para la organización y transmisión del acto.
A esa cifra podrían sumarse otros gastos asociados al desplazamiento del Congreso hacia Cali. El propio Legislativo confirmó que los tiquetes aéreos de los congresistas serán cubiertos con recursos públicos. Diversos cálculos estiman que ese rubro podría oscilar entre 300 y 600 millones de pesos, dependiendo del número definitivo de asistentes.
Mientras tanto, De la Espriella ha defendido la decisión argumentando que la ceremonia generará un impacto económico cercano a 10.000 millones de pesos para la ciudad de Cali gracias a la llegada de aproximadamente 6.000 visitantes, entre delegaciones oficiales, empresarios, medios de comunicación nacionales e internacionales y representantes diplomáticos.
Convoco a toda Colombia a que vengan el 7 de agosto a Cali y nos acompañen en el momento de la Resistencia
— Alfredo Mondragón – Congresista Valle del Cauca (@AlfreMondragon) August 3, 2026
Si el ilegítimo presidente Abelardo va a venir a Cali a posesionarse, entonces que el legítimo pueblo venga a Cali; ni Abelardo ni Dilian podrán detenerlo
Cali abre las… pic.twitter.com/Rl9XOCxjT9
Sin embargo, el Tribunal deberá evaluar si el traslado cumple con todos los requisitos jurídicos y administrativos exigidos por la ley. Uno de los aspectos que más llama la atención es que la demanda no pretende impedir la posesión presidencial como acto constitucional. El propio accionante aclara que el objetivo consiste en verificar que el cambio excepcional de sede esté plenamente soportado desde el punto de vista jurídico, financiero, logístico y de seguridad antes de ejecutarse.
Por esa razón solicitó que, si el Tribunal no considera procedente suspender completamente el traslado, al menos condicione la realización del evento a la publicación íntegra de todos los documentos que respaldan la decisión. La controversia también ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate acerca del uso de recursos públicos para este tipo de ceremonias, especialmente cuando el país atraviesa múltiples desafíos fiscales y presupuestales.
Ahora la atención se concentra en la respuesta que deberán entregar las entidades requeridas y en la decisión que adopte el Tribunal Administrativo de Cundinamarca durante las próximas horas. Si el alto tribunal encuentra que existen elementos suficientes para proteger los derechos colectivos invocados en la demanda, podría ordenar medidas cautelares que modifiquen o incluso suspendan el traslado del Congreso hacia Cali mientras continúa el estudio de fondo del proceso.
Por ahora, la improvisada posesión presidencial continúa programada para el próximo 7 de agosto, pero el proceso judicial abrió un nuevo frente de incertidumbre política y jurídica alrededor de uno de los actos institucionales más importantes del calendario democrático colombiano.
