La discusión y cuestionamientos ya no giran solo alrededor de la arquitectura, la ubicación o el simbolismo de la futura sede de Abelardo de la Espriella en Barranquilla. El verdadero debate estalló cuando comenzaron a enfrentarse públicamente dos versiones completamente distintas sobre el origen del dinero utilizado para adecuar el edificio. Mientras De la Espriella aseguró que «no le cuesta un solo peso a los colombianos», el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, afirmó en entrevistas públicas que la Gobernación ha destinado cerca de 2.000 millones de pesos para recuperar y adecuar la infraestructura.
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La contradicción despertó inmediatamente preguntas sobre la transparencia del proyecto y sobre la necesidad de que la ciudadanía conozca con precisión quién está pagando realmente las obras de una sede que, según el propio De la Espriella, será uno de los símbolos de su administración. Durante una alocución, insistió en que alrededor de la sede presidencial se ha construido una narrativa falsa. «No se está construyendo un nuevo palacio», afirmó, rechazando las comparaciones que algunos sectores han hecho con la Casa Blanca estadounidense.
El presidente electo sostuvo además que las adecuaciones «no se están financiando con recursos públicos, con recursos del erario, con la plata de los colombianos». Incluso fue más allá al afirmar que el proyecto «no le está costando un solo peso al pueblo colombiano», asegurando que las obras se desarrollan gracias a aportes privados, donaciones de empresarios y recursos personales. Para reforzar esa versión anunció que publicará las facturas correspondientes al mobiliario, cuyo valor estimó en cerca de 700 millones de pesos, indicando que ese dinero será aportado directamente por él como una donación al Estado.
Barranquilla se prepara para convertirse en la nueva sede de la Presidencia de Colombia. pic.twitter.com/t8a3ZYIDB9
— Deimer Espinoza (@deimerespinoza_) July 29, 2026
Sin embargo, mientras el mandatario electo defendía esa explicación, desde el propio Atlántico apareció una versión muy diferente. En entrevista con Blu Radio, recogida posteriormente por La FM, El Colombiano y otros medios nacionales, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa confirmó que la Gobernación también participa económicamente en el proyecto. «Yo creo que llegaremos a los 2.000 millones de pesos», manifestó Verano al referirse a la inversión departamental destinada a recuperar la edificación construida originalmente en 2010.
El gobernador explicó que esos recursos públicos se utilizan para realizar trabajos de pintura, adecuaciones generales, recuperación estructural y acondicionamiento del edificio ubicado dentro del Batallón Paraíso de la Segunda Brigada del Ejército en Barranquilla.
Es decir, mientras De la Espriella afirma que el proyecto no utiliza dinero público, el mandatario departamental reconoce abiertamente una inversión cercana a los dos mil millones provenientes del presupuesto de la Gobernación. Verano también señaló que, además de esos recursos oficiales, empresarios barranquilleros han realizado importantes donaciones.
Abelardo dijo anoche que la adecuación de su sede presidencial alterna en Barranquilla "no se está financiando con recursos públicos".
— ♦️ JΛNDR3S (@JANDR3S__) August 3, 2026
Pero el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, reveló que la Gobernación ha destinado 2 mil millones de pesos para esos trabajos. pic.twitter.com/DGRT5FHT2k
Entre ellas destacó el aporte de Tecnoglass, empresa de los hermanos Daes, que donó la ventanería, las puertas y los vidrios de seguridad del inmueble. Otros empresarios también entregaron equipos de aire acondicionado y distintos elementos para acelerar las adecuaciones antes del próximo 7 de agosto. De acuerdo con el gobernador, la participación del sector privado permitió ejecutar las obras en tiempo récord. «Hemos tenido hasta 300 personas trabajando», afirmó al explicar el ritmo de las adecuaciones para cumplir con la fecha prevista para la posesión presidencial.
Precisamente ese reconocimiento de recursos mixtos es el que hoy alimenta la controversia. Si la Gobernación admite públicamente una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos, numerosos observadores se preguntan cómo puede sostenerse simultáneamente que la obra «no le cuesta un solo peso a los colombianos». La discusión también pone sobre la mesa otra pregunta que todavía no tiene respuesta pública.
De la Espriella anunció que hará públicas las facturas relacionadas con el mobiliario financiado con recursos propios. Sin embargo, hasta ahora no ha anunciado la publicación de documentos que permitan establecer con exactitud el costo total de las adecuaciones, el valor de las donaciones privadas, los aportes institucionales y la distribución completa de los recursos destinados al proyecto. Mientras tanto, el propio Eduardo Verano ha defendido políticamente la iniciativa.
Creen que los colombianos son tontos. Abelardo de la Espriella mintió públicamente. El propio gobernador del Atlántico, Verano de la Rosa, ya había reconocido que sí se estaban destinando recursos públicos del departamento para la adecuación de la llamada “Casa Blanca”.
— Daniel Monroy (@DanielMonroyH) August 3, 2026
¿Quién,… https://t.co/fJanZWzN1g pic.twitter.com/5ThWW0EXf5
No obstante, El gobernador también hizo una advertencia que ha pasado relativamente desapercibida. Según Verano, la verdadera descentralización no dependerá únicamente del lugar desde donde despache el mandatario, sino de que las regiones administren una mayor proporción de los recursos públicos, recordando que actualmente cerca del 85 % del presupuesto estatal continúa concentrándose en Bogotá. Así, más allá del debate político sobre la descentralización, la discusión inmediata continúa siendo la financiación.
Las declaraciones del gobernador del Atlántico y las de De la Espriella no presentan exactamente la misma explicación sobre el origen de los recursos utilizados para adecuar la futura sede presidencial. Esa diferencia ha abierto interrogantes que probablemente seguirán creciendo mientras no se conozca un informe detallado que permita establecer con absoluta claridad cuánto dinero público, cuánto dinero privado y cuánto dinero personal terminó financiando el improvisado proyecto.
