Una serie de publicaciones sobre el manejo de recursos públicos se convierte en un enfrentamiento político contra la liberad de informar y despierta preocupación entre ciudadanos, organizaciones sociales y defensores de la libertad de expresión. La periodista y creadora de contenido Luisa Fernanda Bohórquez denunció públicamente que ha sido mencionada de manera reiterada en sesiones del Concejo de Ibagué y aseguró que está siendo objeto de perfilamientos e intimidaciones luego de divulgar investigaciones relacionadas con la ejecución de recursos del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) y otras actuaciones de la administración municipal.
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La comunicadora, que reúne más de 250.000 seguidores en sus diferentes plataformas digitales, sostiene que el verdadero debate no debería centrarse en su nombre, sino en las preguntas que ha planteado sobre la administración de los recursos públicos. «El verdadero debate no es quién denuncia, sino qué están denunciando», afirmó Bohórquez en uno de los videos difundidos en sus redes sociales. «No sé si me están perfilando, no sé de qué manera me van a querer callar, pero aquí continuamos ejerciendo control político», expresó.
Según la periodista, durante varias sesiones del Concejo algunos integrantes de la bancada del Centro Democrático hicieron referencias directas a su trabajo, cuestionaron sus publicaciones e incluso anunciaron posibles acciones judiciales en su contra. Para ella, el problema no radica en acudir a los mecanismos legales, sino en el ambiente de intimidación que, asegura, se ha venido construyendo alrededor de su labor de veeduría ciudadana. En otro de sus pronunciamientos fue aún más contundente. «Quien está en riesgo aquí soy yo», señaló, al responsabilizar públicamente a quienes, según afirma, han contribuido a convertirla en blanco de ataques políticos.
La controversia estalló después de que Bohórquez difundiera información relacionada con el avance del SETP de Ibagué. Entre los temas que ha citado aparecen las denuncias formuladas por el concejal Andrés Zambrano sobre un posible detrimento patrimonial superior a 100 millones de pesos por la contratación del modelo financiero del sistema.
Durante un debate de control político, Zambrano afirmó que en 2025 se destinaron más de 100 millones de pesos en tres contratos para elaborar dicho modelo financiero y que, posteriormente, fue necesario contratar una nueva consultoría cercana a 300 millones de pesos, hechos que motivaron denuncias ante la Contraloría y la Procuraduría.
El mismo debate reveló que el proyecto registra una ejecución acumulada del 36,64 %, cuando el cronograma del Conpes proyectaba un avance del 51,1 % para 2026, así como una ejecución presupuestal cercana al 10 %, cifras que también han sido objeto de discusión pública.
Bohórquez ha insistido en que sus publicaciones se sustentan en documentos oficiales, datos públicos y hechos verificables. «Hasta hoy, cada una de mis publicaciones está sustentada en hechos verificables, documentos y datos reales. Si consideran que alguno de estos hechos es incorrecto, tienen la oportunidad de desvirtuarlo con pruebas», afirmó.
La periodista también recordó que el control ciudadano tiene respaldo constitucional. En varios de sus mensajes citó los artículos 20, 40, 74 y 270 de la Constitución Política, además de la Ley 850 de 2003 sobre veedurías ciudadanas y la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y acceso a la información pública. «No soy un medio que repite discursos al mejor postor. Soy una ciudadana con criterio, con independencia y con la convicción de que la democracia se fortalece cuando la ciudadanía vigila a quienes ejercen el poder», manifestó.
Las reacciones no tardaron en aparecer. Medios nacionales y regionales informaron que distintas organizaciones civiles del Tolima expresaron respaldo a la labor de Bohórquez y defendieron el derecho de la ciudadanía a ejercer vigilancia sobre la gestión pública. Se ha señalado que la creadora responsabilizó públicamente a los concejales Silvia Ortiz, Deiby Buitrago y Giovanny Martínez de cualquier afectación contra su integridad, mientras los corporados rechazaron sus publicaciones y pidieron que las autoridades investiguen las denuncias y las supuestas amenazas.
La discusión, sin embargo, trasciende el caso particular de la periodista. Diversos sectores consideran que el episodio reabre un debate de fondo sobre los límites entre la crítica política, el control ciudadano y la protección de quienes ejercen labores de vigilancia sobre la administración pública. Mientras el enfrentamiento continúa escalando en el escenario político local, Bohórquez insiste en que no piensa abandonar su trabajo.
«El control social no es un delito, es un derecho constitucional», concluyó, dejando claro que continuará revisando el manejo de los recursos públicos y exigiendo respuestas sobre las decisiones que afectan a los ciudadanos de Ibagué.
